El Gobierno se ha comprometido oficialmente por escrito a que no aplicará el tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos (TTIP por sus siglas en inglés) si en el mismo se contemplan rebajas de nuestros actuales estándares laborales, medioambientales (incluyendo técnicas de fracking), de los consumidores o, en general, que rebajen la protección del trabajo entre los españoles. Bruselas y Washington están ultimando en secreto un tratado que, en lo poco que se conoce, ha puesto en pie de guerra a sindicatos y asociaciones a nivel europeo.
Ahora, por primera vez después de dos años, el Gobierno de Mariano Rajoy se ha referido de una forma concreta y directa a ese Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión (conocido por el acrónimo en inglés TTIP), y lo ha hecho así de categóricamente a través de una respuesta por escrito al diputado socialista Guillem García Gasulla.
“El TTIP no puede suponer una rebaja de nuestros estándares laborales, medioambientales y de los consumidores”
Según ese documento parlamentario, el Gobierno de Rajoy afirma textualmente lo siguiente: “La integración de las consideraciones laborales en el TTIP es sin perjuicio del derecho de cada Parte para regular y definir sus propios niveles nacionales de protección del trabajo que considere necesarios. Además, el mandato del Consejo a la Comisión Europea (Las directrices de negociación del TTIP, aprobadas en junio de 2013, fueron publicadas el 9 de octubre de 2014) deja claro que el TTIP no puede suponer en ningún caso una rebaja de nuestros estándares laborales, medioambientales y de los consumidores”.
Añade el documento de Rajoy que revela Vozpópùli que “el TTIP no supondría una limitación de los derechos de representación colectiva de los trabajadores europeos y el Gobierno nunca apoyaría una negociación que supusiera una merma de éstos u otros derechos laborales”. Y señala, igualmente, que “la UE, en línea con esta posición, incluye las ya mencionadas disposiciones relativas al Comercio y al Desarrollo Sostenible en sus acuerdos de libre comercio que garantizan que dichas limitaciones no se producirían”.
Esta es la primera vez que el Gobierno del PP fija una postura contraria al contenido de los borradores del TTIP que han sido conocidos hasta el momento, y que amenazaban con trasladar a todos los Estados europeos las limitaciones laborales, sociales, sanitarias, educativas, etc. que se dan en Estados Unidos.
No a los recortazos sociales ni ambientales; no a los transgénicos
Ese tratado trasatlántico de libre comercio deberá ser aprobado por todos los países miembros de la UE, pero el gobierno español, a través del documento oficial que reproduce Vozpópuli asegura que la Comisión Europea, que negocia en nombre de la UE, “no tiene intención de abandonar el principio de precaución en sus negociaciones comerciales con Estados Unidos:
“La Unión Europea ha señalado que las regulaciones básicas no serán objeto de negociación”
- “Este principio, mencionado en el artículo 191 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), pretende garantizar un elevado nivel de protección del medio ambiente mediante la toma de decisiones preventivas en caso de riesgo y, en la práctica, su ámbito de aplicación es mucho más amplio extendiéndose a la política de consumidores, a la legislación europea relativa a los alimentos o a la salud humana, animal y vegetal. Basándose en dicho principio, la UE ha señalado que las regulaciones básicas no serán objeto de negociación”.
Es decir, que el Gobierno de Rajoy no admitirá, por ejemplo, que nos invadan con productos transgénicos y, además, sin etiquetarlos como tales, según se desprendía de los borradores conocidos hasta ahora.
Los servicios básicos seguirán siendo públicos, según Rajoy
Respecto a los servicios públicos, los borradores conocidos auguraban una progresiva privatización, o eso al menos se temían sindicatos y organizaciones sociales. Pero a este respecto, el Gobierno del PP dice ahora que “las Directrices de negociación del TTIP recogen explícitamente que ‘los servicios prestados en el ejercicio de la autoridad pública como se define en el artículo I.3 del AGCS (GATS, por sus siglas en inglés) quedarán excluidos de las presentes negociaciones’”.
En concreto, el documento del PP asegura que los “servicios gubernamentales” a los que hace referencia el párrafo 3 del artículo I del Acuerdo General sobre Comercio de Servicios “son servicios que no se suministran en condiciones comerciales ni en competencia con otros proveedores. Pueden citarse como ejemplos los sistemas de Seguridad Social y cualquier otro servicio público, como la Sanidad o la Educación, que no se preste en condiciones de mercado”.
No es que este documento sea vinculante, pero es una respuesta oficial del Gobierno español recogida en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, y por lo mismo tiene un gran valor.
"¿Qué limitación sufrirían los derechos salariales y de representación colectiva de los trabajadores en Europa?"
Este documento vino motivado por una pregunta del diputado socialista por Baleares Guillem García Gasulla que quería saber en qué situación quedarían los derechos laborales de los europeos, qué limitación sufrirían los derechos de representación colectiva de los trabajadores en Europa, si podría producirse una rebaja salarial en el mercado laboral europeo y qué ocurriría con los servicios básicos que son actualmente públicos y no estén incluidos en una supuesta lista reducida de servicios públicos que no podrían privatizarse.
Ante esas incertidumbres, y como ya reveló Vozpópuli, decenas de organizaciones sindicales, ecologistas o sociales, además de partidos de la izquierda europea están preparando nuevas movilizaciones a nivel de la Unión y una campaña para recoger otro millón de firmas y entregarlas en la Comisión Europea. La idea es frenar un TTIP cuyos borradores filtrados hasta el momento auguran unas condiciones negras para el Estado de Bienestar en Europa.
