La corrupción 'desborda' de trabajo a los policías que tienen que combatirla. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha remitido al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Pablo Ruz, un informe de tres páginas en el que se justifica por el retraso en la entrega de diversos informes solicitados por el magistrado dentro del sumario del 'caso Gürtel', entre ellos uno sobre los papeles incautados en la "sede central" de la trama de Francisco Correa. En concreto, reconoce que aún tienen pendientes de concluir siete análisis sobre documentos intervenidos hace casi cinco años, cuando se produjeron las primeras detenciones. Los agentes también asumen un importante retraso en la realización de los estudios sobre la información que las autoridades judiciales de 21 países han remitido a la Audiencia Nacional en los últimos meses en respuestas a comisiones rogatorias. Fuentes policiales apuntan a la combinación de "exceso de trabajo" y "falta de agentes" como la causa de esta acusada demora.
Fuentes policiales achacan al "exceso de trabajo" y "la falta de agentes" el acusado retraso en la entrega de los informes a la Audiencia Nacional
El informe es la contestación a un auto y dos providencias que el propio juez Ruz ha emitido desde septiembre y en los que reclamaba a la UDEF que presentara los "informes pendientes de emisión sobre la documentación intervenida en los distintos registros practicados en las presentes actuaciones". El magistrado pedía también que "a la mayor urgencia" se le informara sobre "el estado de confección y avance" de los mismos. El escrito que firma el comisario responsable de la Brigada de Investigación, Blanqueo de Capitales y Anticorrupción, fechado el pasado 5 de diciembre y que tuvo entrada en la Audiencia Nacional ese mismo día, da respuesta a este último requerimiento del instructor.
En el mismo, el mando policial explica que aunque los registros se efectuaron el 6 de febrero de 2009 por orden del entonces titular del juzgado, Baltasar Garzón, se tardó casi un año en tener clasificada y disponible para su estudio toda la documentación recabada debido a lo abundante de la misma. En concreto, especifica que en las entradas "en distintos domicilios de personas físicas y jurídicas" efectuados aquel día se encontraron documentos tanto en formato papel e informático y que todo ello hubo que plasmarlo en las correspondientes actas. "Con posterioridad al desarrollo del operativo policial donde se intervino la documentación se procedió al sellado de la misma en presencia del secretario judicial, así como a la realización de las labores precisas para la obtención de la información contenida en los distintos soportes informáticos y audovisuales", detalla en su escrito la UDEF, que añade que esto "se ha realizado de forma paulatina en el tiempo".
Foliar, escanear, digitalizar...
Una vez finalizado todo ello, el 18 de noviembre de 2009 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde entonces se instruía la causa, dictó una resolución por la que encomendaba "un conjunto de tareas relacionadas con la documentación intervenida", entre ellas el foliado, escaneado, formación de piezas separadas y entrega digitaliza al juzgado de la misma. Hasta finalizar todo ello no se procedió a analizar a conciencia la documentación. Desde entonces, la UDEF ha realizado "un conjunto de informes" que no cuantifica "en relación a las actividades de la organización basados en el conjunto de datos comprendidos en el material intervenido". No obstante, reconoce que aún tiene pendientes siete de ellos y acaba de finalizar un octavo.
Entre los informes aún pendientes de concluir se encuentra el análisis de la documentación intervenida en la "sede central" de la Gürtel en Madrid
Éste último, según especifica, es el análisis sobre la documentación "en formato papel" intervenida en el domicilio particular de José Luis Izquierdo, el considerado contable de la trama Gürtel. La Policía detalla que sobre uno de aquellos papeles, en concreto el denominado dentro del sumario como R16-Exp02, ya hizo un informe específico en julio de 2011, pero aún quedaba el estudio del resto que es lo que acaba de finalizar y remitirá en breve a la Audiencia Nacional. "En proceso de conclusión" hay también uno. En concreto, el que está realizando de los documentos intervenidos en el piso del número 40 de la calle Serrano donde la trama de Francisco Correa tenía su "sede central". Los otros seis están "en proceso de elaboración".
Se trata de los "informes globales" de la información recabada en la sede de la sociedad Consultoría y Gestión de Inversiones SL (cuyas facturas fueron supuestamente utilizadas para ocultar los regalos a políticos), en las oficinas de Easy Concept Comunicación SL (una de las mercantiles dedicadas al marketing claves de la trama), en las dependencias de Galher Servicios Administrativos SL (una de las sociedades a través de las que se gestionaba el entramado empresarial de la red) y los hallados en una nave industrial que Easy Concept tenía en el polígono 'Ventorro del Cano', en la localidad madrileña de Alcorcón. Los dos últimos informes se refieren a estudios "específicos" de "la memoria externa de almacenamiento" intervenida en el domicilio del supuesto contable de la red, José Luis Izquierdo, y el análisis de "la agenda personal" y otro dispositivo informatico encontrados en el domicilio particular de David Luis Cerezo, un empleado de Francisco Correa que supuestamente intervino en la 'Operación Arganda', el mayor pelotazo de la Gürtel.
Y las comisiones rogatorias
El reciente escrito de la UDEF reconoce también un retraso importante en el análisis de la "documentación aportada por las autoridades judiciales de distintos países en contestación a la solicitud de cooperación judicial internacional". En concreto, el mando policial detalla que aún no se ha estudiado todos los datos remitidos por Suiza, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Portugal, Mónaco, Holanda, Luxemburgo, Isla de Man, Islas Vírgenes Británicas, Isla de Nevis, Colombia, Panamá, Argentina, Uruguay, Marruecos, Singapur, Islas Caimán, Antillas Holandesas, Gibraltar e Isla de Jersey. Una ardua tarea a la que la UDEF tiene que sumar el "estudio de documentación entregada por el Juzgado para su valoración, así como sobre actuaciones concretas o ampliatoria de informes ya realizados", destaca el escrito policial.
Fuentes policiales insisten en que la unidad especializada en la lucha contra la corrupción tiene desde hace tiempo una "importante carencia" de agentes fruto, en parte, de la marcha de muchos de ellos en los últimos años ante las presiones políticas sufridas por el contenido de algunos de sus informes. Una escasez de policias que es aún más grave ante la incesante llegada de solicitudes de juzgados de toda España en las que reclaman la realización de estudios sobre documentación intervenida, movimientos de cuentas bancarias y operaciones sospechosas de blanqueo intervenidos en operaciones contra la delincuencia económica. "Para el volumen de trabajo actual son muy pocos", destaca un mando policial consultado. Un exceso de trabajo que, según señala otro agente, es fácilmente observable "dando un paseo por las dependencias de la UDEF: todo está lleno de cajas de cartón repletas de documentación incautada en registros, muchas de ellas sin abrir".
Los roces con Ruz
El retraso en la entrega de informes ya provocó recientemente un roce con el juez Ruz y la UDEF, quien llevó al magistrado a dar un ultimatum a la unidad policial para que le hicieran llegar de manera urgente un estudio sobre documentos intervenidos en el caso de los 'papeles de Bárcenas' Como adelantó Vozpópuli el pasado 30 de octubre, el instructor dictó entonces una providencia en la que reclamaba con urgencia a los agentes que le remitieran para incorporarlos a la investigación que tiene abierta sobre la supuesta contabilidad B del PP los dos informes que había encargado un mes antes sobre los supuestos pagos en negro de la reforma de la sede de Génova 13, y que aún no habían llegado a su mesa.
Además de la documentación incautada en registros y la remitida por otros países, la UDEF reconoce tener pendientes el estudio de otros papeles entregados por el juez y ampliar informes ya realizados
En concreto, el magistrado exigía que le fuese remitido “a la mayor brevedad” un informe preliminar en el que se analizase la documentación intervenida en el registro que se hizo a finales de septiembre en las oficinas de Unifica Servicios Integrales SL, la empresa de Gonzalo Urquijo, el arquitecto que se encargó de hacer la reforma del edificio 'popular', y los apuntes contables que el partido entregó el pasado mes de agosto referidos a dichas obras. También exigía la rápida remisión del análisis con las “evidencias informáticas” obtenidas en los equipos informáticos intervenidos en el estudio de Urquijo, imputado en la causa por cobrar supuestamente en negro un 30% de dichos trabajos. El juez recordaba en su escrito que todas estas diligencias estaban pendientes desde el 27 de septiembre, cuando dictó el auto en el que se acordaba la entrada y registro de la empresa del arquitecto.
Ese primer requerimiento, sin embargo, no tuvo el efecto deseado y Ruz dio el 19 de noviembre un plazo de sólo tres días a la UDEF para que finalmente le entregara el informe. El día que vencía el ultimatum, el pasado 22 de noviembre, los agentes llevaron a la Audiencia Nacional el estudio. Tras leerlo, el magistrado dictó un auto en el que aseguraba que el documento policial había confirmado la existencia "a nivel indiciario" de "una cierta corriente financiera de cobros y pagos" en el PP fuera de la contabilidad oficial de la formación.
