El Gobierno tiene previsto dar luz verde durante la reunión del Consejo de Ministros de este viernes al proyecto de ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y modificación de la Ley de Costas de 1988. El Consejo de Ministros de este viernes estará presidido por la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ante la ausencia del jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, que viajará a La Valetta, en Malta, para participar en el Diálogo 5+5.
El Consejo de Ministros ya abordó el pasado mes de julio el anteproyecto de ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y la modificación de la Ley de Costas de 1988, según el cual la nueva norma elevará hasta 75 años las concesiones de viviendas en playa, permitirá al Estado suspender acuerdos municipales contrarios a la normativa, establecerá concesiones de cuatro años para los 'chiringuitos' y modifica las normas del deslinde administrativo.
En relación a las concesiones, según explicó entonces el Gobierno, la norma también permitirá la transmisión mortis causa e intervivos y establece una prórroga extraordinaria para las concesiones existentes para resolver la extinción de las previstas en la Ley de 1988, que expiraban en 2018.
Asimismo, introduce la suspensión automática en vía administrativa a instancia de la Administración del Estado de los acuerdos adoptados por las entidades locales que afecten a la integridad del dominio público marítimo-terrestre o servidumbre de protección. Acto seguido, el Estado deberá impugnar estos acuerdos ante los tribunales de lo contencioso-administrativo en el plazo de diez días.
Modificación del uso de las playas
Entre otras actuaciones, la norma introduce una reforma en relación con el uso de las playas. En este caso, se establece un régimen diferenciado para las playas urbanas (las contiguas a suelos urbanizados) y para las playas naturales (junto a espacios protegidos o suelo rural). Para estas últimas, según explica el Ejecutivo, se impondrá un nivel de protección mayor aún al ya vigente y se restringirán las ocupaciones.
Además, "con el objetivo de dar respuesta a la demanda social de muchos municipios", el Gobierno regularizará distintas barriadas históricas para excluirlas del dominio público marítimo-terrestre, como el Pedregalejo y El Palo (Málaga).
