El pasado mes de octubre los agentes de Asuntos Internos registraron la celda de Estremera en la que entonces cumplía prisión provisional José Manuel Villarejo. El comisario jubilado estaba a punto de sumar tres años en el centro penitenciario y en todo ese tiempo había recopilado una cantidad considerable de documentos que guardan relación directa con la investigación que sigue la Audiencia Nacional por sus espionajes. Entre todo ese material los agentes encontraron una carpetilla morada compuesta por un total de 98 folios relacionados con la 'operación Cataluña'.
Así consta en el acta de entrada y registro, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, y en la que, junto con la descripción de esta carpeta incluyeron la anotación de 'atentados', sin aportar más detalles. Con todo, esta es solo una de las muchas evidencias que requisaron al comisario aquella mañana de 23 de octubre en el marco del operativo impulsado contra su mujer, Gemma Alcalá, el abogado Alfonso Pazos, y otros implicados en una presunta red de compraventa de documentos oficiales que se habría tejido desde la prisión y que se investiga en la pieza número 28 de la macrocausa.
Además de los documentos relativos a la 'operación Cataluña', los agentes encontraron anotaciones manuscritas de ese mes de octubre, varias carpetas que contenían un protocolo notarial, información sobre un estudio jurídico y un total de seis notas informativas. Estas últimas hacen alusión a actuaciones que Villarejo habría realizado en su condición, según apunta él, de agente de inteligencia. Las mismas aluden a operaciones impulsadas entre 2007 y 2015; dos años antes de su detención por esta causa en la que se investigan los encargos de espionaje que coordinó desde su entramado empresarial.
"Asunto plan independentista"
"Asunto plan independentista de Cataluña" es el título de uno de esos manuscritos en los que también reflexiona sobre viajes al extranjero (como Líbano) o la 'compra de voluntades'. Además, entre el material incautado aparece documentación sobre sus empresas (como préstamos participativos entre sus firmas o acuerdos de socios) y sobres de correspondencia con Alfonso Pazos. Éste último es el abogado con el que habría urdido la red de venta de documentos protegidos por la Ley de Secretos Oficiales tanto a implicados en esta causa como en otros procedimientos. Uno de los letrados con los que contactaron fue el del expresidente catalán Jordi Pujol.
De acuerdo con los audios que obran en el sumario de esta pieza, se le pidieron 11 millones de euros a cambio de esta documentación relativa a la 'operación Cataluña' que habría impulsado el Gobierno de Mariano Rajoy para frenar el avance del secesionismo catalán. Se da la circunstancia de que este es uno de los asuntos sobre los que el espía ha intentado pronunciarse en sede judicial. Tanto en los escritos que ha ido difundiendo en su tiempo en prisión como en comparecencias posteriores, Villarejo siempre ha apuntado que la operación existió, que fue legal y que él participó en los hechos.
Sin ir más lejos así se pronunció hace poco más de una semana durante su comparecencia en la comisión de investigación del Congreso por la trama Kitchen. Según dijo, se trató de un trabajo de inteligencia que le encargaron sus superiores policiales. En otras ocasiones ha dicho que se sentía "profundamente orgulloso" de haber participado en una misión que tenía por fin detectar la amenaza que suponía el independentismo catalán para el Estado. "Considero que las actuaciones que se hicieron durante años y muy especialmente a partir de 2012 para evitar la quiebra de la unidad nacional fue una de las pocas cosas dignas que hizo el presidente Rajoy", plasmó en uno de sus últimos escritos enviados desde prisión.
Asunto cerrado
Pese a ello, ni la Fiscalía Anticorrupción ni el magistrado han abierto una línea de investigación sobre estos hechos. Más bien al contrario, tras las evidencias aparecidas en la pieza relativa a la investigación ilegal a Luis Bárcenas, los investigadores decidieron apartar todo este material del procedimiento alegando dos motivos principalmente: porque no guarda relación con el hilo conductor de la causa por los encargos de su entramado privado, y porque se trata de material protegido por la Ley de Secretos Oficiales. Una condición que también otorgan a sus notas informativas.
El Ministerio Público entiende que estos manuscritos están afectos a la legislación de secretos oficiales porque "contienen datos concretos sobre fuentes o informaciones que pueden revelar aquellas, de los servicios policiales de información", recalcan. Con todo, el sumario de la pieza en la que se investiga un espionaje ilegal a Bárcenas recoge audios sobre reuniones que mantuvo Villarejo con personas próximas al clan Pujol en los años en los que se mantuvo abierta esta operación (2012-2016). Los mismos reflejan reuniones con el empresario Javier de la Rosa y con Victoria Álvarez, expareja de Jordi Pujol Ferrusola.
El objetivo fue captarles de confidentes para que informaran de los movimientos de los líderes secesionistas. De los audios se desprende que muchos de estos servicios se pagaron. De la Rosa incluso llegó a solicitar 20 millones de euros por su colaboración y les avanzó ya en los primeros encuentros que él mismo entregó maletas con millones dentro para los Pujol. Las grabaciones también demuestran que Villarejo trasladó esta información a sus superiores jerárquicos en la Policía Nacional.
