El Tribunal de Cuentas recurre a la Abogacía General del Estado para que se pronuncie sobre los avales de la Generalitat para cubrir las fianzas de los líderes independentistas de Cataluña. El máximo órgano fiscalizador del Gobierno quiere contar con la opinión de los servicios jurídicos del Ejecutivo "a la mayor brevedad posible" ante las dudas surgidas sobre la "suficiencia y legalidad" de los avales dimanantes de las arcas públicas, según informa el órgano.
El objetivo es esclarecer si el Instituto Catalán de Finanzas puede asumir las fianzas de 5,4 millones de euros interpuestas a Carles Puigdemont, Artur Mas y Oriol Junqueras, entre otros. La duda reside en si este órgano puede asumir el coste de esta garantía a la que deben responder precisamente por el daño causado a la administración pública. Por ello, la delegada instructora ha solicitado a la presidencia de la Sección de Enjuiciamiento que recabe un informe de la Abogacía General del Estado.
El Tribunal de Cuentas indica en su documento que busca una exposición "razonada y comprensiva" arreglo a lo previsto en la Ley que regula su funcionamiento. En concreto lanza una consulta de cuatro puntos que acompaña también con los avales presentados a la Delegada Instructora. En ellos cuestiona si es posible validar el aval con fondos públicos del ICF y si la jurisprudencia del Tribunal Supremo "ampara o no la indemnidad de los cargos públicos que actúen con dolo o culpa grave".
"Perjuicios al pueblo de Cataluña"
"Si, en definitiva, nuestro sistema de responsabilidad contable permite que sea, directa o indirectamente, la propia entidad perjudicada, en este caso la Comunidad Autónoma de Cataluña que representa a todos los integrantes del pueblo de Cataluña, la que garantice con dinero público la posible responsabilidad contable de los cuentadantes que puedan haber incurrido en responsabilidad contable por dolo o culpa grave, únicos supuestos legales en los que está prevista dicha responsabilidad reparadora por los perjuicios originados al pueblo de Cataluña y a su erario público", reza el documento firmado por el presidente de esta sección, José Manuel Suárez Robledano.
A comienzos de mes, la Generalitat aprobó un Fondo Complementario de Riesgos para cubrir con dinero público las garantías impuestas a un total de 34 exaltos cargos del Govern por la promoción en el exterior del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. El fondo se aprobó vía decreto ley y se dotó de 10 millones de euros para "proteger a todos los servidores públicos", según anunció la Generalitat que avisó que los funcionarios que quisieran acogerse a este aval tendrían que solicitarlo al Instituto Catalán de Finanzas.
Pese a la defensa del presidente catalán, Pere Aragonés, en relación a la licitud de esta vía, el máximo órgano fiscalizador no tiene claro, según avanza, que puedan amparar "posibles responsabilidades contables por dolo o culpa grave". Por ello quiere avisa de surgen dudas de la legalidad de esta estrategia que hacen necesario recabar el criterio del Abogado del Estado. Cuando expire el plazo, el tribunal emitirá una providencia de embargo para dos de los líderes independentistas que no han abonado el aval.
Impugnación del aval del ICF
Las acusaciones también ha mostrado su reticencia a esta fórmula. Tal y como informó este diario, Societat Civil Catalana ya ha advertido que si el Tribunal de Cuentas da luz verde al aval para cubrir la millonaria caución, llevará a los tribunales al Instituto Catalán de Finanzas. Las alternativas que estudian para impugnarlo serían la interposición de recurso en el orden Contencioso o la vía penal.
Según informó el propio Tribunal de Cuentas, la pasada semana dos implicados en esta supuesta malversación de caudales públicos depositaron las fianzas mientras otros dos presentaron sus inmuebles como garantía. Tras analizar toda la documentación remitida por el Instituto Catalán de Finanzas sentenció que constituían un anuncio y concedió un plazo extra de dos días para que se presentaran los avales. De no hacerlo, el órgano puede proceder al embargo de los bienes.
Con todo, se trata de una medida cautelar que se toma calculando la posible responsabilidad que tuvieran que asumir en caso de condena por los hechos que tuvieron lugar entre 2011 y 2017 y, por ello, puede ser revertida en cualquier momento del proceso. De acuerdo con el acta de liquidación provisional, las fianzas que afrontan van desde los 3,6 millones que se solicitan para el exsecretario de Diplocat Albert Royo, hasta los 1,9 millones de euros impuestos a Carles Puigdemont. En el caso de Artur Mas -que ya fue condenado a cinco millones de euros por el 9N- la cifra asciende ahora a los 2,8 millones.
