El mayorista de vehículos Seat en Polonia, Iberia Motor Company S.A. (IMC), se ha querellado contra Volkswagen, al que reclama 45 millones de euros por la venta de 2.487 vehículos con el motor trucado para simular menores emisiones contaminantes. La querella relata como la mencionada firma suscribió en julio de 2005 un contrato de mayorista de vehículos Seat para su distribución en el citado país, donde la empresa tiene radicada su sede social. El contrato era uno más de los que la compañía automovilística firmó entonces para la venta de nuevos vehículos en el espacio económico europeo con un grupo seleccionado de mayoristas que, a su vez, distribuyen los coches entre los concesionarios autorizados por Seat.
“El control sobre el todo y la garantía de calidad y demás estaba bajo el dominio y control absoluto de Seat, limitándose IMC a distribuir en el mercado polaco los vehículos que le eran a tal efecto suministrados y que, según se acreditaba, cumplían de manera rigurosa con todos los estándares legalmente establecidos”, dice la querella, en la que la demandante señala que “ni por asomo podía tener siquiera la más leve sospecha de que ella era víctima del fraude deliberadamente tramado y ejecutado por el Grupo Volkswagen durante años”.
El fraude consistía en el trucaje de los motores mediante la manipulación de un programa informático para que el vehículo reconociera cuando no está en carretera, sino en un banco de pruebas, y redujera sus emisiones contaminantes para adaptarse a la normativa medioambiental.
Iberia Motor Company distribuyó 2.487 vehículos trucados en el mercado polaco
IMC sostiene que cuando trascendieron las irregularidades se dirigió a Seat por carta el pasado 14 de octubre para que determinara los vehículos adquiridos que habían sido objeto de la mencionada manipulación, sin que la compañía automovilista contestara a sus requerimientos. Pese a ello, la IMC concreta en su querella que fueron 2.487 los vehículos trucados que adquirió y reclama 35 millones de euros en concepto de indemnización por daños y perjuicios, que eleva a 45 millones para pagar intereses y costas del proceso.
Los demandantes acusan al Grupo Volkswagen de un delito continuado de estafa, de otro de falsedad continuada en documento mercantil, de otro adicional de fraude de subvenciones, de publicidad engañosa y, por último, del delito contra el medio ambiente.
La causa contra el Grupo Volkswagen se inició el pasado 27 de octubre del año pasado cuando el magistrado Ismael Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional, aceptó las querellas presentadas por el sindicato Manos Limpias, la Asociación Internacional Antifraude para la Defensa de Afectados por motores Volkswagen y la Asociación de Perjudicados por Entidades Financieras, a las que desde entonces se han sumado un centenar de compradores particulares.
Los afectados reclaman la devolución del precio de los coches adquiridos alegando nulidad contractual, el mismo motivo alegado en las demandas contra la banca por las participaciones preferentes y deuda subordinada, ya que los vehículos fueron vendidos desde la premisa de que cumplían con toda la normativa vigente, cosa que se ha demostrado falsa.
