Víctor Valentín es vicepresidente de Dignidad y Justicia, Asociación dedicada de todas las Víctimas del terrorismo
A lo largo de la historia, cualquier tipo de violencia sostenida en busca de un objetivo ha optado por llevar sus demandas a las calles mediante acciones de menor intensidad. Esto ha permitido mantener una tensión constante con las instituciones y evitar que la causa quede estancada entre sus seguidores.
ETA, después de casi 30 años de atrocidades, comprendió que la “lucha callejera” no es una manifestación más del discurso del odio, sino un terrorismo de baja intensidad con una relación calidad-precio insuperable. Tras la desarticulación de la cúpula de ETA en Bidart (Francia) en 1992, entre la documentación incautada a José Luis Álvarez Santacristina, alias “Txelis”, se encontraba el documento “sobre “Y” vasca”, este escrito pretendía dar sentido a ese sentimiento de pueblo que busca un fin en la violencia. “Txelis” organizó las acciones creando tres niveles; "X" (espontánea y desestructurada), "Y" (de masas, organizada e ilegal) y "Z” (armada, la de ETA propiamente dicha). Es así como nace el “terrorismo de baja intensidad” en España, con un planteamiento casi perfecto, Jóvenes radicales agrupados, diferenciados y con objetivos concretos.
A lo largo de los años estas estrategias de lucha callejera han mutado constantemente, adaptando su necesidad al contexto urbano, social y político del momento. Como, por ejemplo, las acciones de los Comités de Defensa de la República (CDR) en Cataluña, que tienen estructuras jerarquizadas, reciben órdenes precisas y cuentan con una red de apoyos con gran capacidad de coordinación. Los CDR son el escalón más bajo y visible de una nueva forma de violencia que está pendiente de ser juzgado en la Audiencia Nacional como terrorismo. Nuestras policías han sabido contextualizar este tipo de terrorismo y, sobre todo, dar una respuesta proporcionada para garantizar la paz social.
La Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana combate el terrorismo de baja intensidad en su concepción más temprana desde la vía administrativa. Hay sectores de la sociedad que llevan años exhortando que es una “ley mordaza” con la intención de provocar un debate estéril en torno al derecho de manifestación y reunión, plenamente garantizados en España, para desviar la mirada social y rebajar así las exigencias del concepto de terrorismo. Esta ley permite, entre otros, sancionar a aquellos que perturben la seguridad ciudadana en actos públicos, espectáculos deportivos o culturales, solemnidades y oficios religiosos, causen desórdenes en las vías, espacios o establecimientos públicos, u obstaculicen la vía pública con mobiliario urbano, vehículos, contenedores, neumáticos u otros objetos, o perturben el desarrollo de una reunión o manifestación …
Actualmente, las fuerzas y cuerpos de seguridad, expertas en este tipo de conflictos, requieren una ley, como la actual ley de seguridad ciudadana (no como la reforma que ahora quieren acometer que desvirtúa el espíritu de esta norma). Lo policías necesitan de herramientas legales que les permitan garantizar en la vía pública los derechos y libertades de los ciudadanos frente a quienes quieren romper la convivencia. Las fuerzas y cuerpos de seguridad necesitan una ley contra ese terrorismo de baja intensidad que se transforma en violencia callejera y viceversa.
