El Tribunal Supremo (TS) ha archivado este lunes las querellas presentadas por Izquierda Unida (IU) y Òmnium Cultural, entre otros, contra el Rey emérito por presuntos delitos relacionados con el cobro de comisiones ilegales y con ingresos no declarados a Hacienda, al considerar que están basadas solamente en el "relato periodístico", argumentando que para abrir una causa penal "se precisa algo más".
La Sala de lo Penal ha inadmitido a trámite la querella presentada por IU, el Partido Comunista de España (PCE) y el Foro de Abogadas y Abogadas de Izquierdas (FAIRADE), así como la querella interpuesta por Òmnium Cultural, que se acumuló a la anterior por la identidad sustancial de los hechos denunciados sobre Juan Carlos I.
Los magistrados han indicado que, "con carácter general, una noticia por sí sola, no legitima a ningún accionante popular para convertir el relato periodístico en un relato de hechos punibles desencadenantes del proceso penal". "Los juicios de valor de quien pretende ejercer la acción popular no convierten la noticia en delito", han sostenido.
El alto tribunal se ha mostrado consciente de que "la coincidencia entre lo que es objeto de atención informativa y el contenido de determinados actos procesales es más que previsible". Sin embargo, ha subrayado que "se precisa algo más".
"Lo que no puede aceptar la Sala es que el relato de hechos punibles incorporado a una querella (...) sea una transcripción microliteral de lo que el periódico da a conocer a sus lectores", ha recalcado. Además, ha advertido de que "la acción popular no puede degradar el relevante papel que está llamada a desempeñar en el proceso penal, limitándose a convertir noticias en causas criminales, y mucho menos hacerlo con una regularidad selectiva que esconde una profesionalización del ejercicio de la acción popular".
Al margen de las pesquisas
Ha respondido en la misma línea a otro de los motivos que han esgrimido los querellantes para propiciar la apertura de una investigación penal contra el ex monarca, esto es, las diligencias de investigación que lleva a cabo la Fiscalía del propio del TS.
"De nuevo, la información que parecen tener los querellantes a su disposición es aquella que ha sido facilitada por los medios de comunicación", ha contestado, aprovechando además para aclarar que la Sala de lo Penal desempeña su actividad investigadora con "plenitud y autonomía" respecto a la ejercida por el Ministerio Fiscal.
El nuevo teniente fiscal del TS, Juan Ignacio Campos, lleva más de un año al frente del equipo que investiga las tres diligencias sobre Don Juan Carlos por posibles comisiones procedentes del AVE a La Meca, por el supuesto uso de tarjetas 'black' por parte del Rey emérito y de otros miembros de su familia, y por presuntos delitos fiscales.
No hay exposición razonada
Por último, la Sala II ha rechazado el otro argumento aducido por los querellantes, que han señalado la decisión del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional de reabrir la pieza 'Carol', una derivada del caso 'Tándem' sobre el comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo, en la que se investigan los presuntos negocios opacos del Rey emérito, de los que su ex amiga Corina Larsen habló al ex policía.
El Supremo ha recordado que ni entonces no ahora la Audiencia Nacional ha elevado una exposición razonada, "sea en relación con los hechos inicialmente denunciados, sea sobre los que se califican de novedosos". A este respecto, ha enfatizado que "es al juez instructor al que incumbe practicar, si así lo estima conveniente, aquellas diligencias que le permitan individualizar de forma precisa la acción concreta atribuida a un aforado".
IU, PCE y FAIRADE presentaron en diciembre de 2018 una querella contra Juan Carlos I que fue archivada. Posteriormente, en julio de 2020, pidieron la reapertura tras la imputación --ya sin efecto-- de Larsen en la pieza 'Carol' y el pasado diciembre ampliaron la querella inicial, a raíz de la regularización fiscal del ex monarca y de los "nuevos hechos que se han ido conociendo en los últimos meses", si bien la Fiscalía interesó que se volviera a archivar.
