El Tribunal Supremo ha estimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Asociación Cardenal Albornoz contra la Administración del Estado, representada y asistida por la Abogacía del Estado, a propósito del Real Colegio Mayor de San Clemente de los Españoles, más conocido como Colegio de España.
En una sentencia a la que ha tenido acceso Vozpópuli, el alto tribunal anula los acuerdos del Consejo de Ministros por los cuales el Ejecutivo se negó a revisar el Real Decreto por el que se nombró a un rector en esta institución académica tal y como solicitaba la mencionada asociación integrada por ex alumnos.
El Real Colegio se ubica en Bolonia y fue fundado por el cardenal Gil de Albornoz en 1364 con el propósito de acoger a jóvenes españoles para que pudiesen estudiar en la universidad más antigua del mundo. Lo hizo mediante disposición testamentaria y nombró herederos universales a los propios alumnos, conocidos popularmente como bolonios.
Por los pasillos de este palacio medieval han desfilado como colegiales Antonio de Nebrija, Juan Ginés de Sepúlveda, el Conde de Romanones y Leandro Fernández de Moratín, entre otros. También lo visitaron Ignacio de Loyola, Benito Pérez Galdós y Miguel de Cervantes.
Por los pasillos de este palacio medieval han desfilado como colegiales Antonio de Nebrija, Juan Ginés de Sepúlveda, el Conde de Romanones y Leandro Fernández de Moratín
El origen del conflicto se remonta a la etapa de José Manuel García-Margallo como titular del Ministerio de Asuntos Exteriores y se agravó durante el mandato de Josep Borrell y Arancha González Laya. Tal y como publicó este diario, en 2015, el Gobierno nombró rector del Colegio de España al catedrático y ex colegial Ángel Martínez. Lo hizo por Real Decreto 108/2015, fue nombrado por el Rey y así apareció en el BOE.
El grueso del Patronato acordó la revocación del recién elegido rector denunciando que se trata de una entidad de carácter privado, que nunca ha dependido del Ministerio de Exteriores ni de Casa Real, que no se sostiene con fondos públicos. Además, defienden que ese nombramiento no había pasado por el Consejo de Ministros.
Los acuerdos del Consejo de Ministros
En la misma línea, la Asociación Cardenal Albornoz, organización integrada por ex alumnos, pidió la revisión de oficio del Real Decreto, pero el Consejo de Ministros acordó rechazar la solicitud por "falta de legitimación y naturaleza no administrativa del acto de nombramiento".
La Administración lo rechaza porque entiende que el nombramiento que se hace mediante el citado Real Decreto es un acto formal del Rey que interviene a título honorífico, luego no es un acto administrativo susceptible de revisión.
La asociación presentó entonces un recurso ante el Tribunal Supremo que, ahora, ha anulado las resoluciones del Consejo de Ministros al considerarlas contrarias a Derecho. Considera que la asociación tiene legitimación para proponer la revisión del nombramiento.
Además, el alto tribunal se pronuncia sobre el carácter jurídico del Real Colegio argumentando todo lo contrario a un informe del Consejo de Estado que encargó Borrel con el fin de conocer si el Gobierno podía cambiar los estatutos de la institución.
Varones, católicos, hijos legítimos...
Cabe recordar que a la guerra por el nombramiento del rector se suma otra lucha por la modificación de unos estatutos que Exteriores, que cuenta con un representante entre los cinco que componen la Junta de Patronato, pretende modificar por decreto al considerar que algunos de los requisitos para acceder a las becas universitarias que oferta el Colegio de España son inconstitucionales. Entre ellos, que todos los aspirantes tengan que ser, de acuerdo a los estatutos del centro, varones, católicos e hijos legítimos, es decir, nacidos del matrimonio.
Sin embargo, el jefe del linaje de los Albornoz; parte del Patronato y la Asociación Cardenal Albornoz advierten que desde hace 50 años ya no se pide a los becarios que acrediten ser hijos legítimos y, desde 2019, se anunciaron por vez primera becas para mujeres. Aunque por ahora no en la sede del colegio. No obstante, aseguran estar "dispuestos a dialogar" para modificar algunos aspectos "dentro de la legalidad y no de forma unilateral como pretende el Gobierno".
Exteriores cuenta con un representante entre los cinco que componen la Junta de Patronato y pretende modificar por decreto los estatutos al considerar que algunos requisitos para entrar son inconstitucionales
Defienden que se trata de una institución de carácter privado, que no recibe subvenciones públicas de ningún tipo y que, además, es ajena al derecho español. Así se reconoce también en una respuesta parlamentaria del Ejecutivo durante la era Zapatero a la que tuvo acceso este medio.
La reforma estatutaria de esta entidad, explican, está expresamente prevista en el artículo 3 del real decreto de 20 de marzo de 1919, donde esta competencia se atribuye exclusivamente a un órgano denominado Junta de Patronato.
El dictamen del Consejo de Estado
En octubre de 2019, el departamento de Exteriores, entonces liderado por Borrell, solicitó al Consejo de Estado "su criterio para llevar a cabo la modificación de los estatutos y del reglamento del Colegio, y sobre el sentido de esa modificación, particularmente sobre si resulta posible o necesario adaptar esos textos al régimen jurídico de las fundaciones en España, eliminando aquellos aspectos que resulten contrarios a la Constitución".
Esta orden se amplió por otra de la actual ministra González Laya, de fecha 6 de octubre de 2020. Y el dictamen del Consejo de Estado fue entregado al ministerio el pasado 4 de febrero.
Borrel encargó un informe al Consejo de Estado para saber si podía cambiar los estatutos. El dictamen avaló al Gobierno y supuso un varapalo para parte del Patronato y la Asociación
El informe supuso un varapalo para el marqués de Ariza (presidente del patronato) y todos los colegiales defensores de su postura. El texto concluía que se trata de una institución singular, española, secular, vinculada con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, de base originariamente fundacional privada, con la consideración y unas características propias que lo aproximan a las de las entidades públicas.
Además, señalaba que en modo alguno podía considerarse una institución foránea y eclesiástica. Y asegura que el Colegio era una fundación, pero reconocía que no cabía aplicar a la misma el régimen normativo actual de las fundaciones. Según el dictamen, el Gobierno "tiene competencias para aprobar unos nuevos estatutos de la institución, a propuesta exclusiva de Exteriores".
El carácter jurídico del colegio, según el Supremo
Sin embargo, la sentencia del Tribunal Supremo relativa al nombramiento del rector también se pronuncia sobre el carácter jurídico del Real Colegio, avalando la postura de los llamados 'bolonios'. La Justicia señala en su sentencia que "se está ante una entidad sui generis que no tiene la consideración formal de fundación conforme a la normativa actual y que no consta que esté inscrita en el Registro de Fundaciones".
"De la literalidad de los Estatutos se deduce que es una entidad privada, secular, de base fundacional, singularizada por la intensa presencia del Estado que se explica por su tradición e historia, prestigio y reputación: prestigia a España en el ámbito europeo, en especial universitario y es un referente de la presencia de España en República Italiana", reza el fallo del Supremo.
El entorno del Colegio de Bolonia cree que, detrás de la modificación de los estatutos, el Ejecutivo esconde la intención de "intervenir" un palacio que alberga un patrimonio de valor incalculable y colocar a dedo a diplomáticos. También acusa al Gobierno de utilizar el Consejo de Estado para elaborar un dictamen ad hoc con el que avalar sus pretensiones.
