El Gobierno sigue sin considerar profesión de riesgo a los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Sin embargo, hay otros empleados que tampoco cuentan con esta distinción y están en la primera línea contra los delincuentes: los funcionarios de Instituciones Penitenciarias. Esta situación no tiene visos de solucionarse y el Ejecutivo ya ha explicado el motivo de la misma: cumplen con múltiples funciones y se deben individualizar los casos, según un documento al que ha tenido acceso Vozpópuli.

Esta solicitud lleva en la mesa políticas desde hace años. Los trabajadores de las cárceles españolas denuncian que son los objetivos de las iras de los presos y se han ido incrementando las agresiones entre las rejas. De igual forma, consideran que cada vez más los presos padecen trastornos mentales y estos recintos se han convertido en "auténticos psiquiátricos".

La pregunta es clara: ¿Por qué no son considerados profesión de riesgo?. Esta inquietud también fue planteada por la diputada del Grupo Mixta, de Coalición Canaria, Cristina Valido García. La parlamentaria consultó al Gobierno sobre la situación de estos empleados públicos el pasado 17 de mayo.

Así, la respuesta del Ejecutivo para conocer su posición se ha hecho esperar durante más de un mes. "Los funcionarios de Instituciones Penitenciarias desempeñan múltiples funciones, en virtud del Cuerpo de pertenencia (existen 5 Cuerpos diferentes), puesto que tengan asignado y circunstancias concretas y específicas que les afectan, por lo que no se puede definir, per se, como profesión de riesgo, sino que hay que atender a la evaluación individualizada de puestos", subrayan en su respuesta a la diputada.

Las explicaciones de la profesión de riesgo

El Gobierno también se escuda en la aplicación de las normas en materia de prevención de riesgos laborales. Este marco es clave, en su opinión, para asegurar el desempeño de la actividad de cada empleado público para que no implique riesgos para su salud ni su integridad.

Esta misma diputada canaria también preguntó al Ejecutivo de Pedro Sánchez por la consideración de profesión de riesgo para los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, un requerimiento que también es reiterado por parte de los sindicatos y asociaciones de estos cuerpos. La respuesta fue diametralmente opuesta.

"Actualmente existe un Grupo de Trabajo en el Ministerio del Interior que está estudiando las alternativas, implicaciones y costes para declarar profesión de riesgo las funciones policiales, en las que participan las Direcciones Generales de la Policía y la Guardia Civil", señalaron. Unas palabras que proporcionan un poco de esperanza a estos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ya que en breve podrían ver cristalizar una de sus mayores reivindicaciones.

Los datos de los sindicatos de los funcionarios de prisiones son reveladores. En 2023 se registraron 5.631 agresiones dentro de las cárceles. Unas cifras en las que no se refleja el balance de Cataluña y País Vascos ya que tienen las competencias cedidas.

La violencia en las cárceles

La mayoría de estos ataques, el 91% fueron entre internos. Sin embargo, los sindicatos de los funcionarios de prisiones llevan tiempo alertando de que la violencia en las cárceles se está incrementando por los trastornos mentales de los internos.

Uno de los puntos donde más incidentes se están viviendo es en Cataluña donde, según los datos de 2023, se produce una agresión cada 15 horas a los empleados del sistema penitenciario. Casi un centenar de ellas fueron graves. La mayor tragedia se vivió en la cárcel de Mas d'Enric con el asesinato de la cocinera Nuria. Un homicidio que levantó en masa a sus compañeros que buscan medidas para obtener más protección por parte de la administración. Una administración que les sigue dando de lado al no querer considerarles profesión de riesgo.

• Tags
• Gobierno
• Guardia Civil
• Instituciones Penitenciarias
• Policía Nacional