Los investigadores de la Policía Nacional han concluido que los casi 10,3 millones de euros que el BBVA abonó a la empresa del excomisario José Villarejo -Cenyt- por sus servicios permitieron a este realizar operaciones societarias a través de su grupo que, de otro modo, no habrían sido posibles.
Así lo advierten en el oficio, dirigido al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón y al que ha tenido acceso Efe, en el que desglosan todas las compras de participaciones en diversas mercantiles "cuya ejecución no habría sido posible" sin los fondos "abonados a Cenyt por BBVA".
Los investigadores se remiten a su informe de febrero de 2020, en el que cifraban en unos 10,3 millones de euros la cantidad abonada por el banco a la empresa de Villarejo como contraprestación a los proyectos desarrollados, los cuales son objeto de pesquisas en esta novena pieza separada sobre los negocios del excomisario.
Canalización de fondos
En aquel escrito se aludía a las principales partidas de canalización de los fondos, como son el pago de impuestos y tributos cargados directamente en la cuenta de recepción, el abono de gastos derivados de la propia actividad mercantil de la sociedad o del grupo Cenyt (arrendamientos, nóminas o domiciliaciones), o la compra de participaciones sociales.
Para la Policía Nacional, estas partidas, a las que acompañaban transferencias y traspasos y la emisión de cheques y talones, "suponían en sí el destino final de los fondos recibidos por Cenyt de BBVA".
En este nuevo oficio, se muestran además las operaciones ejecutadas con fondos ordenados desde cuentas de la propia Cenyt u otras sociedades bajo titularidad real de Villarejo y que "tienen su origen en los fondos satisfechos por el cliente BBVA".
Amortización de préstamos
Destacan así la compra de participaciones en sociedades como Eurosuisse o Riomar Costa, y la constitución y ampliación de capital de Premium Salud/Cenyt Salud -en la cual participó el socio del excomisario, Rafael Redondo-, entre otros.
Otra parte de los fondos del BBVA, se habría destinado, en cambio, a amortizar préstamos bancarios (unos 706.000 euros), e incluso habría sido cobrada en efectivo por Villarejo y su mujer mediante cheques.
No obstante, además de a empresas pertenecientes a la estructura del excomisario, la Policía observa "de manera recurrente" otras mercantiles de personas vinculadas a él como receptoras de dinero bajo conceptos relacionados con el pago de facturas o préstamos, como sucede con las sociedades de la pareja de Redondo y de la primera esposa de Villarejo.
La "operación Trampa" gira en torno a los supuestos servicios de espionaje a políticos, empresarios y periodistas que el banco encargó al excomisario desde 2004, cuando la constructora Sacyr inició un movimiento para tratar de tomar el control de la entidad que finalmente no tuvo éxito.
A mediados de 2019, el juez acordó la imputación del BBVA y de quien fuera su presidente Francisco González en un procedimiento en el que figuraban como investigados otros exdirectivos como el exjefe de seguridad Julio Corrochano, el ex consejero delegado Ángel Cano y el exresponsable de riesgos Antonio Béjar.
A ellos y a otros cargos se les investiga por presuntos delitos de cohecho activo y descubrimiento y revelación de secretos.
Con motivo del levantamiento del secreto de sumario, el juez consideró que los trabajos encargados supuestamente por BBVA a la empresa de Villarejo entre 2004 y 2017, supusieron una "reiterada injerencia" en los derechos de las personas "mediante el acceso a sus comunicaciones, seguimientos personales o el acceso a su documentación bancaria".
Argumentos que retomaron los fiscales en su último informe, en el que recordaban que, a tenor de los investigadores, la factura de los "múltiples" servicios prestados por Cenyt a BBVA ascendió a 10,2 millones de euros.
Nuevas declaraciones
Sobre estos hechos declararán el próximo 11 de marzo los cuatro policías recientemente imputados en la causa.
Entre ellos se encuentran un inspector jefe y un subinspector que ya habrían realizado otras consultas en los mismos ficheros policiales sobre personas objeto de seguimiento por la empresa del excomisario.
Esta práctica, explicaba el auto, se habría producido "en ejecución y desarrollo de otros proyectos contratados con diferentes clientes privados", objeto de pesquisas en otras piezas de la causa sobre los negocios de Villarejo.
Las consultas efectuadas datan de entre 2015 y 2016, e incluyen datos de filiación, domicilios, pasaportes, trámites, tarjetas e imágenes de una decena de personas, a los que habrían accedido los ahora investigados, destinados en la Comisaría General de Información.
Ese mismo día desfilará por el juzgado la responsable de seguridad física del BBVA, Inés Díaz Ochagavia, que desde 2019 figura como investigada.
