UGT Andalucía ha denunciado este martes el borrado de 1.756 archivos y la copia de más de 22.400 desde ordenadores internos del área de administración del sindicato, lo que dificulta la investigación que lleva a cabo sobre las presuntas irregularidades en la gestión de los fondos de formación, informa Efe.
En rueda de prensa, el secretario de Organización de UGT Andalucía, Manuel Ferrer, ha informado de que el sindicato ha abierto expediente a tres trabajadores por estos hechos, y hasta ahora dos se han cerrado con amonestación y el otro sigue la investigación abierta.
Ferrer ha admitido su temor a que la opinión pública interprete esto como una excusa para tapar las presuntas irregularidades, pero ha afirmado que es la realidad y que el sindicato denunciará el caso en los tribunales cuando reúna las pruebas suficientes.
Un programa que no deja huella
El borrado de los archivos se ha ejecutado entre enero y junio de este año con un programa que no deja huella y no permite recuperarlos, algo parecido a los "discos duros del PP" en el alusión al caso Bárcenas. Aunque UGT conoce el ordenador desde el que se ha hecho el borrado, desconoce si esos archivos guardan relación con la supuesta compra de maletines falsificados, y, en este sentido, Ferrer ha señalado que por ahora no han averiguado si ese gasto está mal imputado y si se encargaron en Asia, si bien ha asegurado que, si se confirma, devolverán el dinero por importe de unos 700.000 euros.
El dirigente sindical mantiene que hasta ahora lo que han constatado en la investigación abierta hace dos meses sobre presuntas facturas falsas para desviar fondos públicos son "errores puntuales", que se han saldado con la devolución a la Junta de 25.000 euros y con una provisión de un fondo notarial de 115.000 euros. A esto se añaden unos 30.000 ó 40.000 euros de otros posibles errores por "dudas en la trazabilidad de algunas facturas", es decir, la justificación desde que se genera el gasto hasta que se abona, ya que, según el sindicalista, tienen facturas pero no la trazabilidad de todas.
Sobre el requerimiento de información de la Junta respecto a dos expedientes de ayudas a UGT-A por importe de 1,8 millones, Manuel Ferrer ha dicho que el sindicato "no está conforme".
Los líderes de UGT-A no tienen responsabilidad
El responsable de Organización de UGT, que accedió al cargo en mayo pasado, ha desvinculado de responsabilidades por las presuntas facturas falsas para desviar fondos a los ex secretarios generales de UGT Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla, que dimitió el pasado viernes. Fernández Sevilla "no sabía nada de esto porque no gestionaba el área económica", ha argumentado Ferrer, quien ha insistido en que, si finalmente se detectan irregularidades, devolverán el dinero defraudado, aunque ha reconocido desconocer si UGT tendrá capacidad económica para afrontar esas supuestas devoluciones.
Ha desvelado que la dimisión de Fernández Sevilla ha sido una decisión personal porque toda la ejecutiva le pidió que se quedara y ha valorado su "ejercicio de responsabilidad" para que la organización "haga todo lo que tenga que hacer". El resto de la ejecutiva no dimitió porque cuenta con el respaldo de la mayoría de la organización y, además, sería una "gran irresponsabilidad dejar un vacío" durante el período hasta la celebración del comité regional previsto para el 9 de enero.
En ese comité, en el que participan 120 delegados, hay dos opciones: cubrir la vacante de la secretaría general con un candidato de consenso o nombrar a una gestora para convocar un congreso extraordinario. El plan de la dirección es elegir a un candidato de consenso para la secretaría general, ya que consideran que el equipo de trabajo actual es bueno y está imprimiendo cambios administrativos y estructurales, aunque es pronto para que se vean los resultados.
Ferrer ha minimizado la capacidad del sector crítico, que son una "pequeña minoría de exdirigentes que salieron en el congreso porque se entendió que no tenían capacidad sindical suficiente", y, además, ha añadido que cuando estaban en la ejecutiva "no hacían críticas". Asimismo, ha considerado que el secretario general de UGT, Cándido Méndez, ha tenido la postura correcta de velar por las organizaciones y ha opinado que no tiene que dimitir.
