Otros dos de los condenados por la agresión a dos guardias civiles y sus novias en octubre de 2016 en la localidad navarra de Alsasua que se encontraban en prisiones de la Comunidad de Madrid han sido trasladados a las cárceles de Zaballa (Álava) y Pamplona, según informan en fuentes penitenciarias a Europa Press.
El primero ha sido Aratz Urrizola, que ha ingresado ya en la cárcel de Zaballa trasladado desde la prisión de Soto del Real, para seguir cumpliendo su condena a 9 años de prisión por delitos de atentado a agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas.
Precisamente, Jon Ander Cob y Julen Goicoechea, condenados por los mismos delitos a una pena de nueve años de cárcel, ingresaron el pasado 24 de agosto en la misma prisión alavesa tras un traslado ordinario desde las prisiones madrileñas en las que se encontraban.
Asimismo, se ha procedido al traslado de Adur Ramírez, que en las próximas horas ingresará en la cárcel de Pamplona desde la prisión de Aranjuez donde se encontraba para continuar con su condena que, como en los casos anteriores, es de nueve años, de acuerdo a las mismas fuentes.
En total, ocho personas fueron condenadas por la agresión sobre los dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua en octubre de 2016, aunque fueron siete los que entraron en prisión porque a Ainara Urquijo, también encausada, se le impuso una pena de dos años y no tenía antecedentes.
Cinco de los siete encarcelados ya están en el País Vasco
Cinco de estos siete han sido ya trasladados desde Madrid, donde aún se encuentran Ohian Arnanz y Jokin Unamuno, los dos condenados del grupo a quienes se les impusieron las penas más altas, 13 y 12 años de prisión, respectivamente.
La sentencia, dictada el pasado 1 de junio, suscitó polémica pues si bien la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional entiende que lo ocurrido el 15 de octubre en Alsasua "no se trató, sin más, de un simple altercado o, como se dice vulgarmente, de una pelea de bar o un pequeño incidente o discusión", no constituyó un delito de terrorismo como sostenía el Ministerio Fiscal, que pedía para los ocho acusados penas de entre 12 años y medio y 62 años y medio de cárcel.
De hecho, la Fiscalía de la Audiencia Nacional recurrido el fallo ante la Sala de Apelaciones, pues sostiene que los hechos debieron ser calificados como terroristas ya que, conforme defendió el fiscal José Perals, "se trató de un ataque premeditado y con una finalidad clara, demostrar que quien manda en Alsasua es el 'pensamiento único' y excluyente de determinadas personas que tienen secuestrada y atemorizada a parte de una población que no piensa como ellos".
