Reacción en el CGPJ a la intención del Gobierno de modificar la Ley para renovar el Tribunal Constitucional. Nueve vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han remitido una carta al presidente del órgano, Carlos Lesmes, en la que piden que se dé traslado a la Comisión Europea de esta nueva reforma legal que plantea el Ejecutivo y que implicaría que podrían recobrar otra vez la potestad para efectuar nombramientos pero únicamente los dos relativos al TC.
La misiva, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, recoge además su voluntad de que el Congreso de los Diputados recabe informe del CGPJ en relación con la proposición de Ley presentada por el grupo parlamentario socialista. El objetivo es manifestar la intención de que se recuperen "con plenitud" las atribuciones para efectuar todos los nombramientos discrecionales pendientes y no solo los relativos al Tribunal Constitucional.
Los vocales firmantes explican que la justificación que ofrece la proposición de ley es "contradictoria e incoherente" ya que tan órgano constitucional es el TC como los juzgados y tribunales de distintos órdenes que siguen sin poder renovarse precisamente porque el Ejecutivo impulsó una reforma legal en marzo del año pasado que impedía a estos vocales efectuar nombramientos estando en funciones.
"Hay que escuchar al CGPJ"
Se trata de la primera respuesta formal por parte de nueve de los 20 vocales del CGPJ que han solicitador por escrito a su presidente Carlos Lesmes que incorpore este asunto en el Pleno del próximo jueves 30 de junio. El objetivo es, por un lado, pedir al Congreso de los Diputados que tenga en cuenta su criterio antes de tramitar la Ley y, por otro, que se dé traslado de la misma a la Unión Europea; órgano este último que está especialmente pendiente de las negociaciones para renovar el CGPJ.
Al respecto recuerdan que, aunque el Congreso solo solicita informe del Pleno del CGPJ en relación a los anteproyectos de Ley del Gobierno, también se debe escuchar el criterio del Poder Judicial en lo que respecta a las leyes presentadas por los grupos parlamentarios en el Congreso. Se amparan en jurisprudencia del TJUE según la cual cuando la proposición de Ley se refiere a aspectos nucleares del estatuto de los miembros del Poder Judicial (como es el caso caso) debe tramitarse oyendo a todos los sectores implicados, lo que incluye al propio CGPJ.
"Una falta de respeto"
Los vocales firmantes (Wenceslao Olea, Nuria Abad, José Antonio Ballestero, Juan Martínez Moya, José María Macías, Juan Manuel Fernández, Francisco Gerardo, María Ángeles Carmona y Carmen Llombart) apuntan que la infracción de lo recogido en el Tratado de la Unión Europea podría derivar en una posible sanción. Además recuerdan que la propia Comisión Europea incluyó hasta en dos ocasiones en sus recomendaciones a España que escuche el criterio del CGPJ, aunque no sea una obligación legal.
Con todo, tras conocerse la pasada semana que el Gobierno trabajaba en este cambio legal, algunos de los vocales del CGPJ consultados por este medio explicaron que se trataba de una "falta de respeto" y que si recuperaba la potestad de nombramientos ésta debía ser absoluta. Cabe recordar que en la actualidad hay más de 60 nombramientos pendientes de acometer, entre Tribunal Supremo, Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales.
Nombramientos pendientes
Con todo, una de las peores partes se las lleva el Tribunal Supremo, donde en la actualidad suman 14 vacantes pendientes de renovar. El motivo reside en la reforma legal que sacó adelante el grupo parlamentario del PSOE, en connivencia con su socio de Gobierno, Unidas Podemos, para evitar que este CGPJ acometiera nombramientos ya que se encuentra en funciones desde finales de 2018.
Tanto es así que este mismo lunes la Sala de Gobierno del alto tribunal se ha dirigido al CGPJ para que transmita a las Cortes su "honda preocupación" porque la falta de renovación y la imposibilidad legal de realizar nombramientos está creando una situación insostenible en el alto tribunal. Fuentes del mismo consultadas por este medio explican que solo en la Sala de lo Contencioso hay ocho vacantes pendientes de ser nombradas. Le siguen tres en la Sala de lo Social, dos en lo Militar y una más en la Sala de lo Civil.
Sin embargo, el Ejecutivo solo pretende desbloquear la situación para que el CGPJ nombre a sus dos candidatos para el TC. El objetivo reside en que se quiere renovar con carácter de urgencia las cuatro plazas que acaban de caducar en el tribunal de garantías y entre las que se incluye la del presidente Pedro González-Trevijano. La Constitución estipula que, de estos cuatro miembros, dos los nombra el Ejecutivo y otros dos el CGPJ.
Aunque desde el Gobierno apuntaron en un primer momento que sí podrían acometer el nombramiento de sus dos candidatos independientemente del CGPJ, la Ley es clara al respecto y dice que solo se pueden renovar por tercios; es decir: si quiere hacer efectivo el nombramiento de sus dos propuestas, necesita que el CGPJ formule también las suyas.
Con esta renovación legal, que surge ante la ausencia de acuerdo entre PP y PSOE para renovar el CGPJ, se busca cambiar la inclinación del tribunal de garantías de una mayoría conservadora a una progresista en un momento en que tiene pendiente resolver sobre recursos a leyes clave como es el caso de la Ley del aborto que aprobó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
