España

La Generalitat hará oídos sordos y hará con la consulta pese al rechazo del Congreso

El portavoz del Ejecutivo catalán, Francesc Homs, ha recordado que la consulta, que cree que se podrá convocar el 9 de noviembre, no tendrá "vinculación jurídica" ni generará una "situación jurídica" de inmediato.

  • Francesc Homs, en el centro, en el parlamento catalán

El conseller de Presidencia, Francesc Homs, ha avisado este jueves que pretender que el pueblo catalán no sea consultado es "misión imposible" porque se hará de una manera u otra dentro de la legalidad, ya que el presidente catalán, Artur Mas, no abandonaría una convocatoria de consulta "suspendida" por ser "ilegal". "Pretender que no sea consultado el pueblo catalán es misión imposible, se va a votar de una manera u otra. Con elecciones anticipadas o no anticipadas, pero de votar, se va a votar en Cataluña", ha afirmado Homs en una entrevista en la cadena Ser, enmarcada en las nuevas acciones del Govern para hacer "pedagogía" en toda España sobre la consulta catalana en España.

Ante las negativas del Gobierno al proceso soberanista, Homs ha lamentado que al final "nos van a prohibir hacer encuestas" y ha recordado que la consulta, que cree que se podrá convocar el 9 de noviembre, no tendrá "vinculación jurídica" ni generará una "situación jurídica" de inmediato, sino que servirá para conocer la voluntad de los catalanes y, a partir de ahí, iniciar las negociaciones para cumplir lo que expresen las urnas.

El también portavoz del Ejecutivo catalán ha remarcado que sólo habrá consulta si es legal, ya que si "está suspendido y recurrido", el proceso "sería ilegal" que Mas "firmara el decreto de convocatoria", pero ha subrayado que existen marcos legales si hay voluntad política y ha recordado que el camino no termina con la previsible negativa del Congreso de los Diputados a transferir competencias a la Generalitat para convocar el referendo.

En este sentido, Homs ha subrayado que el Estatut otorga competencias a la Generalitat para organizar consultas y que el Parlament tramita una nueva ley en esta materia y, en caso de que esta fuera impugnada, aún quedaría la opción de unas elecciones de tipo plebiscitario. 

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