La toma de El Prat, el boicot a la jornada de reflexión, el bloqueo de las conexiones con Francia o los balones amarillos del Barça-Real Madrid son algunas de las acciones de Tsunami que el juez de la Audiencia Nacional describe pormenorizadamente en su auto de Tsunami Democràtic y que a su juicio buscaron ir "contra los intereses económicos nacionales".
El primero de los actos que recoge el juez instructor Manuel García Castellón en su resolución son los hechos acaecidos el 14 de octubre --justo cuando trasciende la decisión del Supremo sobre los líderes independentistas del 'procés'-- y que iban encaminados al "bloqueo de infraestructuras críticas del Estado" como fue el colapso del Aeropuerto de Barcelona-El Prat, el intento de bloqueo de la torre de control ENAIRE de Barcelona-Gavà y el intento de bloqueo del Aeropuerto de Madrid-Barajas.
Del primero dice que Tsunami lanzó el mensaje 'Tothom a l'aeroport' (Todos al aeropuerto) y que logró que "miles de personas se desplazaran por cualquier medio al Aeropuerto del Prat" lo que produjo "una aglomeración que provocó la detención de la actividad".
Explica que esta acción conllevó "otro tipo de ilícitos" como la falsificación de tarjetas de embarque de avión que permitieron que los participantes pudieran sortear los controles de seguridad del Aeropuerto de Barcelona y acceder al interior de las instalaciones, extremo confirmado por la compañía aérea Vueling.
El juez apunta que, "siguiendo una pauta, aparentemente planificada", la organización instó a su vez a que la masa cerrara los accesos y bloqueara el centro de control aéreo ENAIRE de Barcelona-Gavà.
Tras explicar que esa acción fue interrumpida por los Mossos destaca la importancia estratégica de este objetivo y las graves consecuencias que pudo tener para la seguridad del tráfico aéreo nacional e internacional, ya que si hubieran logrado impedir el cambio de turno de los controladores aéreos de la instalación, "podría haber tenido un resultado catastrófico de consecuencias imprevisibles para las personas que en ese momento se encontraban en vuelo a bordo de las aeronaves en el área objeto de control, con el evidente riesgo y peligro para sus vidas".
Sobre la toma de El Prat destaca que tuvieron lugar altercados y disturbios en el interior "que ocasionaron una alteración grave de la paz pública", que hubo "importantes desórdenes y desperfectos públicos" con afectación directa de la libertad deambulatoria de numerosos ciudadanos y que "se puso en riesgo la integridad física de numerosos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de los propios manifestantes, de los viajeros y los trabajadores de la instalación, además de la propia seguridad aérea". De hecho subraya que en ese marco "se produjo el fallecimiento de una persona".
García Castellón explica que esos disturbios del primer día arrojaron un total de 125 heridos de los que 47 eran policías. Y añade que la investigación determinará si el fallecido en El Prat es imputable a los responsables de Tsunami. Cifra los daños en 978.000€ para Vueling, y 1,2 millones para AENA, aunque matiza que esa segunda cifra fue corregida por el Ministerio de Transporte en agosto de 2023 que la situó en 815.000€.
Barajas, huelga general y vía laietana
Sobre la "acción planificada" para el aeropuerto de Madrid-Barajas y que buscaba el colapsarlo como El Prat, el juez indica que se han obtenido indicios de la existencia de vehículos preparados para acometer la acción antes del anuncio en las redes sociales de la iniciativa por lo que "no fue casual, y responde a una intención premeditada de actuar contra las infraestructuras críticas del país".
El juez analiza la huelga convocada por Tsunami y señala que ese día 18 "se produjeron alteraciones graves de la paz social y del orden público". Recoge que se saldó con mas de 80 policías heridos y destaca el ataque que sufrió un agente al que le impactó una piedra en la cabeza que le dejó inconsciente.
En cuanto a los sucesos del 26 de octubre, el magistrado de la Audiencia Nacional recuerda que tras la manifestación independentista "una aglomeración de personas se concentró frente a la sede de la Policía Nacional sita en Vía Laietana" y se dieron "altercados, disturbios y múltiples daños a la propiedad pública". Apunta que antes de la manifestación, desde las redes de Tsunami, los organizadores se sumaron a la misma y corrieron la voz de que habría 'QR' de la plataforma en el recorrido.
Sobre las acciones del 1 al 11 de noviembre, el juez explica que hubo un "intento de afectación al proceso de las Elecciones Generales". Y desarrolla que la investigación ha permitido comprobar que Tsunami el mismo día 1 convocó a través de redes a desobedecer a la Junta Electoral Central (JEC) organizando durante la jornada de reflexión del día 9 de noviembre una serie de actividades culturales, políticas y festivas (...) pretendiendo, con ello, interferir en el proceso electoral".
García Castellón indica que esa convocatoria se hizo "con clara intención de actuar frente al Estado", pues se señala que el objetivo es "reclamar al Estado español que reflexione (...) sobre la condena del Tribunal Supremo y las decenas de presos políticos y exiliados". "Es evidente que hubo una voluntad de afectación en el proceso, al elegir, precisamente esta fecha para su movilización. La instrucción deberá esclarecer si quedan registros de los actos que se realizaron, y examinar si se efectuaron proclamas o mensajes de carácter partidista", apostilla el magistrado.
Y recuerda que dado que Tsunami "había sido ampliamente difundida y apoyada, desde su nacimiento, por líderes de los partidos políticos independentistas", su posicionamiento "no era neutral" y se alineaba en una determinada posición política "que correspondía con partidos que se presentaban (...) a las elecciones".
Bloqueo de infraestructuras, Ibex-35 y CDR
El juez recuerda también que entre el 11 y el 13 de noviembre Tsunami llevó a cabo una acción con "carácter claramente transnacional" que consistió en bloquear el paso fronterizo de La Junquera, y cortar una de las líneas de comunicación terrestre "más importantes del país, la AP-7, que une España con Francia".
Explica que para tener éxito en este caso se contó con la colaboración de los CDR, "organización que se ha calificado por la Fiscalía en el sumario 5/2021 como organización terrorista". El juez también hace mención a la 'Operación Caracol' con la que Tsunami buscó bloquear el paso de Hendaya, "con la clara intencionalidad de afectar a las importaciones y exportaciones".
El juez pone el foco en este caso en que el entonces president Quim Torra "justificó la acción, afirmando que no habría cargas de los Mossos contra los manifestantes, pese al perjuicio económico que se estaba causando". Y afea "la sintonía estratégica que, desde los resortes del poder institucional en ese momento asentado en Cataluña se estaba produciendo con las acciones de Tsunami".
El juez hace referencia también al intento de boicot del partido que disputaron el FC Barcelona y el Real Madrid el 18 de noviembre de 2019. Explica que Tsunami propagó por Twitter los lugares de concentración alrededor del Camp Nou y buscó "emplear este evento como altavoz internacional para recabar apoyo extranjero y buscar afinidades".
El auto recoge asimismo las actuaciones contra empresas que según Tsunami financiaban la represión de sus objetivos, y explica que consistieron en la ocupación de oficinas y pegadas de carteles de algunas empresas, en su mayoría vinculadas al Ibex-35, como Caixabank, BBVA, Santander, Repsol, Telefónica, Iberdrola, El Corte Inglés e Inditex.
