España

El TS condena a Montero a indemnizar con 18.000 euros a la expareja de María Sevilla por presentarle como "maltratador"

El Alto Tribunal también obliga a la ministra de Igualdad a publicar la condena en su cuenta de Twitter.

  • La ministra de Igualdad y secretaria de Acción de Gobierno, Irene Montero -

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (TS) ha condenado a la ministra de Igualdad, Irene Montero, a indemnizar con 18.000 euros a Rafael Marcos, la ex pareja de María Sevilla, la ex presidenta de Infancia Libre condenada por sustracción de menores por hacer desaparecer a su hijo en 2017 y no entregarlo a su padre por orden judicial, por presentarle como un "maltratador" .

"Es evidente que las palabras proferidas y la imputación realizada suponen objetivamente un daño moral, como sinónimo de malestar, desasosiego e incluso indignación, en el marco además, de un largo proceso judicial sufrido por el demandante", recoge la sentencia. El Alto Tribunal también obliga a la ministra de Igualdad a publicar la condena en su cuenta de Twitter.

Según ha informado la Sala Primera en una nota de prensa, ha estimado parcialmente la demanda interpuesta contra la ministra de Igualdad al apreciar una vulneración del derecho al honor de Marcos por las palabras pronunciadas por Montero el 25 de mayo de 2022, en el acto de inauguración de la nueva sede del Instituto de las Mujeres, y su difusión en Twitter. Montero ha sido defendida en el proceso por la Abogacía del Estado.

Aquel día, tras hacerse público el indulto concedido a Sevilla, la ministra de Igualdad señaló que el Estado "tiene una deuda" con "las madres protectoras" y que este ha de "ser capaz de proteger" a estas mujeres que "se protegen a sí mismas y a sus hijos de la violencia machista".

El ex marido de Sevilla aseguraba en su demanda que en dicho contexto la ministra le "presentó" como un "maltratador tanto de su hijo como de su ex pareja". Por ello, reclamó a Montero una indemnización de 85.000 euros y le pidió que publicara una rectificación. Ahora, el Supremo le da la razón pero reduce la cantidad a 18.000 euros.

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