El instructor del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha solicitado el suplicatorio al Congreso de los Diputados para el exministro José Luis Ábalos al apreciar indicios de hasta cuatro delitos: integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación. Esta decisión se produce después de que el juez considerara que las declaraciones de Ábalos "no se avienen" con los documentos y declaraciones presentes en el sumario.
¿Qué es un suplicatorio?
El suplicatorio es un mecanismo jurídico que permite a la justicia solicitar al Congreso o al Senado el levantamiento de la inmunidad de un diputado o senador para poder ser procesado. Esta figura se encuentra recogida en la Constitución Española, concretamente en el artículo 71, que establece que los parlamentarios gozan de inmunidad durante su mandato y solo pueden ser inculpados o procesados con autorización previa de la Cámara.
El objetivo de esta figura jurídica es proteger a los representantes del pueblo de posibles acusaciones infundadas que puedan tener como objetivo coartar su libertad de expresión y acción política.
¿Cómo funciona el suplicatorio?
El proceso para solicitar un suplicatorio comienza cuando un juez o tribunal considera que existen indicios suficientes para procesar a un diputado o senador. En ese caso, se envía una solicitud a la Cámara correspondiente, que en este caso es el Congreso de los Diputados.
La presidenta del Congreso, Francina Armengol, tras haberlo acordado con la Mesa del Congreso, dispone de un plazo de cinco días para enviar la solicitud a la Comisión del Estatuto de los Diputados.
Esta Comisión dispone de un mes para debatir la propuesta y la audiencia, que podrá llevarse a cabo por escrito o de forma oral. Finalmente, la Comisión someterá a votación la solicitud en el primer Pleno ordinario de la Cámara.
El presidente del Congreso deberá comunicar la decisión tomada a la autoridad judicial en un plazo de ocho días.
¿Qué ocurre si el Congreso deniega el suplicatorio?
Si el Congreso no se pronuncia en un plazo de dos meses, la solicitud de suplicatorio se considera denegada. Esto implica que el procedimiento judicial contra el parlamentario no puede continuar y la persona queda libre de la investigación. Un ejemplo de esto ocurrió en 1988, cuando el Congreso rechazó la petición interpuesta contra José Barrionuevo, entonces ministro de Interior.
En el caso de José Luis Ábalos, el Congreso de los Diputados deberá decidir si procede a suspender su inmunidad parlamentaria. Si se aprueba el suplicatorio, el juez instructor del 'caso Koldo' podrá continuar con la investigación y, en su caso, procesar al exministro.
La decisión del Congreso sobre el suplicatorio de Ábalos será crucial para el futuro del 'caso Koldo' y tendrá un impacto significativo en la carrera política del exministro socialista.
