La sombra de la cárcel se cierne sobre Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias 'tito Berni'. La juez de Tenerife que dirige el caso Mediador vuelve a tener en su mano la decisión de enviarle a prisión provisional cuando se cumple un mes de su detención y posterior puesta en libertad. Esta causa de corrupción, que ha sacudido al PSOE y también al Congreso donde ejercía como parlamentario, avanza mientras el foco se pone ahora en el futuro más inmediato del exdiputado del PSOE.
Se trata de un asunto especialmente delicado y que provocó un fuerte choque entre la magistrada María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres y el fiscal Anticorrupción del caso. La negativa de este último a pedir prisión para 'tito Berni' tras su detención el pasado 22 de febrero no dejó otra alternativa a la magistrada que la de acordar su libertad con la única medida cautelar de comparecencias quincenales en el juzgado.
Desde entonces, el goteo de noticias del sumario del caso Mediador ha evidenciado su implicación en esta trama dedicada al presunto amaño de subvenciones a cambio de mordidas de empresarios del sector ganadero y fotovoltaico de las islas. Los audios interceptados por la Guardia Civil apuntarían también a un posible desvío de fondos europeos que ha hecho reaccionar al propio Parlamento Europeo en busca de un probable uso irregular de estas partidas.
Pendientes del registro
Además, en este tiempo se ha procedido a una diligencia que podría ser determinante para la investigación, o al menos así lo pretendía la Policía Judicial. Se trata del registro del despacho que el ya conocido como 'tito Berni' ocupaba en el Congreso de los Diputados antes de ser forzado a abandonar su escaño. Apenas días después de tener que dejarle en libertad, la Policía pidió poder registrar este habitáculo "sin restricciones y de manera exclusiva". De nuevo, en este punto hubo fricción con la Fiscalía, que se opuso apuntando que las Cortes Generales son "inviolables".
En su defecto, abogaban por pedir autorización para acceder y, una vez dentro, requisar el material que todavía dispusiera en su despacho. Y esto fue lo que se hizo. La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Tenerife solicitó permiso y en tiempo récord accedieron, logrando incautarse de un ordenador de sobremesa y más material electrónico que estará ya en manos de la Policía Judicial para su análisis.
Del resultado de esta diligencia podría depender en gran medida el futuro procesal a corto plazo de 'tito Berni', ya que uno de los motivos esgrimidos por la juez para no dejarle en libertad cuando le interrogó fue precisamente la posibilidad de que destruyera pruebas. Su convicción de que había que encarcelarle era tal que expuso que actuaba por "imperativo legal" y en "discordancia absoluta" con Anticorrupción.
En concreto, trasladó que las influencias de Fuentes Curbelo -junto con las del general de la trama, Francisco Espinosa Navas- no eran desinteresadas, sino que se abonaban con fiestas o mordidas, como así constata el sumario. Los investigadores le sitúan como el cabecilla de la rama política de esta presunta organización criminal que operó en gran parte gracias a su cargo como diputado nacional. Ello, unido a las confesiones de mediador de la trama, hicieron que quisiera encarcelarle.
Al respecto llegó a decir en febrero que, toda vez que se había producido la pérdida de la condición de aforamiento del 'tito Berni' y que se había levantado el secreto de sumario, se presentaba la "urgente necesidad" de asegurar las pruebas relacionadas con sus actividades ilícitas. La juez también se amparó en las alusiones continuas al pago de mordidas de empresarios, a las transferencias y cheques canalizados, así como a los abonos que registró la sociedad de 'tito Berni' como previo paso para ayudar a empresarios en apuros. Ellos mismos lo llamaban "el impuesto revolucionario".
Tras cuatro semanas en libertad, la situación del exdiputado del PSOE puede cambiar. Tal y como informó Vozpópuli, la juez está estudiando en estos momentos las personaciones de los partidos políticos y asociaciones que han pedido litigar en la causa. Entre ellas se encuentra la de Fuerza Canaria y Vox, formaciones que han solicitado el ingreso en prisión del imputado. La primera de ellas lo hizo recurriendo en tiempo el auto de la juez por el que acordaba la libertad, mientras que la segunda lo ha solicitado después.
En busca de fondos europeos
La magistrada ha dado traslado de este asunto a la Fiscalía Anticorrupción para que emita su informe. Ahora el Ministerio Fiscal tendrá que pronunciarse sobre la petición de personarse de estos partidos (a los que se suma Vox, PP y PSOE) para, después, dar respuesta a las debidas solicitudes de ingreso en prisión. De la docena de personas investigadas por estos hechos por el momento, solo el general de la Guardia Civil permanece en prisión provisional
En este caso no hubo discrepancias entre la juez y el fiscal. Ambos consideraron que había un manifiesto riesgo de fuga debido a la influencia que tenía el mando en países de África Oriental, donde lideró proyectos de la Guardia Civil. Además, a ello se suma sus revelaciones en las conversaciones con otros imputados de que tendría una cuenta abierta en Bélgica para canalizar mordidas.
Su presencia en esta causa ha motivado también dos diligencias de calado: por un lado, la solicitud de auxilio a Bruselas para que informe en relación con estos posibles fondos bancarios y, por otro, la necesidad de rastrear un posible patrimonio oculto en seis países de África, diligencia esta última que ha encargado a la Oficina de Recuperación y de Gestión de Activos (ORGA).
Con todo, otra de las aristas que se desprenden de esta investigación es la de un posible uso indebido de fondos europeos. En sus conversaciones, los imputados aludieron en más de una ocasión a la necesidad de "preparar el terreno" para acceder a las ayudas europeas tras la crisis del covid. Como resultado de ello, la Comisión de Control del Parlamento Europeo ha solicitado a Bruselas que investigue si la trama se llegó a apoderar de fondos comunitarios.
