El Tribunal de Cuentas ha decidido no admitir una denuncia interpuesta por Ciudadanos por el rescate de 53 millones a la aerolínea Plus Ultra. El órgano determina que no existe indicios suficientes para concluir que "se ha originado un perjuicio a los fondos públicos" y que tampoco se vislumbra "negligencia grave" por parte del Gobierno o de la SEPI tras la concesión de esta ayuda destinada para empresas estratégicas afectadas por la crisis de la covid.
Así lo concluye en un auto al que ha tenido acceso Vozpópuli y en el que responden a la petición de la formación que lidera Inés Arrimadas, la cual reclamó que se indagara este rescate al considerar que la aerolínea no cumplía con los requisitos para beneficiarse de dichos fondos. La Abogacía del Estado, por su parte, argumentó que de la documentación incorporada con la denuncia no se deducían las irregularidades denunciadas y que resultaba "improcedente e inmaduro" abrir causa con estos indicios.
Mismo argumento adopta el Ministerio Fiscal, el cual se opuso a que se admitiera a trámite la denuncia que presentaron el pasado mes de julio la presidenta del partido 'naranja', Inés Arrimadas, el portavoz adjunto en el Congreso, Edmundo Bal, y el eurodiputado Luis Garicano. El objetivo era que el tribunal determinase quiénes eran los responsables contables de este rescate millonario "que ha costado 53 millones a las arcas públicas españolas".
Sin embargo, en el auto del consejero Felipe García Ortiz, el órgano fiscalizador detalla que "no puede haber responsabilidad contable si los hechos no han dado lugar a un daño efectivo, económicamente evaluable e individualizado". "La mera salida de unos fondos públicos del patrimonio de la administración o entidad titular de los mismos no supone por sí sola un detrimento patrimonial para las arcas públicas. Para que exista un menoscabo del erario público se precisa que la salida de sus fondos no esté justificada", reza.
La fórmula del préstamo
El auto también precisa que en este caso es importante analizar cómo se ha producido la concesión de la ayuda. Según recuerda, el Gobierno pactó con la aerolínea un préstamo ordinario de 19 millones de euros y otro participativo de 34 millones (cuyo desembolso acaba de suspender de manera cautelar la magistrada que investiga el rescate en la vía penal). "En todo caso, eh hecho de que esta salida de fondos se haya producido a través de un préstamo pone en cuestión la existencia de un eventual perjuicio a los fondos públicos", reza el auto.
"Teniendo en cuenta lo informado por la Intervención General del Estado, las normas contables relativas a los fondos carentes de personalidad jurídica, como el FASEE, permiten concluir que la concesión del préstamo a Plus ultra se refleja como un activo y no supone un quebranto patrimonial para el Fondo. La concesión del préstamo podría lugar a un daño de los fondos públicos pero en este momento ese potencial perjuicio no es efectivo ni evaluable económicamente, si bien así podría serlo en el momento en que se incumplieran las obligaciones del prestatario al vencimiento del préstamo", añaden.
Se trata de un escenario que ya se ha vaticinado en la causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid. Tal y como avanzó este diario, la propia aerolínea avisó en un escrito remitido a la magistrada Esperanza Collazos, que si suspendía la segunda entrega del rescate que se iba a hacer efectiva este miércoles, tendría serias dificultades para hacer frente al plan de viabilidad comprometido con el Gobierno y se le condenaría a una "dramática situación financiera".
"Exceso de jurisdicción"
Mismo argumento asumieron los servicios jurídicos del Gobierno que alertaron de que dejarlo en el aire implicaría que tampoco podría devolver los 19 millones ya abonados. De ahí que terminar de completar el rescate era "indispensable". Ahora, el consejero que firma el auto recalca que no compete al Tribunal de Cuentas analizar si la concesión de la ayuda vulneró la normativa que regula el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas de la SEPI. Tampoco si la aerolínea vinculada a empresarios del entorno de Nicolás Maduro cumplía los requisitos para recibir tal inyección de dinero ya que ello supondría, según razona, "un exceso de jurisdicción".
"En este momento procesal, sólo podría pronunciarse sobre si la concesión de la ayuda financiera ha producido o no un menoscabo en los fondos públicos susceptible de generar responsabilidad contable
por alcance", precisa y recalca que el quebranto al Estado se produciría si los 53 millones de euros se destinaran a "finalidades distintas a las que fue concedido" o bien por impago de los intereses que se hubieran pactado. Se trata de unos escenarios que no se han producido ya que la compañía todavía está pendiente de recibir la segunda parte de este rescate defendido por el Gobierno.
'Caso Plus Ultra'
Los hechos se remontan al 9 de marzo, cuando el Consejo de Ministros aprobó el rescate a la aerolínea con 53 millones de euros a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la SEPI y dotado con 10.000 millones de euros.
Tal y como desveló 'Vozpópuli', esta compañía opera vuelos de larga distancia entre España (desde Madrid y Tenerife) y tres países de Latinoamérica (Ecuador, Perú y Venezuela) y, como se ha ido desgranando estos meses, los propietarios y los directivos de la compañía nunca han escondido sus buenas relaciones con el Gobierno venezolano.
Desde el primer momento, pese a que la compañía está registrada en España, el 57% del capital, en manos venezolanas y, debido a esto y a sus cifras, se ha dudado de su carácter estratégico "desde cualquier punto de vista".
En 2018 los números rojos ascendieron a 6,7 millones. Entre 2015 -cuando la compañía logró la licencia para operar- y 2017, también registró pérdidas.
En concreto, la sociedad a través de la cual opera la aerolínea, Plus Ultra Líneas Aéreas S.A., acumula pérdidas desde su nacimiento en 2011, según las cuentas depositadas en el registro mercantil y consultadas a través de la herramienta Insight View. En el último ejercicio previo a la pandemia, el de 2019, la aerolínea facturó 63,5 millones de euros pero registró un resultado negativo de 2,11 millones.
En 2018 los números rojos ascendieron a 6,7 millones. Entre 2015 -cuando la compañía logró la licencia para operar- y 2017, también registró pérdidas. Hacienda aseguraba, además, que la compañía empleaba "a 345 trabajadores directos, considerando los puestos de trabajo indirectos generados por su actividad superiores a los 2.500 empleos". No obstante, en las cuentas de 2019 la empresa declaraba una media de 268 empleados a lo largo del ejercicio.
Por otro lado, según las estadísticas de Aena, Plus Ultra aporta menos del 1% de las conexiones aéreas. Operó un total de 823 vuelos en los aeropuertos españoles en 2019. Esto la situaba en la posición 166 por tráfico.
