Vocales del bloque conservador del Consejo General del Poder Judicial están dispuestos a llevar hasta el final su guerra contra el Gobierno por la ley que les prohíbe seguir nombrando jueces mientras estén en funciones. Según fuentes del órgano, varios de sus miembros pretenden presentar la semana que viene una propuesta para que sea el Tribunal Constitucional quien tenga la última palabra sobre este conflicto entre los distintos poderes del Estado.
Necesitan al menos cinco firmas, según las normas del órgano. Las fuentes consultadas sostienen que ya hay movimientos y algunos vocales comprometidos para pasar ese corte. Luego necesitan una mayoría del Pleno que les respalde. Este pulso lleva vigente desde hace meses. Los conservadores son todavía mayoría en este Consejo, que mantiene el reparto heredado de las victorias electorales del PP.
Generalmente, los vocales nombrados en su día por los populares se han mantenido firmes en la defensa de sus competencias para seguir nombrando jueces pese a su estado de interinidad desde finales de 2018. No obstante, el Pleno de este jueves también ha dado motivos para pensar que el enfrentamiento acusa ya cierto desgaste. Una cuestión mucho menos sensible que el conflicto de atribuciones no ha logrado los apoyos suficientes para ser aprobada.
Yo estoy dispuesto a apoyar que al menos se discuta, pero luego hay que estudiarlo bien. No se plantea desde la década de los ochenta
Se trata de la iniciativa que planteaba pedir la colaboración a la Red Europea de Consejos de Justicia para que examine y se pronuncie sobre la reforma plasmada en la Ley 4/2021. Esta idea ha sido rechazada por 12 votos a ocho. Quienes querían que se llevase a cabo han sido los vocales Ángeles Carmona, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, Carmen Llombart y Juan Martínez Moya. Tan solo ha logrado sumar tres votos.
Las fuentes consultadas afirman que este grupo es el mismo que está promoviendo el conflicto de atribuciones. Ese era otro de los puntos que se discutieron en el Pleno. Tras el debate, el Consejo se ha abierto a discutirlo en un Pleno extraordinario en caso de que se presente esa propuesta con cinco firmas. Para esto los tiempos son importantes. El viernes 30 acaba el plazo para activar esta vía una vez aprobada la Ley. Por eso las fuentes consultadas indican que la propuesta tendría que llegar como tarde entre el martes y el miércoles para que dé tiempo a convocar el cónclave.
“Yo estoy dispuesto a apoyar que al menos se discuta, pero luego hay que estudiarlo bien. No se plantea desde la década de los ochenta”, comenta a Vozpópuli uno de los vocales conservadores. Dice que como él, también lo apoyarán otros compañeros. Otras voces tienen más dudas. Consideran que no se ha dado un caso de apropiación de atribuciones ya que la Ley aprobada en el Congreso tan solo les prohíbe seguir designando jueces, pero no se ha arrogado esa labor. “Votaré en contra, no hay base ninguna”, aclara un vocal designado en su día por el PSOE.
Esta reforma fue la medida alternativa que sacó adelante el Congreso una vez que el Ejecutivo congeló su plan inicial que pasaba por rebajar los apoyos parlamentarios necesarios para reformar el Consejo. De ese modo no necesitaría pactar con el PP, al que el Gobierno acusa de bloquear la situación. Finalmente, el Gobierno ha retirado de forma definitiva esa iniciativa tras las críticas de las instituciones europeas y la carrera judicial, incluido el CGPJ.
El conflicto de atribuciones
La Ley reserva al presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, la posibilidad de plantear un conflicto de competencias en virtud del artículo 73 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Da respuesta a los casos en los que alguno de los poderes del Estado considere que se están invadiendo sus competencias. En ese caso, Lesmes tendría que presentar un escrito en el que “se especificarán los preceptos que considera vulnerados y formulará las alegaciones que estime oportunas. A este escrito acompañará una certificación de los antecedentes que repute necesarios”, según los expertos constitucionalistas consultados.
Desde el Consejo admiten que esta posibilidad existe y que de hecho ya se empleó en 1985 cuando la tramitación de la Ley Orgánica del Poder Judicial arrebató a los jueces la competencia exclusiva de elegir a sus representantes. En aquella ocasión, el Tribunal Constitucional rechazó el conflicto de competencias estableciendo el criterio de que el Congreso tiene la capacidad de legislar y eso no supone vulnerar las competencias del Poder Judicial.
El PP y el PSOE habían retomado sus negociaciones para renovar el Consejo, que estaban muy avanzadas según fuentes conocedoras de las conversaciones. Las elecciones en Cataluña y el adelanto de los comicios en Madrid volvieron a paralizar el acuerdo. Tanto populares como socialistas ya avanzan que se retomarán una vez que hablen las urnas.
