Cuatro nombres similares para cuatro empresas con demasiados elementos en común. La investigación iniciada hace ya un año por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía sobre las presuntas irregularidades en los cursos de formación para parados de la Junta de Andalucía no deja de extenderse. Las pesquisas realizadas en torno a una de las 17 empresas que recibieron supuestamente de modo irregular adjudicaciones en diciembre de 2010 para impartir formación para desempleados en Málaga ha permitido destapar la existencia de una supuesta trama formada por aquella y al menos otras tres compañías con idéntico objeto social, pero asentadas en otras provincias andaluzas: Sevilla, Córdoba y Jaén. Todas ellas tienen, además, varios elementos en común: sus denominaciones son muy parecidas, tienen como única directiva a la misma empresaria, María Teresa S.S., y fueron creadas el mismo día en una notaría de Granada. La Policía las califica ya de mercantiles 'cazasubvenciones'.
Las cuatro firmas fueron creadas ante un notario de Granada el mismo día: el 10 de septiembre de 2010. Todas ellas comparten a la misma empresaria como administradora única
Así se recoge en uno de los informes que la UDEF ha entregado al jefe de la Fiscalía de Málaga, Juan Carlos López Caballero, quien llevó el 'caso Malaya' y que ahora dirige la 'Operación Edu' hasta que se judicialice. Según fuentes jurídicas, dicho documento policial destaca que la empresa Formación e Inserción Málaga SL fue creada el 10 de septiembre de 2010 con un capital social de 4.000 euros y con el objeto social de dedicarse a "la enseñanza reglada y no reglada de formación y perfeccionamiento profesional y educación superior, y la organización y gestión de centros docentes privados para impartir enseñanzas de régimen general no universitarias", según figura en el registro mercantil. La firma, cuyo domicilio social figuraba en la calle Salvador Noriega de la capital malagueña, fue inscrita formalmente un mes más tarde en el registro de esta provincia y, sorprendentemente, la Junta de Andalucía le concedió la primera subvención para impartir cursos para parados tan sólo 60 días después. En concreto, por un total de 60.390 euros.
Fue precisamente esta adjudicación lo que llevó a esta empresa a figurar en la resolución de la delegación provincial en Málaga del Servicio de Empleo Andaluz (SAE) del 15 de diciembre de 2010 que se ha convertido en el epicentro de la 'Operación Edu'. Las sospechas sobre la participación de esta sociedad en las supuestas irregularidades se acrecentaron cuando los agentes descubrieron que la persona que figuraba como administradora única de la compañía, María Teresa S. S., también constaba como directiva en más de cuarenta empresas, entre ellas tres dedicadas también a impartir cursos para desempleados en otras tantas provincias andaluzas. Las sospechas terminaron de afianzarse cuando descubrieron que estas últimas habían sido constituidas ante el mismo notario de Granada y el mismo día que la de Málaga: el 10 de septiembre de 2010. Las cuatro compartían, incluso, capitales sociales de idéntica cuantía: 4.000 euros.
Direcciones 'fantasmas'
La UDEF ya ha identificado a estas empresas. Se trata de las mercantiles Córdoba Formación e Inserción SL, Hispalis Formación y Empleo SL, y Formación e Inserción Jaen SL. La Policía ha empezado a investigar si todas ellas forman una trama en la que, sospecha, podrían estar integradas más compañías. Los agentes ya rastrean el registro en busca de sociedades dedicadas a impartir cursos de formación a nombre de familiares directos de María Teresa S. S. Las pesquisas también tratan de comprobar si los domicilios sociales que figuran en las ya localizadas se corresponde realmente con instalaciones preparadas para dar los cursos subvencionados o si son simples direcciones 'fantasmas'. Cuando acudieron a visitar la dirección que figuraba como sede de la compañía malagueña descubrieron un simple piso en el que, según los vecinos, durante unos cuantos meses simplemente figuró un cartel con el nombre de la empresa ahora investigada.
La empresa de Málaga recibió su primera subvención de la Junta sólo tres meses después de crearse pese a que era un requisito tener "experiencia acreditada"
Fuentes jurídicas llaman la atención sobre el hecho de que el Servicio Andaluz de Empleo concediera una adjudicación a la empresa de Málaga cuando ésta llevaba sólo tres meses constituida. En este sentido, recalcan que la resolución de la Junta de Andalucía del 23 de octubre de 2009, que regula todo lo relativo a los cursos de formación para desempleados, fijaba claramente en el punto primero de su artículo 56 que una de las condiciones que deben cumplir las mercantiles que aspiren a las subvenciones por impartir cursos para parado debían tener "experiencia acreditada en el ejercicio de estudios, investigaciones o proyectos de naturaleza similar". "Difícilmente se puede tener un bagaje profesional con sólo unos meses de existencia" recalcan.
