La investigación sobre los cursos para parados subvencionados por la Junta de Andalucía está aún en una fase incipiente pero ya muestra signos de que apunta hacia un nuevo gran escándalo de corrupción. Hasta ahora, los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía sólo han analizado en profundidad una convocatoria, la de 2010, y en una provincia, la de Málaga, pero los resultados son demoledores. De los 20 cursillos para desempleados impartidos gracias a fondos públicos, nada menos que 17 muestran claros indicios de "graves irregularidades", según confirman a este diario fuentes jurídicas. Es decir, el 85%. La 'Operación Edu' no ha hecho "nada más que empezar", auguran estas mismas fuentes.
El fiscal jefe de Málaba, Juan Carlos López Caballero, se ha hecho cargo personalmente del caso ante el revuelo político y mediático que ha levantado la 'Operación Edu'
El escándalo, destapado por Vozpópuli el pasado 11 de abril, ha provocado una auténtica polvareda política y mediática, sobre todo después de que algunos medios inflaran la cifra de lo defraudado a miles de millones de euros. Sin embargo, hasta el momento, las pesquisas sólo han revelado en esta primera fase un supuesto fraude de 1,5 millones de euros supuestamente cometido hace tres años, aunque los responsables policiales y el fiscal jefe de Málaga, Juan Carlos López Caballero, que se ha hecho cargo en persona del caso, no descartan extender las pesquisas al resto de provincias andaluzas y, con ello, multiplicar la cifra hasta alcanzar varias decenas de millones de euros. Algunas fuentes conocedoras de los detalles auguran que el escándalo puede dejar pequeño el célebre 'caso de los ERE'.
En concreto, el objeto de esta primera fase de la investigación se ha centrado en las empresas adjudicatarias para impartir estos cursos que figuraban en una resolución del 15 de diciembre de 2010 de la delegación provincial en Málaga del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), de quien dependían entonces dichas enseñanzas. De ese listado, en el que aparecen desde academias a asociaciones de empresarios, pasando por una carpinteria, una escuela de hostelería, una residencia de ancianos y, hasta, un particular, se embolsaron por impartir supuestamente este tipo de cursos cantidades que iban desde poco más de 37.000 euros hasta cerca de 150.000 euros. En total, entre las veinte empresas cobraron algo más de 1,7 millones de euros.
Tres tipos de fraude
Las pesquisas han permitido concretar que sólo tres de ellas realizaron los cursos ajustándose a todas las condiciones marcadas por la ley. Ellas recibieron de la Junta de Andalucía poco más de 200.000 euros. Las otras 17, entre las que se encuentran las que más dinero se embolsaron, presuntamente no lo hicieron. Siempre según las pesquisas, algunas eran empresas 'fantasmas' que desaparecieron sin dejar rastro tras cobrar el 75% de las ayudas concedidas. En otros casos, entregaron listados de alumnos ficticios utilizando el nombre de parados reales que nunca acudieron a recibir dichas enseñanzs. Finalmente, un tercer grupo lo formaban aquellas sociedades que supuestamente incumplieron el compromiso de colocación de un 60% de los alumnos, a algunos de los cuales les obligaron a firmar su renuncia al puesto de trabajo que contemplaba la asistencia al curso.
El listado de empresas sospechosas del fraude incluye academias, asociaciones de empresarios, una carpinetería, una residencia de ancianos y hasta un particular
Hasta ahora, y mientras avanzan las investigaciones, la única implicación detectada por parte de la Junta es la desidia a la hora de controlar que los cursos se celebraban y que, además, se cumplían las condiciones. Una reciente informe de la Cámara de Cuentas andaluza ya destacaba que en algunas provincias sólo se habían 'vigilado' el 10% de estos cursos. La UDEF ha podido ahora corroborarlo. Varios de los testimonios recabados hasta ahora por los agentes coinciden en señalar que los funcionarios del SAE, de quien dependieron estas enseñanzas hasta abril de 2013, no acudían a constatar si los cursos se celebraban o si tenían el número de alumnos que se reflejaba en la documentación que las empresas remitían para poder cobrar. "Nadie venía a controlar si se impartían o no", llegaron a reconocer algunas de las personas interrogadas. Hasta ahora, han declarado ante la Policía en condición de testigos más de 200 personas, la mayoría supuestos alumnos. Aún no hay ni imputados ni detenidos.
Antes de continuar con las pesquisas, la UDEF pretende limitar claramente el objeto de la investigación para no desperdigar esfuerzos. Así, el periodo que quiere analizar con detalle es el que va desde 2009 a 2012, cuatro años. Antes de esa fecha el delito posiblemente sea considerado por los tribunales ya prescrito, según estas fuentes. Analizar 2013 tampoco tendría mucho sentido. Para entonces las pesquisas ya estaban en marcha y, de hecho, la Junta de Andalucía transfirió la competencia de esos cursos desde la Consejería de Economía a la de Educación tras conocer por la Policía la existencia del fraude, por lo que muy posiblemente no se produjeron más casos.
Pese a esta limitación temporal, el campo de trabajo de los agentes de la UDEF es muy amplio ya que, en teoría, los cursos de formación subvencionados por la Junta de Andalucía abarcaban tanto enseñanzas para parados como para personas con trabajo. Por ello, la Policía ha decidido poner el foco en los que afectan a desempleados, los llamados cursos de Formación Ocupacional Profesional (FOP), entre otros motivos porque las irregularidades detectadas hasta ahora son más flagrantes y numerosas.
