El pleno ordinario de los 17 magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que se celebrará mañana viernes decidirá sobre algo más que la puesta en libertad de dos nuevos etarras a los que se le aplicó la 'doctrina Parot'. La reunión de este órgano judicial servirá también para fijar qué camino seguirán los recursos que ya han empezado a presentar en bloque otros condenados que vieron alargada su estancia en prisión por el instrumento legal ahora 'tumbado' por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Fuentes jurídicas consultadas por este diario dan por hecho que los jueces darán luz verde a las excarcelaciones, pero mantienen dudas sobre si a la vez abrirán la puerta a que éstos puedan reclamar indemnizaciones como la fijada en el fallo de Estrasburgo para Inés del Río Prada. De ser así, la decisión judicial del Tribunal Europeo podría costar a las arcas del Estado más de un millón de euros, según algunas estimaciones.
Los autos que dicte el viernes la Audiencia Nacional sobre las libertades de dos etarras marcarán el futuro de la mayoría de los recursos del resto de los presos a los que se les aplicó la 'doctrina Parot'
En concreto, los magistrados deben pronunciarse sobre la puesta en libertad de Josefa Mercedes Ernaga Esnoz y Juan Manuel Piriz López. La primera, condenada a 794 años de cárcel por su implicación en varios atentados que costaron la vida a 21 personas, lleva en prisión desde 1987, mientras que el segundo, sobre el que recae una pena de 61 años por un asesinato, ya ha cumplido 29 años entre rejas y tenía prevista su salida definitiva de la cárcel el año que viene tras ver alargada su estancia en prisión cuatro años por la aplicación de la 'doctrina Parot'. Si, como parece, se acepta la petición de ambos, Ernaga aún deberá permanecer entre rejas hasta finales de 2014, cuando cumple su condena sin 'doctrina Parot'. Piriz, sin embargo, será puesto en libertad inmediatamente, ya que su salida debería haberse producido en 2009.
Las diversas fuentes jurídicas consultadas por este diario insisten en que el debate sobre si ambos deben ser excarcelados o no será seguramente "inexistente" a pesar de que entre los 17 jueces que componen el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional hay varios que han defendido en los últimos años posiciones enfrentadas sobre la aplicación o no del polémico instrumento legal. "El fallo de Estrasburgo deja poco margen a la Justicia española. Los casos similares a los de Inés del Río, que son la mayoría, se resolverán con la libertad de los reclusos", recalca una de estas, que descarta que la más que previsible oposición de la Fiscalía haga variar nada, aunque insista en revisar caso por caso como anunció su máximo responsable, Eduardo Torres-Dulce.
En este sentido, estas mismas fuentes insisten en que el propio auto del pasado martes que decretaba por unanimidad la salida de prisión inmediata de la etarra que ha conseguido 'tumbar' con su recurso la 'doctrina Parot' camina en esa misma línea. "El juez que lo redactó, Ramón Sáez Valcárcel, es uno de los magistrados que más se ha opuesto al alargamiento de penas y que mejor conoce este mecanismo legal. Lo lógico es que se sigan las pautas que marcó en él", insisten. De hecho, creen improbable que otros jueces de la Sala de lo Penal que tradicionalmente se han mostrado abiertamente partidarios de aplicar el instrumento legal para retrasar la salida en prisión de terroristas, como el propio presidente, Fernando Grande-Marlaska, "planteen en la reunión de mañana alguna objeción más allá de simbólica a la salida de los mismos". Estas mismas fuentes destacan que los pasos que se sigan con Mercedes Ernaga y Juan Manuel Piriz será el que se apliquen a la mayoría. Ayer, ya habían presentado recurso para poder acogerse al fallo de Estrasburgo 36 de los presos de la banda.
Por "daño moral"
Diferente es, sin embargo, la cuestión de las indemnizaciones. La decisión del TEDH concluyó, por diez votos contra siete, que España debía abonar a Inés del Río Prada una indemnización por "daño moral" por los cinco años de más que pasó indebidamente en prisión. El mismo lunes que se conoció el fallo, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, se apresuró a aclarar que aunque el Estado estaba obligado a realizar dicho pago en un plazo de tres meses, como fijaba la sentencia, éste no se iba a hacer nunca efectivo porque iba a ser retenido para compensar al erario público por los 19 millones de euros que en su día tuvo que abonar el erario público para hacer frente a las indemnizaciones a las víctimas de la terrorista, declarada insolvente para responder de las mismas. No obstante, Gallardón reconoció que esta medida sólo podrá ser aplicada en aquellos casos en los que no hubiera prescrito la responsabilidad civil de los condenados.
Fuentes jurídicas creen que los presos que aspiren a una reparación económica por el tiempo pasado de más en prisión deberán embarcarse a largos procesos judiciales en lo contencioso administrativo
Otra cuestión es la cuantía de las mismas. El TEDH rechazó la elevada pretensión económica de la integrante del 'comando Madrid' y fijó la misma en 30.000 euros (a los que sumó 1.500 por las costas del pleito), o lo que es lo mismo: 6.000 euros por año de más pasado entre rejas. De aplicarse el mismo criterio con el medio centenar de presos de ETA cuya puesta en libertad se supone que se producirá en los próximo meses, y que acumulan cerca de dos siglos de alargamiento de sus condenas por la 'doctrina Parot', la cifra sería superior al millón de euros. Una cantidad que se elevaría si los otros reclusos que también pueden reclamar su iunmediata puesta en libertad (miembros de los GRAPO, el GAL y delincuentes con graves delitos comunes). Incluso se dispararía si los 22 etarras a los que se les aplicó el mismo instrumento legal y que ya están en libertad tras cumplir íntegro su alargamiento de penas también solicitan formalmente una reparación económica al Estado. En total, hay 140 presos a los que se les aplicó la polémica medida.
No obstante, las fuentes jurídicas consultadas consideran que no es, ni mucho menos, seguro que los autos que emita la Audiencia Nacional el viernes sobre la situación penitenciaria de los etarras Mercedes Ernaga y Juan Manuel Piriz incluyan alguna referencia al pago de indemnizaciones. "Y aunque lo hagan, no tendría ninguna firmeza legal", aseguran. Siempre según estas fuentes, aquellos presos que finalmente sean excarcelados deberán acudir a la vía contencioso administrativa de la propia Audiencia Nacional para pedir dichas reparaciones económicas y embarcarse en un proceso judicial que puede durar años. "Habrá muchos que no les compense, sobre todo para aquellos cuya responsabilidad civil por los atentados que hayan sido condenados no haya prescrito". Esto se produce 15 años después de la última vez que se les haya reclamado dicha reparación, algo que habitualmente se produce cuando la sentencia por la que fueron condenados se hace firme. Muchos ya superan este plazo, por lo que la advertencia de Gallardón de retenerles el dinero no podría realizarse. "Otra cosa es que pese a ello se animen finalmente a hacerlo", señala un abogado consultado que augura que serán muchos los que ni intenten reclamar.
