Javier Gómez de Liaño declarará el próximo 1 de diciembre como perjudicado de José Manuel Villarejo. El instructor del caso Tándem le convoca en su condición de afectado para preguntarle por los hechos que tuvieron lugar en el marco del caso Sogecable. Su citación se produce después de que el propio Villarejo confesase en sede judicial en junio que recibió un encargo para investigar y neutralizar al entonces juez de la Audiencia Nacional con el fin de apartarle de esta causa que salpicaba al grupo Prisa.
La decisión del magistrado Manuel García Castellón se produce después de que la Sala de lo Penal entendiera que Gómez de Liaño debe unirse a las decenas de víctimas del comisario por sus ya famosos espionajes. La Sección Tercera estimó el recurso del otrora juez al entender que, aunque el delito de cohecho estaría prescrito porque los hechos se remontan a 1999, la presunta organización criminal vinculada a Villarejo debe investigarse.
Por ese motivo el instructor del caso Villarejo entiende ahora que es pertinente citarle y que, además, hay que adherir a esta macrocausa de espionajes tanto la sentencia del Tribunal Supremo por la que se inhabilitó a Gómez de Liaño en 1999, como la denuncia que interpuso el agente encubierto en Plaza Castilla, en la que pedía que se investigase el encargo que recibió del Grupo Prisa para acabar con Gómez de Liaño. "Las diligencias interesadas superan el triple filtro de necesidad, pertinencia y utilidad", reza el auto al que ha tenido acceso Vozpópuli.
"Una operación política"
De esta forma, Gómez de Liaño podrá pronunciarse en sede judicial sobre este capítulo al que se refirió Villarejo el 14 de junio. El comisario aprovechó una de sus múltiples comparecencias en la Audiencia Nacional para reiterar que se le encomendaron dos tareas concretas: la de rastrear la vida privada del entonces juez con el fin de apartarle del caso Sogecable, del que era instructor, y conseguir su "condena ejemplarizante para que nadie más se atreviera a ir contra ese grupo".
Villarejo dijo que actuó contra Gómez de Liaño por encargo del PSOE, que se investigó su vida íntima y la de su pareja y que se sobornó al magistrado que formó parte del tribunal que le inhabilitó
Villarejo relató que en marzo de 1997 le contactó el exdiputado del PSOE 'Txiki' Benegas, en nombre de Felipe González, debido a las "excelentes relaciones" que mantenía desde los años 70 con la formación socialista. Comenzaron entonces a celebrarse reuniones de carácter periódico en las que asistía el periodista Carlos Carnicero (en nombre de Prisa) y los hermanos Álvaro y Gregorio Marañón. En las semanas siguientes se sumó a estos encuentros el jurista Matías Cortés y en un par de ocasiones Antonio Navalón (este último solo para establecer los detalles de los pagos).
En la denuncia, interpuesta mientras se encontraba en prisión provisional en Estremera, Villarejo relató que se le encomendó "conseguir información íntima" de la pareja sentimental de Gómez de Liaño e incluso se planteó la posibilidad de vincularle con Ana Botella, esposa del entonces presidente del Gobierno José María Aznar, "para considerar la acción contra Sogecable como una operación política".
Pagos de 200.000 euros
Para tal fin contó con la colaboración del abogado José Aliste (también imputado en la causa de presunta estafa a exaltos miembros del Gobierno de Hugo Chávez) por estar muy vinculado al CESID, la Policía y al mundo de la delincuencia internacional. "Entre los cometidos del Sr. Aliste estaba en conseguir informaciones de clientes suyos, vinculados con sumarios donde actuó el señor Liaño y, llegado el momento, realizar actuaciones de todo tipo y desprestigio", plasmó en su denuncia.
En caso de no funcionar estas acciones se le encomendó hacer llegar al magistrado Baltasar Garzón una copia de datos que tuviera del informe Veritas para presionarle en aras a actuar contra Gómez de Liaño. En su denuncia, Villarejo recuerda que, años después del caso Sogecable, comentó recuerdos del tema con el propio Baltasar Garzón en una comida que tuvo para preparar la operación Gürtel. Destacó la coincidencia de que este encuentro tuviera lugar en el mismo restaurante donde años antes se tramó la confabulación contra Gómez de Liaño.
La segunda parte del encargo consistió en hacer llegar pagos de Prisa. Siempre según su versión, se transfirieron 200.000 dólares a Enrique Bacigalupo, exmiembro del tribunal que condenó en 1999 por prevaricación a Gómez de Liaño. Sostiene que el dinero fue a parar a una cuenta en Suiza, aunque se trianguló la ruta empleando cuentas de Aliste en Colombia y Delaware (Estados Unidos) para no dejar rastro.
Los audios de Villarejo
Por todo ello, el propio Gómez de Liaño pidió que se le tuviera como perjudicado de los negocios de Villarejo, aunque el instructor se lo denegó el pasado mes de marzo. La Sala de lo Penal corrigió la decisión y, tras ello, en julio, el instructor le permitió la personación. Eso sí, debería circunscribirse al posible delito de asociación ilícita y posteriormente de organización criminal, teniendo en cuenta que Villarejo era comisario policial en activo cuando efectuaba sus encargos privados.
Tras ello Gómez de Liaño solicitó los audios de Villarejo que le incautaron los agentes tras su detención en noviembre de 2017. Cabe recordar que, tras el estallido del caso Tándem, Asuntos Internos le requisó grabaciones en las que alude a este encargo además de numerosos documentos, tales como tres copias de denuncias en las que se describen hechos relacionados con la condena de Gómez de Liaño. Este medio tuvo acceso a una de esas grabaciones, que data del año 2009, en las que el comisario relata cómo departió con Baltasar Garzón sobre este asunto.
Ahora, y según la nueva documental a la que ha tenido acceso este diario, el juez da un paso más y acuerda citarle como perjudicado. Además, da luz verde a unir a la macrocausa la sentencia del alto tribunal de 1999 así como la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de julio de 2008, en la que se obligó a indemnizar a Gómez de Liaño al considerar que el tribunal que le juzgó no fue imparcial.
Wesly
Corrupción institucionalizada al más alto nivel, magistrados (Bacigalupo, Garzon) incluidos, para favorecer a la armada mediática (PRISA) del PSOE. Cloacas del Estado al servicio del PSOE. Cada día queda más claro que padecemos una democracia de bajisima calidad, en la que los pocos héroes que quedan que se atreven a denunciar para regenerar el sistema y salir de la ciénaga son perseguidos, ninguneados, vilipendiados y represaliados por este sistema corrupto y mafioso que se ha hecho fuerte.