El Lehendakari, Iñigo Urkullu, afirma que Euskadi cumplirá el Plan de ahorro energético aprobado por el Gobierno del Estado por Real Decreto Ley, aunque el Gobierno Vasco ya las estaba adoptando, y lamenta que no se hayan contrastado las sanciones. A su juicio, en esta cuestión, se podría haber hecho patente "la tan proclamada cogobernanza sin excluir, de inicio, la intervención normativa de las Comunidades".
Urkullu se refiere, a través de las redes sociales, a las medidas del Plan de ahorro energético aprobadas por el Gobierno del Estado mediante Real Decreto Ley, y reconoce, tal como ha advertido este Ejecutivo, que ello "les confiere un rango, sin duda, y han de ser cumplidas".
En todo caso, recuerda que el Gobierno Vasco adoptó las últimas medidas, dirigidas a los edificios de las administraciones vascas, en base a la Ley de Sostenibilidad Energética aprobada en 2019 en el Parlamento Vasco.
Asimismo, destaca que, tanto estas medidas como las planteadas como recomendaciones orientadas a la ciudadanía, fueron analizadas en la Comisión Interdepartamental del Gobierno Vasco celebrada el viernes 29 de julio, tras recibir y analizar las propuestas del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, así como de EVE e Ihobe.
El Lehendakari ha afirmado que "habría agradecido" que un Real Decreto Ley con medidas sancionadoras "hubiera tenido un ejercicio de contraste de las diversas realidades que reflejan todos los sectores afectados, así como el conocimiento de la reflexión y actuación homogénea por parte de la Unión Europea".
"Lo prioritario, en la necesidad de actuación global para la eficiencia energética y el ahorro en el consumo, lo cual supone un cambio en los hábitos y es una tarea a medio plazo, además de medidas realistas a corto plazo, es la pedagogía y concienciación social", ha subrayado.
En este sentido, asegura que Euskadi "lleva años apostando por una estrategia global para conseguir una mayor eficiencia y ahorro energético de sus edificios e instalaciones, más allá de estas medidas concretas que ahora se imponen".
"Las medidas adoptadas por el Gobierno español encuentran, sí, base competencial en la Constitución, pero más allá de esa opción, el Gobierno español podría haber tenido más en cuenta a las Comunidades Autónomas y no haber ampliado sus bases hasta los extremos exigidos en estas medidas, pudiendo haber compartido con las Comunidades, en coordinación con la Administración General del Estado, la definición de las medidas", reprocha.
Propuestas negociadas sin excluir a las comunidades
De esta forma, señala que "podría haber hecho patente, en este caso, la tan proclamada cogobernanza sin excluir, de inicio, la intervención normativa de las Comunidades en la propuesta de medidas".
"En definitiva, más que de encontrar título competencial y legitimidad, se trata también de dilucidar hasta dónde se extienden las bases, en una actuación que es ya característica del Gobierno Español", añade.
A pesar de ello, Iñigo Urkullu ha remarcado que, "tratándose de una cuestión sobre la que no cabe disputa ideológica, sino el reconocimiento de la realidad diferenciada, así como la capacidad de actuación demostrada por las instituciones vascas y la necesaria coordinación operativa", el Gobierno Vasco "atiende" la petición expresa de la Vicepresidenta Teresa Ribera de que "todos sumemos". "El Gobierno Vasco está sumando de manera responsable", ha concluido.
