El Gobierno ha presentado este viernes un paquete legislativo para mejorar la lucha contra la corrupción que incluye medidas como la prohibición de condonar deudas a los partidos y la prohibición de las donaciones de personas jurídicas a las formaciones políticas. Igualmente, recoge novedades como la de que las personas condenadas por delitos de terrorismo no puedan ser altos cargos de la Administración mientras no se cancelen los antecedentes penales.
Así lo ha avanzado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que ha pilotado este plan de regeneración democrática. En concreto, ha presentado dos anteproyectos: la ley reguladora del régimen económico financiero de los partidos y la ley reguladora del alto cargo de la Administración General del Estado, dos normas que el Ejecutivo quiere consensuar con los grupos parlamentarios durante el trámite parlamentario.
Como principales novedades en la primera norma se incluye la de prohibir las donaciones de personas jurídicas a los partidos. "Hasta ahora los partidos podían recibir donaciones con un limite de 100.000 euros anuales. Ahora se prohíben completamente las donaciones que tengan su origen en personas jurídicas", ha manifestado Sáenz de Santamaría.
Sáenz de Santamaría ha aclarado que se mantienen las donaciones por parte de las personas físicas, que no se pueden prohibir, entiende el gobierno, porque forman parte de la "libertad individual" y suelen realizarse por simpatía con la formación política o por interés en colaborar con ella.
La vicepresidenta ha destacado también que la futura ley de régimen económico financiero de los partidos incluirá además la "prohibición de condonaciones de deuda por parte de entidades de crédito a los partidos", así como la imposibilidad de refinanciarla a precios por debajo del de mercado. Además, se regula cómo devolver las donaciones que se reciban indebidamente y que de no ser posible hacerlo, se ingresarán en el Tesoro Público.
Enmiendas al código penal
Por lo demás, según se había venido anunciado, se refuerza la obligación de presentar datos ante el Tribunal de Cuentas, cómo se debe llevar la contabilidad, qué responsabilidad tiene el responsable económico-financiero del partido, la obligación de inscribir en el registro de partidos las fundaciones y asociaciones.
Se especifica también el procedimiento de contratación que deben seguir los partidos y se recogen las responsabilidades de supervisión interna que tienen.
La vicepresidenta ha explicado que la ley también recogerá medidas de tipo penal, pero que su concreción se introducirá mediante enmiendas a la reforma del Código Penal que tramita el Congreso. Una de ellas servirá para introducir el delito de financiación ilegal de partidos; además, se endurecerán las penas por prevaricación, se reforzará la persecución del cohecho, el tráfico de influencias o los delitos patrimoniales, y se revisará el delito contable.
Sáenz de Santamaría ha asegurado que el proyecto se remitirá al Consejo de Estado para que informe y también al Tribunal de Cuentas, del que esperan aportaciones sobre su propio papel en este asunto, papel que será reforzado. La norma, en conjunto, modificará otras tres: la de partidos, la de financiación de partidos y la de este Tribunal.
Los altos cargos
En cuanto a la ley reguladora del ejercicio del cargo público, Sáenz de Santamaría ha subrayado que esta norma establece el conjunto de "obligaciones" de altos cargos. Entre las novedades destaca el hecho de que las personas condenadas, incluidos los delitos de terrorismo, "no podrán ser nombrados altos cargos mientras no se le cancelen los antecedentes penales", según ha dicho la vicepresidenta.
La norma recogerá también el régimen retributivo de estos cargos, la obligación de que presenten una declaración de bienes y rentas, las limitaciones en los gastos de representación y un sistema de alerta temprana de conflictos de intereses. La vicepresidenta ha destacado que se refuerza la Oficina que supervisa estos conflictos, que tendrá más independencia y cuyo director, aunque elegido por el Gobierno, deberá comparecer en el Congreso.
