El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha asegurado ante el juez que investiga la denominada 'operación Cataluña' que el expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell "fue obviamente un objetivo" investigado en 2012, aunque ha precisado que él mismo advirtió entonces de que el empresario "no tenía nada que ver con el independentismo".
Villarejo ha comparecido este viernes, en calidad de investigado, ante el titular del Juzgado de Instrucción Número 13 de Madrid, en el marco del procedimiento que sigue a raíz de la querella que presentó Rosell contra el comisario y otros agentes de la Policía Nacional. El empresario les acusa de estar implicados en la presunta emisión y presentación de informes policiales "mendaces" que tuvieron como destinatario el Juzgado Central de Instrucción que acordó su prisión provisional durante dos años.
El juez ha citado a declarar al comisario jubilado después de escuchar al expresidente del Barça, que el pasado 10 de mayo ratificó su querella al tiempo que pidió al juez que llegase "hasta el fondo" de la investigación para "limpiar" España de "tramas político policiales".
A la salida del juzgado, en declaraciones a la prensa, Villarejo ha asegurado que ha respondido a las preguntas del juez instructor, de la Fiscalía, de su abogado y del resto de partes. "Ha quedado perfectamente clara toda la actuación mía", ha dicho en referencia a la denominada 'operación Cataluña'.
"Esto es una guerra de fútbol absoluta, donde intentaron engañarnos a algunos, presentándolo -a Rosell- como que era un independentista y fue obviamente un objetivo que sí se miró en el 2012, pero ya en mi nota de inteligencia quedó claro que este señor no tenía nada que ver con el independentismo", ha explicado el comisario.
Según Villarejo, la propia juez Carmen Lamela -quien estuvo a cargo de la investigación que se llevó a cabo sobre Rosell y su socio en la Audiencia Nacional por un presunto delito de blanqueo de capitales del que resultaron absueltos- fue engañada. "Yo creo que a la señora Lamela la engañaron, porque le dijeron que el señor Rosell era un peligro para la seguridad del Estado", ha apuntado.
El comisario ha insistido, como ya ha dicho en ocasiones anteriores, en que la juez "estaba en esa historia a cambio del Supremo". Así, ha reiterado su teoría de que la entonces magistrada de la Audiencia Nacional fue premiada con un traslado al alto tribunal por enviar a Rosell a prisión provisional. Por declaraciones como estas, la defensa del empresario catalán anunció hace un año que se querellaría contra Villarejo. Aún así, el exagente de la Policía ha señalado que no cree que Lamela "actuara de mala fe". "Simplemente que la engañaron sin más", ha incidido.
Al margen, Villarejo ha asegurado que le ha dado "gusto" participar en una investigación "normal y correcta" y no como la que dice 'sufrir' en la Audiencia Nacional, donde se le investiga en unas 40 piezas y se le ha juzgado ya en tres de ellas por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y descubrimiento y revelación de secretos.
"Estoy dispuesto a colaborar y facilitar, como he dicho, todo lo que sea para esclarecer las cosas. La catarsis ya la prometí en el 2021, cuando salí de prisión. Yo quiero que el sistema se corrija con todos los errores y todas las ilegalidades que algunos que se creen Estado han actuado", ha añadido.
Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que este mismo viernes, el juez también ha tomado declaración al exinspector Antonio Giménez Raso y al inspector de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) Alberto Estévez. Según las mismas fuentes, ambos han respondido a las preguntas de su abogado y del instructor.
Querella de Rosell
Estos interrogatorios tienen lugar después de que el pasado febrero el titular del Juzgado admitiera a trámite la querella en la que Rosell apunta a que Villarejo, Giménez Raso, Estévez y el agregado del FBI en la Embajada de Estados Unidos en Madrid Marc L. Varri estarían implicados en la emisión y presentación de informes policiales "mendaces" que tuvieron como destinatario el Juzgado Central de Instrucción que acordó la prisión provisional del empresario catalán durante dos años.
En la querella, a la que tuvo acceso Europa Press, se indica que "varios mandos del Cuerpo Nacional de Policía, miembros del Gobierno español y dirigentes del Partido Popular, entonces gobernante, con la inestimable ayuda de determinados periodistas y medios de comunicación, se concertaron para elaborar un plan contra dicho movimiento político, al que suele hacerse referencia con el nombre de 'operación Cataluña'".
Según apunta en el texto, se trataba fundamentalmente de "obtener información y confeccionar pruebas falsas que sirvieran para intimidar, investigar, imputar, perjudicar y desprestigiar a personas que, de una u otra manera, fuera cierto o no, se consideraban cercanas al citado movimiento -independentista-, ya se tratara de cargos políticos, personajes públicos, líderes sociales o empresarios".
El pasado 10 de mayo, cuando compareció Rosell ante el Juzgado, su abogado, Pau Molins, aseguró en declaraciones a la prensa que el juez le había pedido a su cliente una serie de "aclaraciones" sobre determinados querellados, en referencia a la senadora del PP Alicia Sánchez Camacho, a la juez Carmen Lamela y a varios fiscales mencionados en la querella. De acuerdo con la misma, el 6 de noviembre de 2012 tuvo lugar una reunión entre Villarejo y Sánchez Camacho, entonces presidenta del Partido Popular en Cataluña. "A lo largo de dicha conversación (...) Sánchez Camacho facilitó al comisario una auténtica 'lista negra' de personas que, a su juicio, debían ser investigadas y perseguidas policialmente por su relación con el independentismo. Entre tales personas se encontraba Sandro Rosell", indicó.
El letrado incidió en que Rosell estuvo en prisión por una trama que tenía por objetivo "la lucha contra el independentismo a través de las cloacas del Estado" y de la que el empresario "era absolutamente inconsciente". Al hilo, Molins recalcó que Rosell "siempre sospechó, estando en prisión, de que esta no era una cuestión jurídica" y subrayó que tuvo que "esperar casi seis años para averiguar cuál era la verdadera motivación que se escondía tras su imputación (...) que luego acabó en absolución".
