El próximo 4 de febrero tendrá lugar la vista oral de la primera demanda colectiva promovida por 660 accionistas contra Bankia por su salida a Bolsa en julio de 2011. La demanda corre a cargo del Bufete Rosales, uno de los despachos de abogados que más se ha prodigado en campañas de publicidad para captar perjudicados por la salida a Bolsa de la entidad, que plantea la nulidad de los contratos de compra de acciones por error como vicio de consentimiento del artículo 1.265 del Código Civil porque el folleto de la oferta pública de acciones no reflejaba la situación real de la compañía. Como se recordará, Bankia presentó unas cuentas que recogían un beneficio de 357 millones de euros y un valor contable de 12.000 millones cuando, en realidad, tenía 3.000 millones de pérdidas y valor contable negativo que llevaron a su posterior intervención.
En caso de que el tribunal no apreciara dicha circunstancia, la demanda reclama subsidiariamente la resolución de los contratos de compra de las acciones y una indemnización por daños y perjuicios por el importe de la inversión por falsedad del folleto informativo con el que la entidad publicitó su salida a Bolsa. Una publicidad que, según la demanda, "fue embaucadora, exagerando su solvencia aparente, esto es, la información proporcionada por la publicidad llevó a que los destinatarios se hicieran una idea errónea sobre la verdadera situación patrimonial de Bankia S.A.”
José Baltasar Plaza, abogado: "Estamos ante un engaño"
El Juzgado de Primera Instancia nº 9 de Valencia rechazó en julio de 2014 una demanda colectiva de 2.570 afectados presentada por el Bufete Rosales, que entonces decidió no recurrir la Audiencia Provincial y la reconvirtió en demandas individuales. “Hay juzgados que están aceptando las demandas colectivas y otros que no –manifestó a este diario José Baltasar Plaza, director del citado despacho-. Estamos pendientes de que el Tribunal Supremo resuelva en breve dos recursos de casación y siente jurisprudencia que, entendemos, debe ser favorable por una cuestión de economía procesal. Estamos ante un caso de engaño que llevó a la gente a invertir en una entidad en base a unos datos contables falsos”. Plaza asegura que su firma ha presentado ya 12.000 demandas, de las que se han resuelto 4.570, el 97% a favor de los demandantes. “El restante 3% que se perdió en primera instancia lo recurrimos a la Audiencia Provincial, que ha fallado a nuestro favor en todos los casos”.
Nuevos juicios
A la vista oral prevista para el próximo día 4 le seguirán cuatro más como consecuencia de otras tantas demandas colectivas. La primera de ellas tiene ya fijada fecha para el 9 de febrero. En este caso los demandantes son 21, por un importe de 244.000 euros. Tres procedimientos más de similares características han sido aceptados por sendos juzgados de primera instancia de Madrid y tienen fijado el trámite de audiencia previa para los próximos meses de marzo, abril y junio. Los afectados suman un centenar y medio de personas y la cantidad reclamada supera los dos millones de euros.
Hasta junio se celebrarán cuatro vistas colectivas más de cerca de doscientos accionistas
Un portavoz de Bankia manifestó a este diario que la entidad está defendiendo ante los tribunales la prevalencia de la jurisdicción penal sobre la civil y, en consecuencia, la necesidad de paralizar todas las demandas en esta vía mientras la Audiencia Nacional resuelva si la entidad y sus gestores incurrieron en delito.Bankia reconoció el pasado mes de septiembre que había perdido el 93% de las demandas planteadas en los tribunales civiles (alrededor de 6.000) por su salida a Bolsa. José Sevilla, consejero delegado de la entidad manifestó entonces, con motivo de la presentación de los resultados de la entidad correspondientes al tercer trimestre del año, que la evolución de las demandas había registrado un notable incremento con motivo de las campañas mediáticas puestas en marchas por distintos despachos de abogados para captar clientes. A 20 de diciembre, últimos datos facilitados por la entidad, el importe de las demandas ascendía a 819,2 millones de euros y las sentencias condenatorias en primera instancia superaban los 175 millones.
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