Fin de la tregua entre los sindicatos y el Gobierno de la Comunidad de Madrid liderado por Isabel Díaz Ayuso. El plan de la vuelta al colegio presentado hace más de una semana por el Ejecutivo regional sirvió para acercar posturas con las organizaciones sindicales. Pero el caos que se originó este miércoles durante la realización de las pruebas serológicas de covid-19 a los profesores de la región ha vuelto tensar las relaciones.
CCOO, UGT, CGT y STEM habían convocado una huelga de docentes sólo en Madrid por la supuesta "inacción" del equipo de Ayuso ante el retorno a las aulas. Sin embargo, acordaron retrasar la protesta a los días 22 y 23 de septiembre como "voto de confianza" a la Comunidad de Madrid. Entendieron que las medidas impulsadas desde las consejerías de Educación y Sanidad avanzaban "por el buen camino".
Hasta este miércoles. La convocatoria exprés al profesorado para someterse voluntariamente a la realización de tests de coronavirus desembocó en varias colas y aglomeraciones en el centro de la capital y los sindicatos han vuelto a levantar el hacha de guerra. La huelga se mantiene a finales de mes, pero ahora estudian junto a sus servicios jurídicos si el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha podido cometer alguna irregularidad.
Sindicatos CCOO y UGT estudian hasta tres denuncias
Según ha podido saber Vozpópuli, plantean tres denuncias contra la Consejería de Educación: una por supuesto delito contra la salud pública, otra por la difusión de datos personales y otra ante la Inspección de Trabajo.
"Han convocado con muy poca antelación a miles de profesores y el resultado es que se han producido aglomeraciones. No había garantías de seguridad. Muchos han estado esperando una media de cuatro horas sin poder mantener distancias entre ellos", asegura Isabel Galvín, secretaria de Enseñanza de CCOO Madrid.
Por otro lado, añade, la Dirección del Área Territorial de Madrid Sur ha difundido datos personales de miles de trabajadores de centros de enseñanza de la Comunidad de Madrid. "Estamos estudiando si se puede denunciar ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEDP)", señala Galvín.
Facua ya ha denunciado que varios docentes del Área Territorial Madrid-Sur recibieron un correo electrónico en el que se les citaba para las pruebas de coronavirus a manos de la empresa Ribera Salud. El correo iba acompañado de un documento adjunto con datos de casi 17.000 trabajadores.
En el documento, en formato hoja de cálculo, aparecían los nombres, apellidos, sexo y el carácter de docentes o no docentes, así como el lugar y hora en el que están citados para el test.
Educación niega haber vulnerado la Ley de Protección de datos
Fuentes de la Consejería de Educación reconocen a este diario que se hizo un envío con un listado de trabajadores de centros docentes, pero aseguran que "no se ha vulnerado la Ley de Protección de datos con este envío porque toda la información que aparece en ellos es pública". "Tan sólo se trata de nombres, sin DNI ni ningún otro detalle que sea susceptible de incurrir en el incumplimiento de esta Ley", aclaran.
No obstante, explican, nuestro departamento de Protección de Datos revisará los protocolos que se han seguido en este caso concreto para que no haya ninguna duda respecto a su seguridad.
Galvín, de CCOO, considera que "todo este caos se debe a la tardanza con la que se ha ido abordando la vuelta al colegio". "Todo responde a la improvisación. La medida de hacer pruebas a los profesores está bien, pero tenía que haberse anunciado antes y la organización tenía que haber sido mejor. Todo es improvisado y ahora no les da tiempo a cumplir con las medidas que han planteado porque los alumnos entran a partir del viernes en las aulas", sostiene.
Falta de información para el profesorado
CCOO y UGT denuncian la falta de información que han tenido los profesores. "No sabían si las pruebas eran voluntarias o no y no sabían para qué estaban dando sus datos exactamente. Este tipo de procedimientos tiene que ser transparente y cumplir con las reglas", explican desde CCOO.
Además, los delegados sindicales están estudiando si pueden denunciar ante Inspección de Trabajo que la Administración no haya convocado a los Comités de Prevención y Salud Pública para comunicarles la estrategia a seguir en este estudio serológico a los profesores. "La Consejería tiene que aprender a a garantizar la normativa", concluyen los sindicatos.
Otras organizaciones como ANPE o CSIF también se han echo eco del caos vivido este miércoles en algunos centros de Madrid capital como el Instituto Virgen de la Paloma y que obligó al Gobierno regional a posponer algunos de los tests. Sin embargo, se desmarcan de emprender acciones legales por el momento.
"Hay malestar por la convocatoria tan precipitada. Todo esto es la consecuencia de lo tarde que se ha empezado a preparar el fin de curso. Pero no se debe perder el foco: lo importante de todo esto es que se hagan las pruebas. Además, hay que tener en cuenta que si alguien da positivo hay que preparar también la realización de PCR", explican en ANPE Madrid.
