Sindicatos del Cuerpo Nacional de Policía, asociaciones de la Guardia Civil y colectivos de víctimas del terrorismo han acordado este sábado convocar manifestaciones y agotar todas las acciones legales para impedir que se archive el recurso del Gobierno ante el Constitucional contra la Ley vasca de víctimas policiales.
Representantes de estos colectivos formaron un grupo de trabajo después de que los gobiernos central y vasco llegaran a un acuerdo el pasado 23 de julio mediante el cual el Ejecutivo de Pedro Sánchez se comprometió a retirar el recurso de inconstitucionalidad que el anterior Gobierno del PP interpuso contra varios artículos de la citada ley aprobada en 2016 por el Parlamento de Vitoria.
La norma se denomina exactamente Ley de Reconocimiento y Reparación de Víctimas de Vulneraciones de Derechos Humanos en el contexto de la violencia política en la Comunidad Autónoma Vasca entre 1978 y 1999.
El Gobierno de Mariano Rajoy recurrió ante el TC varios artículos porque, entre otros razonamientos, argumentaba que la comisión de valoración que crea la ley, encargada de definir qué personas pueden considerarse víctimas de abusos policiales, no puede entrar a valorar casos de este tipo porque es una labor que compete a los jueces.
El Consejo de Ministros del 3 de agosto aprobó la retirada del recurso, una decisión a la que se oponen sindicatos policiales, asociaciones de guardias civiles y de víctimas del terrorismo, que crearon un grupo de trabajo para emprender acciones legales que eviten su archivo.
Primera reunión
Este sábado se ha celebrado en Vitoria la primera reunión de este grupo en la que han participado representanes de los sindicatos policiales SUP, CEP, UFP y SPP, de las asociaciones de guardias civiles AUGC, UniónGC, AEGC, UO, Aprogc, ASES, APC, y de víctimas agrupadas en torno Covite, Acfse y Aserfavite.
Según han informado al término del encuentro, el grupo ha decidido iniciar durante las próximas semanas manifestaciones y concentraciones para visualizar su trabajo en defensa de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y también trasladará a Europa las "irregularidades" que a su juicio tiene la ley.
"Querella administrativa"
Asimismo, han acordado agotar todas las acciones legales procedentes, incluida una querella "por prevaricación administrativa" si sus servicios jurídicos lo estiman viable.
El SUP ya presentó un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco contra la comisión creada en la ley para valorar a las posibles víctimas de abusos policiales y hoy el resto de los integrantes de este grupo han acordado adherirse al mismo.
También el SUP remitió un escrito al Defensor del Pueblo, al que luego se sumó la Unión GC, en el que instaba a esta institución a que se personase en el procedimiento de inconstitucionalidad para impedir que se archive el recurso.
El SUP argumenta que el acuerdo entre ambos gobiernos carece de validez jurídica porque el recurso fue avalado en su día por el Consejo de Estado y la Abogacía del Estado y denuncia que la comisión de valoración contemplada en la ley vasca no tendría las necesarias garantías constitucionales y legales.
Estos colectivos rechaza que se puedan considerar víctimas de abusos policiales a todos aquellos que hayan denunciado torturas.
