El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el segundo recurso de la Junta de Andalucía contra las tasas judiciales aprobadas por el Ejecutivo central, que se basa en que las modificaciones de la norma son insuficientes y vulneran principios constitucionales, ha informado hoy el Gobierno regional.
Este nuevo recurso, admitido a trámite por el Constitucional, se refiere al real decreto de Gobierno del Estado Ley 3/2013, de 22 de febrero, que modificaba el régimen de las tasas judiciales contenido en la norma inicial aprobada el pasado noviembre, ha señalado la Junta en un comunicado.
Esta iniciativa se suma al primer recurso ya presentado por el Gobierno andaluz y también admitido a trámite por el TC en marzo contra la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, que regulaba inicialmente estas tasas judiciales.
La Consejería de Justicia e Interior considera en este recurso que la reforma de las tasas del Gobierno del Estado mantiene los mismos motivos de inconstitucionalidad que en su día llevaron a recurrir la ley estatal, ya que sigue limitando el acceso de la ciudadanía al servicio de Justicia por cuestiones económicas.
Asimismo, sostienen que se sigue generalizando el pago por el acceso a la Administración de Justicia "hasta el punto de producir un claro efecto disuasorio para gran parte de los ciudadanos y de las pymes", con la consiguiente vulneración del principio de igualdad y del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.
Según la Consejería, la corrección llevada a cabo por el Estado a través del real decreto-ley se ha limitado a "aspectos muy concretos y no implica una modificación sustancial del régimen establecido en la ley", por lo que "sigue afectando claramente a principios básicos del ordenamiento constitucional".
La Junta ha acogido con satisfacción la admisión a trámite de este nuevo recurso y ha mostrado su plena confianza en un fallo favorable por "la flagrante y clara vulneración de esos principios fundamentales recogidas en la Carta Magna".
El Gobierno andaluz pone de relieve que estas tasas "son injustas y discriminatorias y profundizarán en la desigualdad de la ciudadanía, incidiendo especialmente en la franja de población más amplia como son las clases medias y trabajadoras".
Además, argumenta en este recurso que la ampliación de supuestos de exenciones de pago que incluye la modificación normativa es "claramente insuficiente".
