El Tribunal Constitucional (TC) ha estudiado, en su reunión plenaria que comienza este martes, la admisión a trámite y la suspensión cautelar del euro por receta en Madrid, en vigor desde el pasado 2 de enero. El TC ya había admitido a trámite un recurso similar respecto al euro por receta en Cataluña y ha suspendido allí esta medida.
El pleno del Tribunal Constitucional, que se reúne cada quince días, ha incluido el asunto en el pleno de esta semana y ha decidido ahora la admisión a trámite del recurso del Ejecutivo, una medida que lleva aparejada de forma inmediata la suspensión de la aplicación de la medida. Al haberse acordado la suspensión cautelar, esta decisión no supondría pronunciamiento alguno sobre el fondo del asunto y la medida preventiva podría extenderse hasta que el TC resuelva el recurso.
Estos mismos trámites se han desarrollado ya en relación con el euro por receta en Cataluña, después de que el pasado 15 de enero el TC admitiera a trámite un recurso similar contra él del Ejecutivo central, lo que supuso que la aplicación de esta medida en Cataluña quedara suspendida inmediatamente.
El Gobierno considera que el euro por receta grava la prestación de un servicio del Sistema Nacional de Salud en una determinada comunidad autónoma y así vulnera la igualdad de los españoles a la hora de acceder a una prestación farmacéutica.
En su dictamen del 17 de enero, y en el mismo sentido que hizo con este asunto en relación a Cataluña, el Consejo de Estado ha determinado que la implantación del euro por receta en la Comunidad de Madrid es inconstitucional. En su escrito, el Consejo de Estado consideraba que la aplicación del euro por receta "es competencia exclusiva del Estado, en relación con las bases y coordinación general de la sanidad y con la legislación con los productos farmacéuticos" establecido en la Constitución.
Por todo ello, ha determinado que la tasa implantada por la Comunidad de Madrid invade las competencias atribuidas al Estado. El euro por receta en la Comunidad de Madrid también ha sido recurrido ante el Tribunal Constitucional por el PSOE.
