Actualmente, son tres las empresas que dan este servicio en Muface: Adeslas (Grupo Mutua), DKV Seguros y Asisa. Las dos primeras ya han levantado la voz subrayando que el modelo actual no se sostiene. O dicho de otra manera, que están perdiendo dinero con él.
Los números no engañan: según DKV, las tres aseguradoras han perdido 200 millones de euros en 2023 por Muface. Si miramos todavía más atrás en el tiempo, en los últimos tres años esa cantidad se eleva hasta los casi 500 millones. Con este panorama, tanto Adeslas como DKV ya han dejado claro que no están dispuestas a seguir perdiendo dinero. Una mala noticia para los 2 millones de titulares y beneficiarios de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface).
Este año, el último del concierto con Muface
El actual concierto de Muface (periodo 2022-2024) tiene fecha de caducidad: 31 de diciembre de 2024. Y, de momento, no parece haber acuerdo con el Gobierno. De ahí el ‘grito de guerra’ que repiten por activa y por pasiva desde las aseguradoras: si no se revisa el modelo, no les quedará otra que salir. Bastante en descontento con el Gobierno, pues creen que están dejando esta problemática en un segundo plano.
Lo que piden las aseguradoras básicamente es que se dote de más financiación a Muface. Ante esto, DKV ya ha sido totalmente clara: “Estamos preocupados y analizando si podemos seguir”. Y por si fuera poco, Ignacio Garralda, presidente de Grupo Mutua Madrileña, aseguró en la junta de mutualistas que “el servicio, que ya era claramente deficitario, y que ya ha obligado a muchas empresas que lo prestaban a dejar de hacerlo, es ya económicamente insostenible”.
Con esto, lo que tienen claro las principales compañías del concierto con Muface es que, en función de las nuevas condiciones que ofrezca la Administración Pública, participarán o no en el nuevo concurso.
¿Qué fue lo que llevó a que sucediese esto?
Más allá de la 'dejadez' que están viendo por parte de la Administración las empresas que forman parte de este concierto, las principales circunstancias que han llevado a esta situación, según Ignacio Garralda, son sobre todo dos: baja financiación del sistema y aumento de todos los costes. Y es que la situación actual es muy diferente a la que había cuando se firmó el actual acuerdo allá por el 2021, en parte quizás por todo lo sucedido en la economía española.
Cinco han sido las causas que han disparado los costes: inflación, ampliación de prestaciones, envejecimiento de los beneficiarios, los efectos de la Covid-19 y, por último, la inversión en materia sanitaria, tecnología y maquinaria.
Ante esta tesitura, los grupos sindicales de los funcionarios ya están alzando la voz, pues ha habido recortes en los cuadros médicos, retirada de centros sanitarios completos o la reducción de la atención sanitaria en las zonas rurales, algo inadmisible según la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).
Hasta ahora, la comunicación entre Gobierno y las entidades que prestan la asistencia sanitaria están siendo 'fluida', según los primeros. Y la intención es la de alcanzar 'un reequilibrio financiero”'. Un nuevo convenio que se articulará sobre la base de tres pilares: los mayores costes derivado del envejecimiento de los beneficiarios; la ampliación de la cartera de servicios; y la introducción de la tecnología en los centros sanitarios.
