Sergio Valdepeñas, Mario Hernández, Miguel Ángel Díaz, Víctor Manuel Zamora y Javier Muñoz. Militares, todos ellos. Unos, del Ejército de Tierra; otros, de Infantería de Marina. Perdieron la vida en una tragedia de la que pronto se cumplen diez años; una tremenda explosión con unas minas contracarro “caducadas” en un ejercicio en Hoyo de Manzanares (Madrid) cuando se preparaban para marcharse al Líbano. Tres compañeros sí pudieron contarlo, aunque sufrieron heridas de diversa consideración -algunas de ellas muy graves y con secuelas permanentes-. Y ahora suplica por una resolución judicial que tarda demasiado en llegar.
Archivos, reaperturas y nuevos informes de peritos; cambios de juez, largos periodos de espera y más tomas de declaraciones. Una década de proceso judicial que avanza a trompicones. El teniente José Manuel Candón, herido en aquel episodio, denuncia el “abandono” que sufre por parte de las instituciones. Y detalla los pormenores de un periplo judicial que, a marchas forzadas, ha ido arrastrando durante la última década.
La batalla se libra en el Juzgado Togado Militar Territorial (JUTOTER) número 11, que abrió diligencias el mismo día en que tuvo lugar la fatalidad, 24 de febrero de 2011. Desde entonces, el teniente Candón ha vivido una montaña rusa: física, en un largo proceso de recuperación tras perder un ojo y casi la vista en el otro, amén de 35 intervenciones quirúrgicas para diferentes reconstrucciones; y de desgaste emocional por los exabruptos judiciales.
El cuaderno de José Candón salta entre los lapsos cronológicos que marcan ese recorrido. El punto de partida lo marca la apertura de las diligencias en febrero de 2011, a las que sigue el auto de archivo en febrero de 2013. Tres meses después, otro auto del Tribunal Militar Territorial 1º de Madrid en el que se revoca el archivo. Y en octubre de ese año, el JUTOTER acuerda de nuevo el carpetazo de las diligencias.
Cuatro años de parálisis hasta que en noviembre de 2017 se solicitó la reapertura de las diligencias previas. El JUTOTER lo desestimó, pero en abril de 2018 el Tribunal Militar Territorial de Madrid reactivó la causa. Desde entonces se han tomado nuevas declaraciones y realizado informes para intentar aclarar qué ocurrió en aquellas maniobras.
El estado de las minas
El principal foco de debate apunta a la idoneidad de las minas contracarros que se emplearon en los ejercicios. “Estaban caducadas”, denuncia José Manuel Candón. El material armamentístico se clasifica en tres categorías: Útil-1, en buenas condiciones; Útil-2, de consumo preferente; e Inútil, también llamado Estado 40. Las minas que se emplearon en las maniobras formaban parte de esta última categoría.
¿Cuál es el destino de este material? Como contó Vozpópuli, el Gobierno resolvió el pasado mes de junio una petición de información presentada por Vox, en la que señalaba la existencia de más de 100.000 minas contracarro en Estado 40 en el Ejército de Tierra que debían pasar por un proceso de desmilitarización.
Sin saber que las minas estaban caducadas, ¿cómo va a tener validez ese informe pericial?", se pregunta el teniente de Infantería de Marina
¿Son esas minas aptas para la realización de ejercicios? “Defensa ha admitido que no”, señala José Manuel Candón, quien lamenta la “parálisis” del procedimiento judicial. Y apunta a la declaración en febrero de 2019 de un equipo de peritos TEDAX de la Guardia Civil, que analizó el estado de las minas.
Un informe que el infante de marina pone en duda: “A instancia de su señoría, [los peritos] quieren poner de manifiesto que desconocían según consta en el escrito de actuaciones mostrado que a fecha 31 de diciembre de 2010 las ocho minas estaban en estado 40”, recoge el escrito de su declaración. "Sin saber que las minas estaban caducadas, ¿cómo va a tener validez ese informe pericial?", se pregunta el teniente de Infantería de Marina.
Desde entonces apenas ha habido avances considerables en el procedimiento. José Manuel Candón y su defensa recuerdan que diez años después no hay una respuesta judicial definitiva. Por eso, este lunes, 8 de febrero de 2021, presentaron un escrito en el juzgado -junto al brigada Raúl Alfonso González, también gravemente herido en el episodio- en el que ruegan que se dicte la “oportuna resolución” del caso; tecnicismo judicial con el que este militar que sobrevivió a la explosión resume el hastío por la falta de respuesta… tras una década de la tragedia.
