Tres vocales de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) expresan en un voto particular que el órgano de gobierno de los jueces debió condenar "enérgicamente" la campaña de desprestigio denunciada por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón a raíz de solicitar al Tribunal Supremo que abra causa al vicepresidente Segundo del Gobierno, Pablo Iglesias. Añaden que se debió dar traslado a la Fiscalía del escrito en el que el magistrado pone en conocimiento de este órgano lo ocurrido "por si hubiera indicios de delito".
El documento, firmado por los vocales designados a propuesta del PP Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández y Juan Martínez Moya, al que ha tenido acceso Europa Press, defiende que el CGPJ debió de ir más allá de una mera toma de conocimiento del escrito del juez, al entender que lo ocurrido "constituye un ataque a la independencia judicial y cuestiona su autoridad".
No obstante, y pese a su petición, las consecuencias de esta toma de conocimiento de las amenazas se limitará por el momento a solicitar a la Policía, ante la que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha presentado denuncia, que le informe del resultado de las investigaciones sobre la campaña en redes sociales contra el magistrado.
Declaraciones de dirigentes políticos
Los vocales firmantes del documento consideran que, lejos de estar ante unas críticas a una actuación judicial en los medios de comunicación, que podrían considerarse amparadas por la libertad de expresión, lo denunciado por el titular del Juzgado de Instrucción número 6 tienen por objeto "intimidar al magistrado y desprestigiar al Poder Judicial en su conjunto, habiendo contribuido a su propagación las declaraciones de destacados dirigentes políticos".
A los dirigentes políticos, recuerdan, siendo libres de expresar sus opiniones críticas sobre las resoluciones judiciales o sobre el funcionamiento del órgano de gobierno de los jueces, "incumbe un deber de respeto hacia el Poder Judicial, por lo que no deben promover su deslegitimación y desprestigio, socavando la confianza de los ciudadanos en sus jueces".
Ante lo que consideran una situación "grave", los vocales consideran que la Comisión Permanente debería recordar que "la creación de una atmósfera negativa en torno al ejercicio de acciones legales" constituye un intento directo de interferencia en un procedimiento judicial según señala la propia jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), lo que es "inaceptable en un sistema basado en el Estado de Derecho".
Deber de discreción
"Los jueces y tribunales, como garantes de la justicia, cuyo papel es fundamental en el Estado de Derecho, deben gozar de la confianza pública, y por tanto deben ser protegidos de los ataques destructivos, ajenos por completo al ámbito de ejercicio de los derechos de crítica y libertad de expresión", continúa el voto. A ello se añaden, según recuerdan, que los jueces están sometidos a "un deber de discreción" que les impide replicar a dichas críticas.
Fuentes del CGPJ precisaron que no se ha procedido al inicio de ningún mecanismo de amparo al magistrado --regulado en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ)-- porque dicho amparo no ha sido solicitado por el juez, que se limitó a informar al CGPJ de lo ocurrido sin hacer ninguna petición expresa al respecto. Añaden además que una petición de amparo podría suponer problemas para la investigación, ya que el juez podría verse obligado a apartarse de la causa mientras dicho amparo se tramita.
Según el juez, dirigentes políticos vinculados al propio Gobierno de coalición, con la visibilidad propia del papel institucional que representan y la atención que reciben de los medios, le señalan de forma directa en las redes sociales "sabiendo la repercusión que sus palabras pueden tener, le colocan en una situación de absoluta indefensión y descrédito profesional".
Las amenazas, según señaló García-Castellón en su escrito al presidente del Consejo, Carlos Lesmes, comenzaron a raíz de conocerse el contenido de su exposición razonada al Supremo, en el que somete a consideración del alto tribunal la investigación del vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, y de la vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados, Gloria Elizo, --ambos aforados--, así como de otras cuatro personas. Pide concretamente que se investigue a Iglesias por los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, con agravante de género, daños informáticos y acusación o denuncia falsa y/o simulación del delito.
En esta pieza se indaga sobre robo del móvil de la exasesora de Podemos Dina Bousselham en 2015 y el posterior uso de los datos que contenía el mismo --hubo determinados archivos que aparecieron en el registro de la casa del comisario jubilado y en prisión preventiva José Manuel Villarejo--.
