El comisario José Villarejo puso en marcha desde prisión un plan para lucrarse con la información confidencial que todavía obra en su poder. Esa es la sospecha de los investigadores que el viernes se presentaron en la cárcel madrileña de Estremera para registrar su celda y llevarse documentación. Según informan a Vozpópuli fuentes de la investigación, la trama llegaba a pedir cantidades millonarias de dinero a cambio de estos datos.
Además del registro, al polémico excomisario le comunicaron formalmente una nueva imputación y arrestaron a su mujer, Gemma Alcalá Garcés. También a dos excompañeros de prisión llamados Javier Ruiz y Alfonso Pazos así como a la esposa de este último. Todos ellos pasarán esta semana ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón para prestar declaración. Ellos eran los encargados de negociar la venta de esta documentación en el exterior, según las mismas fuentes.
Las detenciones se han producido ahora porque los investigadores de Asuntos Internos y la Fiscalía Anticorrupción descubrieron que estaban llevando a cabo una filtración de información. Las detenciones tenían el objeto de frustrar esa operación. La causa permanece bajo secreto de sumario en el marco de la pieza separada número 28 dentro de la macrocausa derivada de las actividades de Villarejo. No obstante, según las mismas fuentes, las pesquisas son de largo recorrido y llevan tiempo tras los pasos de esta trama.
Sobre la documentación con la que supuestamente estaba comerciando Villarejo afecta, entre otros, al rey emérito y a dirigentes independentistas catalanes. Entre el material investigado no se encuentra de momento las grabaciones entre Corinna y Villarejo publicadas en el verano de 2018 y que han terminado con una investigación en la Fiscalía del Tribunal Supremo por su posible conexión con delitos de blanqueo realizados por Juan Carlos I.
Bienes embargados y cuentas bloqueadas
Villarejo contaba antes de su arresto con numerosas propiedades tanto en España como en el extranjero, incluido su piso de oficinas en la Torre Picasso de Madrid. La operación Tándem provocó que la Audiencia Nacional embargase todos sus bienes y bloquear sus cuentas bancarias. Al estar en prisión, el dinero dejó de entrar en las arcas de Villarejo y su entorno. Se frenó su intensa actividad lucrativa en la que ofrecía sus servicios como investigador a clientes adinerados haciendo valer su influencia en el Cuerpo y su acceso a bases de datos confidenciales.
Gemma Alcalá, periodista de profesión, ya fue detenida al inicio de la operación Tándem y después quedó en libertad. Ya está procesada y a la espera de juicio por su vinculación con otras actividades de su marido como la grabación ilegal a dos miembros del CNI durante una reunión con el exresponsable de Asuntos Internos Marcelina Martín Blas. También se hizo pasar por una cazatalentos bajo una identidad falsa para contactar con la trabajadora de un despacho de abogados que investigaba su marido en uno de estos encargos privados.
La esposa de Villarejo fue detenida en su casa de Boadilla del Monte el viernes pasadas las 8 de la mañana. Allí se procedió a un registro. Su abogado es Javier Iglesias, quien aparece en numerosas escuchas del caso. Villarejo y sus hombres de confianza se refieren a él como El Largo. De los audios de la trama Kitchen donde se investiga el presunto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas los investigadores deducen que el comisario consideraba a este abogado como su enlace con la cúpula del PP.
Comunicaciones intervenidas en prisión
En diciembre de 2018 varios medios de comunicación informaron de que el comisario jubilado había pedido a la Fiscalía Anticorrupción a través de Javier Iglesias que informase favorablemente su petición de libertad provisional a cambio de no difundir información comprometedora que atesora tras años grabando reuniones y conversaciones con todo tipo de personalidades del Estado. Tanto Iglesias como el abogado de Villarejo niegan que se les hiciese ese planteamiento a los fiscales.
También, en diciembre de ese año, el director del centro penitenciario de Estremera tomó la decisión administrativa de intervenir las comunicaciones del excomisario por el riesgo del uso fraudulento de las mismas y la posibilidad de que este interno filtre datos que pongan en riesgo la seguridad del Estado. En este nueva operación se acusa a los detenidos de los delitos de organización criminal, infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos.
La operación pone en cuestión la versión de Villarejo, que dijo al juez que desconocía las claves con las que poder desencriptar sus archivos. En escuchas de la causa, en cambio, llegó a presumir de tener varias copias de seguridad a buen recaudo. Esta es una de las razones por la que sistemáticamente se le ha denegado la puesta en libertad provisional. El comisario siempre dijo que era el CNI quien podía abrir sus documentos, pero los servicios secretos ya informaron al Juzgado que tan solo habían tenido acceso a un 50 por ciento del ingente material que el mando acumuló durante décadas grabando sus conversaciones privadas.
