El Pleno del Constitucional se reúne hoy para decidir qué medidas adopta ante el nuevo desafío del Parlamento catalán y para estudiar la solicitud del Gobierno central de abrir la vía penal contra la presidenta de esa cámara, Carme Forcadell, por desobedecer los mandatos del alto tribunal. A las 12:30 horas el presidente del Constitucional, Francisco José Pérez de los Cobos, ha convocado un pleno extraordinario para analizar el incidente de ejecución presentado el viernes por la Abogacía del Estado.
El Gobierno pide al tribunal que declare nula y sin efecto jurídico alguno la resolución aprobada por el Parlament el pasado miércoles gracias a los votos de Junts pel Sí y la CUP y que supone la apertura de una vía unilateral hacia la independencia. Pero el Ejecutivo no sólo pide la nulidad de la resolución, sino que estudie la aplicación de medidas coercitivas, pues el alto tribunal ya anuló en una sentencia del 2 de diciembre de 2015 la declaración aprobada el 9 de noviembre que supuso el comienzo del denominado proceso de "desconexión" de Cataluña con el resto de España.
El Gobierno pide al Constitucional que exija responsabilidad penal a Forcadell
Entre las medidas que pide el Gobierno, destaca la apertura de la vía penal contra la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, por ordenar el debate que a la postre dio lugar a la votación de las conclusiones por la independencia haciendo caso omiso a la advertencia de que debía impedirlo. La petición del Gobierno es que el Constitucional "proceda deducir el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal" que pudiera corresponder a Forcadell.
Pero también plantea otras medidas, como los requerimientos personales a la presidenta del Parlament y al resto de miembros de la Mesa, además de al secretario general de la cámara, para prohibirles convocar cualquier debate y votación que "directa o indirectamente" pretenda dar cumplimiento a esa resolución. O los requerimientos personales al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y al resto de miembros del Gobierno catalán para prohibirles tramitar cualquier propuesta o iniciativa dirigida a desarrollar esa resolución.
"Que el tribunal se pronuncie lo antes posible"
En ambos casos, pide que se les advierta de la responsabilidad penal que conllevaría ignorar los mandatos del Constitucional. Se trata de medidas que el Constitucional puede tomar en aplicación del artículo 92 de la ley orgánica que regula su funcionamiento gracias a la reforma aprobada el pasado año por iniciativa del PP y que tienen como objetivo cumplir un pronunciamiento del tribunal.
El Gobierno quiere que, dada la "extremada relevancia constitucional del caso", el Tribunal "se pronuncie lo antes posible" sobre el incidente. Además, ha invocado el artículo 161.2 de la Constitución que determina que la impugnación por el Gobierno de una disposición de un órgano de una comunidad autónoma conlleve su inmediata suspensión durante cinco meses.
La Generalitat ve "incomprensible del todo" que el Gobierno pida al TC un incidente de ejecución
"Incomprensible del todo"
Por su parte, la portavoz de la Generalitat, Neus Munté, ha denunciado que el papel que está jugando el Constitucional contra el proceso soberanista "no se entiende en ningún lugar del mundo" y ha considerado que es "del todo incomprensible" que el Gobierno le haya pedido un incidente de ejecución. En una entrevista este lunes en la Cadena Ser recogida por Europa Press, Munté ha subrayado que se votó "una resolución política de la que no emanan unos artículos determinados".
La portavoz del Govern ha enfatizado que el Ejecutivo catalán tiene la "obligación con los ciudadanos" de cumplir la hoja de ruta, en la que ha recordado que no está previsto el referéndum unilateral por la independencia. Sobre la petición de CDC de registrar un grupo propio en el Congreso, ha considerado que tiene "todo el derecho", y ha negado que haya habido un pacto con el PP para obtenerlo. Munté ha insistido en que, de cara a la investidura, los votos de CDC "no van a servir para afianzar al PP en el Gobierno", y ha opinado que los medios han sobredimensionado las especulaciones sobre si CDC votó a candidatos de PP y C's en la Mesa del Congreso a cambio de tener grupo.
