El nuevo embajador de Francia, Jean-Michel Casa, ha recibido este jueves en Madrid a varios colectivos de víctimas de ETA. Algunas llegaban a la cita soliviantadas después del reciente acercamiento a una cárcel más próxima del País Vasco del exjefe de ETA Mikel Carrera Sarobe pese a su larga condena pendiente por tres asesinatos. Han exigido explicaciones a las autoridades galas y han pedido que sea el último caso.
Para ello, la mayoritaria AVT ha esgrimido la reciente sentencia del Tribunal de Estrasburgo, que avala la dispersión de etarras. En la reunión estaba presente el embajador y la juez de enlace de Francia en España. Se han disculpado por el hecho de que se tuvieran que enterar del acercamiento de Carrera Sarobe por la prensa, pero se han escudado en que existe una sentencia que obligaba a acercar a exdirigente etarra.
Existía malestar en las víctimas porque la citada sentencia es de noviembre y el embajador tomó posesión en abril. En todo este tiempo nadie les informó de nada. Además, hace año y medio el Ministerio de Justicia francés se comprometió con las víctimas a no acercar presos con largas condenas por cumplir y con delitos de sangre y según los datos con los que cuenta la AVT, Carrera Sarobe es el sexto con ese perfil que ha sido trasladado a centros penitenciarios del sur de Francia.
En España también hay cambio en la histórica política penitenciaria, pero se cumple la condición de no incluir a presos con delitos de sangre. La AVT ha pedido también que recurra la citada sentencia, si bien desde Francia admiten que existe la posibilidad de hayan expirado los plazos legalmente establecidos para ello.
Mismo caso, dos sentencias
La sentencia de Estrasburgo adelantada esta semana por Vozpópuli contradice los criterios de Francia para acercar al terrorista. Rechazó el recurso presentado por un terrorista preso en Badajoz. Se quejaba de tener a la familia muy lejos y el tribunal comunitario dice que la Justicia española actuó correctamente al no atender sus demandas. Esta resolución choca con la sentencia de la justicia francesa del pasado noviembre que sí accedió a acercar al exjefe de ETA Mikel Carrera, quien también se había quejado por tener lejos a sus allegados.
Carrera Sarobe, alias Ata, recurrió ante la justicia francesa su internamiento en una prisión del sur de París, a 900 kilómetros de su madre. Ahora está en la prisión de Lannemezan a 230 kilómetros del País Vasco en una decisión que ha causado un gran malestar entre las víctimas. El también terrorista Jorge Fraile recurrió en 2016 su reclusión en una cárcel de Badajoz, a 750 kilómetros del País Vasco, pero ni la administración, ni los tribunales españoles ni europeos le han dado la razón.
Fraile, de 49 años, cumple desde 1998 una condena de 25 años de cárcel por colaboración con ETA. Llevaba seis años en Badajoz cuando recurrió su estancia en ese lugar. Afirmó que el viaje de 700 kilómetros de Durango a Badajoz era difícil para su mujer y su hija de cinco años. Sus padres, que tenían una edad avanzada, no podían visitarlo en absoluto, decía.
Rechazo en España
En España, la decisión sobre dónde cumple la pena un preso es competencia de la administración y más concretamente del Ministerio del Interior a través de Instituciones Penitenciarias. Sin embargo, cabe la posibilidad de recurrir ante los jueces. Los argumentos del etarra Fraile fueron desestimados el mismo año por el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria en primera instancia y por la Audiencia Nacional en apelación.
Los tribunales españoles recordaron que la dispersión es un medio para cortar sus vínculos con la organización terrorista y evitar problemas de seguridad. Concentrar a los presos de ETA en ciertas prisiones había conducido en el pasado a que el grupo ejerciera el control sobre sus miembros en la prisión y a que el personal de la prisión se convirtiera en objetivo de sus amenazas. También tuvieron en cuenta que Fraile -actualmente en una cárcel de Cantabria- había sido sancionado en muchas ocasiones y seguía las instrucciones del grupo en prisión.
El Tribunal constitucional sostuvo en 2017 que el caso no revelaba ninguna apariencia de violación de los derechos invocados. Ahora el Tribunal de Estrasburgo da el visto bueno a la actuación de las autoridades españolas y considera que no se vulnera el derecho a una vida familiar.
