El debate sobre una de las normas estrella del Gobierno Rajoy, la denominada Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, todavía colea. Y es que pese a que el texto fue aprobado y publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en noviembre del pasado año, sólo ha entrado en vigor una parte del mismo, la relativa al Código de Buen Gobierno. El grueso del proyecto no será de aplicación obligatoria hasta finales de este año para la Administración General del Estado y las entidades privadas (las comunidades y ayuntamientos tienen una moratoria hasta 2015). En este contexto, las dudas sobre la efectividad de la norma se mantienen, sobre todo si se compara con otras legislaciones europeas del norte de Europa, mucho más avanzadas en este campo. La distancia que, al respecto, aún separa a España de países escandinavos ha sido puesta de manifiesto en una jornada informativa celebrada en Madrid con presencia de expertos en el modelo sueco.
El seminario El impacto de la Transparencia y el Buen Gobierno, organizado por el Instituto de Gobernanza y Dirección Pública de ESADE, el Gobierno sueco y la firma Kreab Gavin Anderson, del mismo país, hizo repaso a una serie de lagunas que todavía arrastra la ley española de Transparencia. Entre ellas, sobresalió la falta de autonomía profesional y de libertad que seguirán sufriendo los funcionarios para "decir la verdad".
Así, los ponentes hicieron hincapié en que el Ejecutivo popular no ha incluido en el texto, que calificaron de reforma "tímida", ni incentivos para que los empleados públicos sean transparentes ni mecanismos de protección en el supuesto de que quieran denunciar casos de corrupción. El pasado 31 de mayo, Vozpópuli publicó las historias de tres funcionarias, Carmen Dolz, Isabel Villalonga y Dolores Linares, quienes, guiadas por su honradez, pusieron resistencia al establishment ante abusos de los administradores.
En su intervención, Víctor Lapuente, profesor en el Instituto para la Calidad de Gobierno de la Universidad de Gotemburgo (Suecia), diagnosticó como uno de los males del sistema español el "techo de cristal" con que se encuentra el funcionario que aspira a subir en escalafón, pero que quiere seguir siendo "neutral" en el manejo de información. Por contra, se refirió a la situación de los cargos a dedo y citó a Francisco de la Torre, jefe de equipo de Inspección de Hacienda en Madrid, para recordar que casi las mitad de los 1.400 inspectores de la Agencia Tributaria ocupan puestos de libre designación.
El modelo sueco, a diferencia del español, permite el acceso a 'emails', evaluaciones de candidatos a un determinado puesto, uso de tarjetas de crédito por parte de cargos públicos...
Lapuente también criticó que en España se den órdenes para prevenir filtraciones, por ejemplo, en el seno de una comunidad autónoma. El profesor hizo la comparación con el modelo sueco y destacó que en el país escandinavo, en cambio, se considera delito el tratar de averiguar quién ha filtrado una noticia. La Administración española no sólo va retrasada en este punto, sino que además destina recursos públicos a la caza del filtrador.
Asimismo, a diferencia de lo que ocurre en España, Lapuente comentó que en Suecia hay acceso libre a "todo documento generado por la actividad política", sin riesgo para la seguridad. Aludió, en este sentido, a correos electrónicos, evaluaciones de candidatos a un determinado puesto, uso de tarjetas de crédito por parte de cargos públicos, etc. "Allí, los periódicos locales publican a menudo quienes son los más ricos de la ciudad", ilustró.
Por su parte, Elisa de la Nuez, abogada del Estado, integrante de Pro-acceso y editora del blog ¿Hay derecho?, incidió en la necesidad de que el Consejo de Transparencia previsto por la ley "incorpore a miembros de la sociedad civil" y no sólo representantes de la Administración.
El pasado mayo, Unión, Progreso y Democracia (UPyD) remitió un escrito al Congreso en el que denuncia que el Gobierno lleva ya seis meses incumpliendo la Ley de Transparencia al no haber validado el real decreto que regula el Estatuto Orgánico de dicho órgano supervisor. La normativa establecía que tal estatuto debía aprobarse en los tres primeros meses de la entrada en vigor de la misma, plazo que concluyó el pasado marzo. Sin embargo, fuentes del Ministerio de Presidencia matizaron entonces a Vozpópuli que "aún hay margen hasta finales de año".
El registro de los grupos de presión
En cuanto a la ausencia de regulación de los lobbies en la Ley de Transparencia, algo que reclamó el PSOE durante la tramitación parlamentaria del proyecto, el defensor de la prensa sueco, Ola Sigvardsson --también asistió la embajadora Celia Julin-- señaló que en su país "no hay lista de lobbies" porque el nivel de transparencia que existe allí no requiere tal control.
Según un estudio sobre percepción ciudadana realizado en el año 2013, España se encuentra en el número 41 en el ranking mundial y en el 13 del europeo, en cuanto a calidad de transparencia de las instituciones. Según el seminario, "esto significa que, a pesar de que se están realizando notables esfuerzos, indiscutiblemente aún queda un largo recorrido".
