El Supremo pone en la picota la gestión de Armengol y Torres con las mascarillas tras adherirla al caso Koldo

La decisión del Tribunal Supremo de entregar a la Audiencia Nacional la competencia del caso Koldo no solo ha supuesto la permanencia de la investigación en el juzgado del magistrado Ismael Moreno, sino que adhiere los contratos de los gobiernos de Baleares y Canarias con la empresa de la trama, lo que lleva a poner el foco en la gestión de Francina Armengol y Víctor Ángel Torres.

Se trata de expedientes que se habían derivado a la Fiscalía Europea al haberse costeado con fondos comunitarios. La UCO de la Guardia Civil ya advirtió en sus pesquisas que se detectaban presuntas irregularidades en el proceso de adjudicación de Baleares y Canarias a Soluciones de Gestión, la empresa que se anotó los contratos de emergencia por un importe superior a los 52 millones de euros.

Con este pronunciamiento del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional se anota dos 'victorias' en lo que respecta a la instrucción del caso Koldo, dado que no solo no pierde la competencia, sino que vuelve a recuperar las pesquisas de los contratos que firmaron los gobiernos de la actual presidenta del Congreso de los Diputados y del ministro de Política Territorial.

Se investiga una trama de corrupción nacional

La Fiscalía Europea dio a conocer en marzo que había abierto causa a tenor de una denuncia de un particular por los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias. En el foco se encontraban cuatro contratos que Soluciones de Gestión firmó con Canarias y un quinto con Baleares por poco más de 10 millones de euros.

Meses después, el ente europeo reclamó a la Audiencia Nacional la competencia íntegra del caso, al constatar que otros contratos investigados en el procedimiento -como el relativo a Adif- se habían financiado con fondos comunitarios. El juez Moreno planteó un conflicto de competencia ante el Tribunal Supremo y se vio obligado a paralizar la causa en un momento en que apuntaba ya a altos cargos del Ministerio de Óscar Puente.

El juez del caso Koldo ha negado al Parlamento canario remitir copia de las diligencias porque se trata de una materia reservada cuya divulgación puede afectar a los derechos fundamentales de los imputados

Tanto Anticorrupción como la Fiscalía del Tribunal Supremo solicitaron que estas diligencias que llevan el nombre del que fuera asesor de José Luis Ábalos, se quedaran en la Audiencia Nacional. La Sala Segunda del alto tribunal les ha dado la razón y ha incluido también los expedientes de los entonces gobiernos de Armengol y Torres.

El alto tribunal entiende que la Directiva (UE) 2017/1371 de 5 de julio de 2017 impone a los Estados la obligación de tipificar como delitos el fraude, el blanqueo de capitales, la corrupción y la malversación cuando afecten a los intereses de la Unión Europea. Se trata de un presupuesto que, a juicio de la Fiscalía Europea, se da en el caso Koldo, si bien el Supremo entiende que los delitos de esta causa de corrupción no afectan a los intereses comunitarios.

Los contratos de Armengol y Torres

El fallo concluye que lo que investiga el caso Koldo es la existencia de una presunta organización criminal que se habría anotado adjudicaciones de contratos de mascarillas de manera irregular desde los Ministerios de Transportes, Interior y Sanidad. Al respecto determina que la Policía Judicial ha podido comprobar que los contratos se ejecutaron y el material (aunque en algunas ocasiones defectuoso) se suministró.

Por ello, entiende que no se puede hablar de un delito de malversación ni otros que estén "intrínsecamente ligados al fraude de los intereses financieros de la Unión". Al contrario, se apunta a una posible trama de corrupción a nivel nacional, en el marco de la cual destacan Koldo García o el comisionista de la trama Víctor de Aldama, y que se habría beneficiado de sus contactos en la Administración para conseguir estos contratos.

En atención a lo expuesto, el Supremo entiende lógico también que los expedientes de Canarias y Baleares vuelvan a la Audiencia Nacional. Sobre ellos la UCO alertó irregularidades de distinta índole. En lo que respecta al gobierno del actual ministro Víctor Ángel Torres, los agentes hablaron de "opacidad" en la contratación y apuntaron que se modificaron estos expedientes "para darle cobertura justificativa".

El Servicio Canario de Salud se adjudicó 12,3 millones de euros en cuatro contratos financiados con fondos europeos. La UCO destacó que no había ningún documento que reflejara el acuerdo previo entre la Administración y la empresa de Juan Carlos Cueto (el cerebro del caso Defex) y también advirtió de un incremento de facturación de más de 3 millones de euros sin que hubiera documentación que justificase la entrega de dicha diferencia.

En lo que respecta al contrato 3,7 millones del gobierno de Armengol, la UCO expuso que se entregó el material adquirido "incluso antes" de acordar la tramitación de urgencia y que ello podría contravenir el artículo 153.6 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP).

El juez niega información al Parlamento Canario

Además, también advirtieron que no se habían localizado documentos sobre la formalización de este contrato en los que se recoja información clave como la identificación de las partes, la definición del objeto del contrato o las condiciones de los pagos. Igualmente descartaron que se hubiera fijado un responsable del contrato para supervisar su ejecución.

Por el contrario, sí detectaron que Armengol recomendó en agosto de 2020 la contratación de la empresa cercana al exasesor de Ábalos, pese a haber recibido previamente una partida de mascarillas defectuosas. El gobierno balear abrió un expediente de reclamación para recuperar los fondos abonados, pero de los pinchazos telefónicos se infiere que Koldo García recurrió a su antiguo jefe, José Luis Ábalos, para que mediara y esta reclamación cayera en saco roto.

Pese al parón que acusó el procedimiento tras la petición de la Fiscalía Europea, el juez Moreno ha reactivado las pesquisas y lo ha hecho para negar al Parlamento canario la petición de información del caso Koldo y que habían solicitado en el marco de las comisiones de investigación.

Se da la circunstancia de que el Congreso de los Diputados -que preside Francina Armengol- pidió también copia del sumario que le afecta de manera directa a tenor de las comisiones de investigación parlamentarias. El juez ha negado en ambos casos facilitar parte de las pesquisas, según los nuevos documentos del caso a los que ha tenido acceso Vozpópuli.

Según alega, "no es legalmente posible" dar copia de las actuaciones a terceros a tenor del "carácter reservado" de las mismas y también porque se verían afectados los derechos fundamentales de las personas que ahora mismo están imputadas en el caso Koldo.