El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha anunciado diferentes concentraciones desde el próximo lunes ante el "incumplimiento" del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de dar incentivos a los agentes en Cataluña mediante la declaración de Zona de Especial Singularidad (ZES).
"Ante la falta de respuesta institucional", señalan desde el SUP, "nos echaremos a las calles el próximo 7 de marzo en apoyo de nuestros compañeros, tratados como policías de segunda por el ministro y por una Dirección General de Policía que va postergando las medidas de protección y la ayuda que venimos reclamando desde mucho tiempo atrás".
El SUP sostiene que la "continuidad del trabajo policial en Cataluña peligra" y que Interior no actúa para "frenar las numerosas peticiones de traslado". Sólo en 2021, 900 policías nacionales abandonaron Cataluña en busca de destinos menos conflictivos, según sus cálculos.
Se sienten "hostigados"
"La Policía Nacional sigue siendo más necesaria que nunca en una región que encabeza las tasas de criminalidad en delitos especialmente violentos y en la que cada año se producen más operaciones contra el terrorismo yihadista", apuntan, reiterando que los agentes y sus familias se sienten "hostigados (cuando no agredidos) y tienen que esconderse solo por defender el orden constitucional".
El SUP dice que cada año el 50 por ciento de la plantilla solicita el traslado a otra Comunidad debido a la combinación de factores económicos y a la presión ejercida por el entorno independentista catalán. "Sólo en 2021 uno de cada cuatro policías destinados en Cataluña abandonó la Comunidad", apuntan.
El problema, según este sindicato, es especialmente grave en la Escala de Subinspección donde afecta al 50 por ciento de los efectivos, aunque también en la Escala Básica se da en un 30 por ciento. "Las cifras demuestran una realidad a la que el Ministerio de Interior no termina de poner solución", alegan.
"Lo más grave es que esta pérdida de efectivos policiales afecta, sobre todo, a las Brigadas de Extranjería, Información y Policía Judicial", añaden, recordando que desde 2012 en Cataluña se han llevado a cabo 75 operaciones policiales con 125 detenidos relacionados con el terrorismo yihadista.
Además, alegan que estas competencias son "exclusivamente estatales y por tanto dejan desamparados a los ciudadanos de esta Comunidad Autónoma en dichas materias, con el peligro que ella conlleva".
