El comisario jubilado José Manuel Villarejo tenía información privilegiada del caso Lezo medio año antes de que comenzara a investigarse en la Fiscalía Anticorrupción. Así lo demuestra una anotación incluida en su agenda personal, con fecha de abril de 2015, que recoge datos clave del presunto pago de 1,4 millones de euros que se habría efectuado de unas cuentas de OHL en México en 2007 a otra en Suiza para adjudicarse el proyecto de construcción del tren que uniría las localidades de Navalcarnero y Móstoles.
Estos escritos personales, a los que ha podido acceder Vozpópuli, los incluyó en un post-it que guardó con fecha de marzo de 2015. En este papel el comisario inscribió el nombre de la entidad suiza Anglo Irish Bank, el número de cuenta al que irían destinadas las comisiones y, además, dos pagos determinados. Uno de 1,4 millones con fecha de septiembre de 2007 y otro de 80.000 euros asociado al año 2014. Se trata de una información que coincide con la que trabajó tiempo después la Fiscalía Anticorrupción en el marco del caso Lezo, que indaga irregularidades en el Canal de Isabel II y se centra en la figura de Ignacio González.
Según informó el Ministerio Público, la investigación por estos hechos arrancó en este órgano en octubre de 2015 y se judicializó un año después bajo la dirección del entonces titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco. Con todo, parte de estas pesquisas se acabaron desviando al caso Púnica; en concreto lo relativo al presunto abono total de 2,5 millones de dólares de OHL ante su relación con la presunta financiación irregular del PP madrileño. En el marco de este procedimiento declaró como imputado el expresidente de la constructora, Juan Miguel Villar Mir.
Aunque la Audiencia Nacional archivó la imputación de Villar Mir en la trama Púnica, la investigación por los pagos del tren de Navalcarnero siguió en el caso Lezo hasta el punto de concluirse y dejarla pendiente de enjuiciamiento. El propio Ignacio González -identificado como uno de los destinarios de los pagos para facilitar la adjudicación- ha señalado ya a Villarejo asegurando que podría estar detrás del origen de esta investigación. Según razona, la misma arrancó de una denuncia anónima interpuesta en la Fiscalía Anticorrupción en las mismas fechas en las que él transcribió estos datos en sus libretas.
Las agendas personales del comisario demuestran que tenía conocimiento de estos pagos antes incluso de que se comenzaran a indagar. Si bien, de acuerdo con sus manuscritos, su espionaje al expresidente de la Comunidad de Madrid arrancó años antes, en concreto, en enero de 2009. Ya entonces aparece un primer balance en sus cuadernos en el que se puede leer 'GRANAD contra IGNAC. Canal'. Se refiere el policía a la guerra abierta entonces en el Partido Popular de Madrid que presidía Esperanza Aguirre y en el marco de la cual se enfrentaron sus entonces consejeros, Francisco Granados, e Ignacio González.
"Que cuente cosas de Espe"
Desde entonces, se reflejan apuntes relacionados con Granados, de quien dice que está "muy agradecido por la gestión", sin especificar más detalles. Así lo escribió el 1 de marzo de 2011 en un balance en el que añadió: "Se ve que le preocupa el tema". Mismo mensaje de agradecimiento anotó en julio de ese año. En esa entrada, no obstante, aparecen los primeros visos de lo que mucho más tarde investigaría la Audiencia Nacional, como son las presuntas mordidas que los principales imputados del caso Lezo habrían desviado desde Colombia por los negocios del Canal de Isabel II.
"Nacho viajó a Colombia con personal de FM, con Ildefonso de Miguel (El Canal)", reza la nota en referencia al entonces gerente de la empresa pública de aguas y otro de los principales imputados de la causa. De hecho, en otra incluye más detalles relativos a ese traslado, tales como el hotel en el que se hospedó o la fecha del "28 de agosto-2 de septiembre" de 2008. Sus escritos coinciden con las fechas reales en las que González estuvo en el país sudamericano. El viaje fue grabado por un detective privado.
Los investigadores sospecharon de que el verdadero objetivo de esta visita sería blanquear las comisiones que se habrían repartido de pelotazos del Canal, como la compra por 21,4 millones de euros de la brasileña Emissao en 2013. Con todo, las anotaciones sobre Ignacio González (a quien también le espiaron por el caso del ático que poseía en Estepona) se vinculan, además de Granados, a Ignacio López del Hierro y a su mujer María Dolores de Cospedal, a quienes se refería con las siglas ILH y MDC. Según Villarejo, ambos estarían al corriente de este espionaje.
Así consta en una anotación de septiembre de 2012 que escribió junto con el nombre de Granados: "Muy preocupado por evolución IG. Dice que IG y Espe le llamaron para agradecer sus declaraciones. Cospe lo ratificó ayer tarde". De hecho, la expresidenta madrileña no es la única vez que sale en estos manuscritos. Ya en 2013 se relatan maniobras de aproximación a Ignacio González llegando a escribir en septiembre que había que "plantearle temas de apoyo a cambio de que cuente cosas de Espe". Así, consta como que se reunió en varias ocasiones con el exjefe de la UCAO Enrique García Castaño, alias 'El Gordo'.
"Muy tenso cuando se habló de los pagos"
A esta larga lista de confidentes sobre González, Villarejo añadió en septiembre de 2014 otro nombre, el de Javier López Madrid. De su encuentro con el exconsejero delegado de OHL obtuvo la impresión de que estaba especialmente preocupado. "Muy tenso cuando se habló de los pagos a Ildefonso el del Canal, para que luego se lo diera a IG". Cabe destacar que Anticorrupción le acusa de ser el artífice de esta mordida y de ordenar las transferencias a la cuenta en suiza de la sociedad Lauryn Group (asociada a Adrián de la Joya) para que fuera a parar a Ildefonso de Miguel.
A ello hay que añadir que, ya en agosto de 2015, apuntó dos nombres que se han convertido en claves para los investigadores del caso Lezo. Se trata de Cándido Cerón y Jesús Gil. Según anotó el agente encubierto "organizaron junto con Ildefonso de Miguel todos los pagos y comisiones para IG". El magistrado Joaquín Gadea ha accedido a incorporar esta cita en el procedimiento Lezo, tal y como se lo solicitó la UCO, al considerar que es esclarecedora para seguir investigando la parte relativa al blanqueo de capitales cometido con el reparto de las mordidas (pieza 5).
Una vez más la anotación de Villarejo coincide en el tiempo con los pagos que se giraron desde México a las cuentas suizas de Adrián de la Joya pero, también, con otras transferencias que levantaron las sospechas de la Policía Judicial porque se ordenaron casi a la vez que el desvío de las mordidas. Se trató en concreto de dos transferencias por importe de 700.000 euros que fueron a parar a una sociedad panameña de Ildefonso de Miguel. El importe salió de Hanalei Holdings, firma cuyas cuentas bancarias eran controladas por Jesús Gil y Cándido Cerón.
Pendientes de juicio
Con este hallazgo los investigadores refuerzan la teoría de que los pagos por la adjudicación del tren tenían que haber ido a parar a Ildefonso de Miguel. El propio De la Joya así lo explicó cuando declaró en sede judicial por estos hechos. Sin embargo, el empresario admitió que se acabó quedando el dinero porque OHL le adeudaba una importante cuantía de unos trabajos en África. López Madrid e Ignacio González siempre se desligaron de este asunto, pero las agendas personales de López Madrid incluía la anotación 'Darle instrucciones a Nacho', lo que estrechó el cerco en su posible implicación.
El expolítico popular, por su parte, asegura que se podía referir con ese nombre a Ignacio Palacios, exjefe de gabinete de Francisco Granados y considerado como su testaferro. Con todo, esta pieza tercera del caso Lezo está terminada y pendiente de enjuiciarse. El magistrado Manuel García Castellón abrió juicio oral contra todos ellos además de dos exdirectivos de OHL (Rafael Martín de Nicolás y Felicísimo Ramos) por los delitos de tráfico de influencias, cohecho y falsedad en documento mercantil.
Anticorrupción, por su parte, solicita seis años y medio de cárcel para López Madrid, Martín de Nicolás y Ramos; cuatro años para Ildefonso de Miguel e Ignacio González y tres años y medio para Adrián de la Joya. Además impuso multas que en el caso del exmandatario madrileño ascendían a los dos millones de euros. Los investigadores sostienen que las transferencias de OHL se realizaron en noviembre de 2007, esto es, dos meses después de las anotaciones que recogió Villarejo en sus agendas. No obstante concluyeron que no habían podido conocer las circunstancias concretas del reparto de estas comisiones.
