El juez del caso Neurona, Juan José Escalonilla, ha reservado el día 26 de abril para escuchar a una docena de trabajadores de Podemos. El magistrado agota así todas las vías para esclarecer sus dudas respecto a si la consultora mexicana prestó los servicios electorales por los que el partido le pagó 363.000 euros por los comicios generales de abril de 2019.
El Juzgado ha escuchado los testimonios desde mayor responsabilidad en el partido a menor. Podemos se encuentra formalmente imputado en este caso así como algunos de sus máximos dirigentes como Juan Manuel del Olmo, el responsable de comunicación y persona de confianza del líder Pablo Iglesias. También el cofundador de la formación Juan Carlos Monedero.
Entre los doce citados para el día 26 de abril desde las 9.15 horas se encuentran algunos de los nombres y actores secundarios que han ido apareciendo a lo largo de casi un año de pesquisas. Es el caso de Guillermo Magariños Martínez, coordinador de todo el equipo de campaña electoral del 28 de abril de 2019.
Guillermo Magariños
En su declaración, Del Olmo explicó que en una campaña hay muchos trabajos que se hacen de forma verbal y que no todo se queda registrado por escrito. A pesar de ello, detalló que una de las consultoras inicialmente investigada como ABD se dedicaba a labores de Big Data y detectaban nichos de posibles votantes. “Ellos hablaban con Neurona, Neurona hacía los vídeos y los subía a Facebook. Los vídeos y los diseños de Neurona iban dirigidos en función de las recomendaciones de ABD”, explicó. A continuación dijo que quien validaba esos trabajos era una persona de su equipo llamada, Guillermo Magariños.
Otro de los citados es Karin Gajardo Aravena, miembro integrante del equipo de campaña electoral y responsable de los servicios contratados con Facebook y redes sociales donde se insertaban los vídeos realizados por Neurona. El resto de los citados, tal y como avanzó ABC, son todo miembros del equipo de campaña ya sea del área de audiovisuales, redes sociales, diseño gráfico, o el departamento de prensa.
Caja de solidaridad
Entre todos ellos, llama la atención la presencia de Irene Lingua, nombrada a finales de 2019 asistente en el Congreso de los Diputados a propuesta de la actual ministra Irene Montero. Su nombre ya salió en una de las líneas de la investigación que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid. Tiene que ver con el presunto desvío de fondos del partido procedente de donaciones de sueldos de sus cargos. Ese dinero iba a la llamada caja de solidaridad de Podemos prevista para fines sociales, pero la Audiencia Provincial sospecha que al menos una parte fue a parar a cargos de la formación.
Los jueces de la Audiencia Provincial ordenaron al juez Escalonilla que reabriese ese casi que había archivado al apreciar un presunto delito de administración desleal. Las dudas se centran en el pago de al menos 30.000 euros a una asociación integrada por seis miembros del partido, "algunos de ellos con cargos relevantes". Entre ellos se encuentra la testigo Irene Lingua. El juez, que inicialmente había fijado la fecha del 19 de abril, ha reservado entre las 9.15 y las 14.45 para tomarles declaración a todos.
