Un objetivo del I Plan de Igualdad de las Cortes Generales establece, paradójicamente, una desigualdad: su contenido, incluido el uso de lenguaje inclusivo, obliga al personal funcionario, laboral y eventual del Congreso, pero no a Sus Señorías. Los diputados tendrán una libertad expresiva que los taquígrafos, letrados, administrativos, etc. han de transformar en “lenguaje no sexista en la comunicación institucional” y en “los documentos de la Administración parlamentaria”. La Cámara Baja ha aprobado las recomendaciones para una guía de esa naturaleza y, dentro del apartado sobre comunicación y lenguaje inclusivo, de un rediseño del vestuario del cuerpo de ujieres: se dotará a las chaquetas de perspectiva de género unificando su abotonadura, ya que las masculinas, con doble fila de botones, dan más prestancia que las femeninas. Todo ello en virtud de un plan para alcanzar en el Parlamento una igualdad que ya estaba conseguida cuando fue elaborado.
Las instrucciones lingüísticas que han recibido luz verde de la Mesa del Congreso este mes, las mismas sobre las que el Senado aún no ha decidido, nacen de la ideología del igualitarismo femenino, un cuerpo doctrinal ajeno a la lexicografía, a normas y usos gramaticales y sintácticos y, por supuesto, a los dictámenes y recomendaciones de la Real Academia Española. Esa doctrina ha alumbrado 120 guías “para uso no sexista del lenguaje” registradas en el Instituto de las Mujeres, de las que 30 han salido de la administración central y administraciones locales. Su eje común es la guerra sin cuartel al genérico masculino sustituyéndolo por formas impersonales o multiplicando los desdoblamientos tipo médicos y médicas, vascos y vascas, etc., sin atenerse al uso de los hablantes ni a la economía expresiva.
El neolenguaje de género que se va a implantar en el Congreso de los Diputados con el beneplácito de todos los grupos parlamentarios no es previsible que reciba objeción de una Real Academia cuyo director, Muñoz Machado, el mismo que ignora la marginación del español en las escuelas catalanas, acepta de buen grado que el PERTE de la Lengua obligue a evitar la ‘discriminación de género en los algoritmos’ de Inteligencia Artificial, y eso a cambio de sustanciosas subvenciones. Ahora no se oirá la voz de la Docta Casa ante la invasión de ese léxico en terrenos propios de la gramática o la sintaxis, modificando sustantivos, adjetivos, artículos, tiempos verbales…
En el ámbito de las instituciones del Estado hubo en 2018 una primera emboscada a la naturalidad expresiva a cargo de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad, Calvo Poyato, pidiendo a la Real Academia una modificación del texto constitucional por estar “redactado en masculino”. La respuesta le llegó en 156 páginas explicando que en este asunto la única autoridad es “el uso mayoritario de la comunidad hispanohablante” y recordando la razón y sentido del masculino como género inclusivo.
Y el informe Sexismo lingüístico y visibilidad de la mujer (2012) del académico Ignacio del Bosque, rubricado por otros 26 miembros de la RAE, insiste en que el “uso no marcado (o uso genérico) del masculino para designar los dos sexos está firmemente asentado en el sistema gramatical del español”. A la vez que pregunta “qué autoridad poseen las personas que tan escrupulosamente dictaminan la presencia de sexismo en tales expresiones”, pone el dedo en la llaga: “es fácil adivinar cuál sería la reacción de las universidades, las comunidades autónomas, los ayuntamientos o los sindicatos si alguna institución dirigiera a los ciudadanos otras guías (…) sobre cuestiones que competen a esos organismos (…) sin consultar con ellos (…) cuando no despreciando abiertamente sus criterios”.
Esta terminología que se quiere implantar en sede parlamentaria, aunque liberando de la misma a diputados y senadores, se inspira en veinte normas de diferente rango de ámbito estatal sobre igualdad, violencia de género y orientación sexual, más cuatro leyes autonómicas y, por supuesto, toma como referencia las guías lingüísticas registradas en el Instituto de las Mujeres y acogidas al Fondo Social Europeo. Ese organismo del Ministerio de Igualdad tiene editados siete documentos didácticos sobre lenguaje no sexista pensados para su uso en instituciones públicas y en áreas como la jurídica, la salud o el deporte, desarrollando la estrategia de combate al ‘androcentrismo lingüístico’ y extremando la feminización terminológica en aras de la visibilidad de la mujer.
Esa doctrina que ahora se traslada a la Cámara Baja siembra la comunicación oral y escrita de consignas que distorsionan el léxico común, como al impedir el uso del término ‘hombre’ para referirse al `ser humano´. Son normas que se materializan en formas artificiosas o ridículas como las que para el mundo sanitario dictan evitar los genéricos “los médicos”, “las enfermeras”, “los directores” empleando en su lugar “el personal médico”, “el personal de enfermería” y “el personal directivo”. Propuestas similares aparecen en el documento didáctico Hablamos de leyes, del que a continuación se muestran ejemplos de su incursión en la redacción constitucional y en el Reglamento del Congreso.
Cuando las entonces presidentas del Senado y del Congreso de los Diputados, Pilar Llop y Meritxell Batet presentaron solemnemente en 2020 el I Plan de Igualdad de las Cortes Generales que establece la terminología inclusiva en ambas Cámaras, pasaron por alto que dicho plan incluye una encuesta a los empleados de Congreso y Senado en la que mayoritariamente reconocen que se cumplen los requisitos de igualdad en la composición de plantillas, acceso, promoción en el empleo, retribuciones y así hasta en siete de lo ocho parámetros medidos. Solo se incumplen en los comités de empresa, “masculinizados en un 100%”.
No obstante se hace un seguimiento anual del Plan de Igualdad, resultando en la evaluación de este año que del capítulo correspondiente a `Comunicación y lenguaje inclusivo´ están casi cumplidos los objetivos de `Revisión y modificación de los diseños de los uniformes del Cuerpo de Ujieres de las Cortes Generales´ y `Adaptación a la fisionomía de hombres y mujeres de los uniformes de Ujieres de las Cortes Generales´. Ambos se refieren al suministro de “vestuario con perspectiva de género” de acuerdo con una Nota sobre la Uniformidad del Cuerpo de Ujieres elaborada por el Departamento de Igualdad, Prevención y Salud Laboral.
“Las diferencias en la uniformidad no obedecen a una cuestión objetiva relacionada con la diferente fisonomía masculina y femenina -se dice en las conclusiones de este capítulo- sino que se detectan varios estereotipos de género”, entre ellos que “el uniforme masculino lleva levita, prenda de origen francés considerada de etiqueta, mientras que el femenino lleva solo chaqueta corta” y el pantalón para hombre “denota una marca de género muy significativa, lleva un galón dorado (…) mientras el femenino, con falda, no lleva galón en ninguna de las dos piezas”.
La implantación de esta forma de expresión en el Congreso de los Diputados llega, según el acuerdo de la Mesa del pasado día 5, a la cartelería y señalética en los edificios de la Cámara Baja. La guía no sexista incluye la eliminación de “imágenes estereotipadas de hombres y mujeres” en los rótulos, símbolos y pictogramas, incluyendo nuevas placas de despacho que “se rotularán siguiendo criterios de lenguaje inclusivo”.
Que la profusión de normas de las 69 páginas del Plan de Igualdad de las Cortes, vigente desde 2020, tengan como aportación más sobresaliente una guía lingüística para los empleados, no es algo singular en los organismos oficiales, donde se ha alcanzado la igualdad entre ambos sexos por un proceso natural. En el caso, por ejemplo, del Ministerio Fiscal más del 60% de sus miembros en la mayoría de CC. AA. son mujeres, algo que deja en el olvido las consignas de las listas cremallera.
No decae, sin embargo, la militancia en esta forma de expresarse desde los centros del poder político de diferente color. Un fervor militante que ha abrazado el director del Instituto Cervantes, hasta el punto de `versionar´ interesadamente unas palabras de cortesía de doña Letizia respecto a unas páginas del anuario del Cervantes sobre lenguaje para la inclusión. Luis García Montero, aparte de incurrir en falta de respeto y protocolo por desvelar comentarios de la Reina hechos en privado, ha querido llevarla al terreno del ideologizado léxico no sexista, el mismo que divulga el último anuario del Instituto Cervantes con aportaciones del propio García Montero y de dos profesoras de la Universidad de Barcelona, siempre en aras de la igualdad y la diversidad.
