Cataluña rompió el pasado octubre por su cuenta y riesgo la regulación del espacio aéreo nacional con una tasa sobre las emisiones de CO2 a las compañías que operan desde el aeropuerto de El Prat para vuelos comerciales. La CNMC acaba de hacer un duro informe contra el mal llamado impuesto verde, pero desde el Gobierno, en concreto desde el Ministerio de Fomento, ha habido una reacción nula. Se trata de una carga fiscal que no existe en ninguna otra parte de España y que ha levantado las protestas de las compañías aéreas por lo que implica para sus costes y por las dificultades que les supone no poder operar en todo el territorio con las mismas reglas de juego.
La carga fiscal impuesta a las aerolíneas por la Generalitat no existe en ninguna otra parte de España
“Al tratarse de una tasa medioambiental, no es de nuestra competencia”, asegura un portavoz autorizado de Fomento. En el Gobierno se comparte la idea de que se trata de un impuesto “surrealista y disparatado”, asegura una fuente oficial, aunque la respuesta haya sido inexistente y no se estudia, de momento, recurso alguno.
La palanca para recurrir la ley que da cobertura a este impuesto se la ha puesto en bandeja al Ejecutivo el regulador. En su informe, la CNMC precisa que la tasa no presenta “una lógica clara” respecto a la finalidad de protección del medio ambiente que indica perseguir”. Además, advierte que empresas que operen en otros modos de transporte o en otros aeropuertos, pueden perder cuota de mercado sin que ello obedezca a una mayor eficiencia. Tampoco parece, asegura el regulador, que esta tasa pueda favorecer la competencia entre aerolíneas, ni indirectamente entre aeropuertos y, sin embargo, sí puede fomentar las diferencias no justificadas entre las compañías de vuelo teniendo en cuenta que el impuesto afecta solo a un máximo de 20.000 operaciones anuales por firma y aeropuerto. La lógica dice que de esta situación se beneficiarán las empresas que mayor número de operaciones realicen en El Prat, en detrimento de otras.
La irracionalidad del gravamen se asienta también, a juicio de la CNMC, en otras causas: se aplica solo a los vuelos de transporte de viajeros, no de mercancías. Además, la Generalitat distingue entre los vuelos directos intracomunitarios y los de conexión con otros aeropuertos, por lo que los primeros soportan un tipo impositivo que duplica al que se aplica a los pasajeros de la segunda categoría, tres euros frente a 1,5.
Fomento no reacciona, pese a haber promovido el informe del regulador
La CNMC ha analizado las observaciones que le han hecho llegar desde la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Fomento, la secretaría de Estado de Infraestructuras, dependiente del mismo departamento, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo y la Asociación de Líneas Aéreas, que también se ha dirigido por carta al Defensor del Pueblo. Ha tenido en cuenta muchas de sus consideraciones pero, al final, el Gobierno no ha movido un dedo.
Con este impuesto, la Generalitat pretende recaudar casi tres millones de euros, por lo que otras comunidades, ante la pasividad de Fomento, pueden seguir el mismo ejemplo.
