El comisario jubilado José Manuel Villarejo recibió pagos de 500.000 euros al año por investigar al presidente de Ausbanc, Luis Pineda, según consta en el sumario de la pieza nueve del caso Tándem, al que ha tenido acceso Vozpópuli de forma parcial. Así lo ha indicado el juez que instruye la causa en la Audiencia Nacional tras analizar los argumentos esgrimidos por el Ministerio Fiscal y la defensa del empresario.
"Dicha contratación habría tenido por objeto que Villarejo investigara a Luis Pineda a cambio de recibir del BBVA unos 500.000 euros anuales durante varios semestres, sin concretar fecha, mientras el citado Villarejo era funcionario policial", según consta en un auto al que ha tenido acceso este diario del 4 de diciembre de 2019 firmado por el magistrado instructor Manuel García Castellón.
En este escrito, el juez ha apuntado a la relación entre "directivos de la entidad BBVA no identificados" y Villarejo del que recuerda que era "funcionario en activo del CNP". El instructor ha avalado la tesis de la Fiscalía de que el polémico mando se valió "de sus relaciones con el jefe de seguridad de dicha entidad bancaria Julio Corrochano en cuanto a excompañero". Villarejo, según el magistrado, "habría utilizado su entramado empresarial para prestar servicios de inteligencia ilícita e incompatibles con su labor policial a cambio de elevadas sumas de dinero".
Contratos entre Villarejo y BBVA
Los investigadores cuentan en su poder con varios contratos suscritos entre Villarejo y el BBVA al menos entre 2004 y 2014. En ellos se ofrece información sobre las investigaciones encargadas al comisario, como por ejemplo el suscrito el 5 de febrero de 2010 "cuyo objeto es la prestación de servicios de rastreo y detección de bienes de cualquier tipo de Fernando Martín Álvarez". Se trata del empresario responsable de la constructora Martinsa.
Ese mismo día también se suscribió un contrato con los mismos fines en torno al empresario Luis Manuel Portillo Muñoz. Dos años después se firmó otro contrato para rastrear y detectar bienes "de cualquier tipo" del Grupo Prasa. Entre esta documentación hay varios documentos para prorrogar la relación entre ambas partes o el establecimiento de primas por el éxito de las investigaciones.
Consta un documento con fecha del 17 de febrero de 2014 por el cual "se acuerda la extinsión de la relación contractual entre el BBVA y Cenyt (empresa propiedad del comisario jubilado), dando por terminados los contratos" suscritos en 2010 y 2012.
Levantamiento del secreto de sumario
Este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha hecho referencia a "múltiples delitos de descubrimiento y revelación de secretos" presuntamente cometidos por BBVA. El escrito, en el que se acuerda el levantamiento del secreto de la pieza de BBVA, se ha dado a conocer 426 días después de que se abrieran las diligencias en las que hasta ahora han resultado imputados una decena de exdirectivos del banco. La lista incluye al expresidente de la entidad Francisco González; al ex consejero delegado Ángel Cano; y al ex jefe de seguridad Julio Corrochano.
En el escrito, al que ha tenido acceso Vozpópuli, el magistrado Manuel García Castellón ha acreditado que dichas contrataciones se llevaron a cabo "a cambio de elevadas sumas de dinero". En concreto, ha hecho referencia a 10.284.689 euros que BBVA presuntamente abonó en las cuentas de la mercantil Club Exclusivo de Negocios y Transacciones SL (Cenyt), propiedad del excomisario, para acceder a comunicaciones, "mediante seguimientos personales o mediante el acceso a su documentación bancaria".
Servicios de "carácter ilícito"
En el auto, firmado este lunes, el juez ha señalado que estas contrataciones -que se mantuvieron durante 13 años- habrían tenido por objeto el "desarrollo de múltiples servicios de inteligencia y/o de investigación de carácter patrimonial". Serían acuerdos de "carácter ilícito", al existir una incompatibilidad entre los encargos que Villarejo asumió a través de su compañía y su condición de funcionario policial en activo, lo que -tal y como ha indicado el juez- implica un presunto delito de cohecho pasivo.
Por estos "múltiples servicios de inteligencia" el magistrado acordó el pasado julio la imputación como persona jurídica de BBVA. La Fiscalía anticorrupción atribuye a la entidad financiera hechos que serían constitutivos de los delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios. Los investigadores del ministerio público sostienen que varios directivos y exempleados del banco recibieron dádivas del ex alto mando policial a cambio de contratarle.
