El PP no incluye en su programa electoral revocar el voto rogado que se exige desde 2011 a los españoles que viven en el extranjero, cuestionado incluso por organizaciones territoriales del partido como la gallega, y lo único que promete es "mejorar" el procedimiento vigente. La reforma electoral de 2011 que aprobaron PP, PSOE y los nacionalistas de CiU y PNV implantó lo que se conoce como 'voto rogado' que obliga a los inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) a pedir el voto con antelación y luego ejercerlo sea por correo o personalmente en las embajadas y consulados.
Esa exigencia del 'voto rogado', pensada para evitar fraudes en el voto emigrante, ha provocado una caída de la participación electoral desde el extranjero, que en generales bajó del 35 al 5% en noviembre de 2011. En ese contexto, la ley del voto rogado, contestada en su momento por Izquierda Plural, UPyD, CC y BNG, ha ido perdiendo partidarios y varios de sus propios promotores, como el PSOE, CiU y algunas organizaciones territoriales del PP, han pedido su rectificación, al menos ante la opinión pública.
Plataforma de juristas
Recientemente un grupo de juristas ha decidido constituirse en plataforma para defender el derecho al voto de los españoles residentes en el extranjero, bajo el nombre de DosMillonesDeVotos, por los inscritos en el censo fuera de España. Entre otras cosas, se quejan de la incapacidad del Congreso para arreglar esta situación alumbrando una legislación que "facilite en lugar de obstaculizar" el derecho al voto desde el exterior.
Y eso que la Cámara Baja ha tenido en sus manos esa oportunidad de modificar el voto rogado, pues tuvo sobre la mesa una proposición de ley del Parlamento gallego para revocar la reforma de 2011, que salió de Santiago con el voto a favor del propio PP. La iniciativa fue tomada en consideración en marzo de 2014, también con los votos de Grupo Popular, pero ha acabado caducando tras más de un año con sucesivas prórrogas del plazo de enmiendas.
La propia Junta Electoral Central (JEC) ha reconocido que existen "dificultades" para el ejercicio del derecho de voto desde el extranjero
La propia Junta Electoral Central (JEC) ha reconocido que existen "dificultades" para el ejercicio del derecho de voto desde el extranjero, ya que la viabilidad de la recepción del voto emitido por los emigrantes en plazo para poder ser escrutado por las Juntas Electorales competentes depende de servicios ajenos al ámbito de competencia de las autoridades españolas", pues influyen asuntos como los servicios de correos de los países de residencia o la distancia del elector con las representaciones diplomáticas españolas.
El organismo arbitral da a entender que, mientras que no se modifique la ley, tiene las manos atadas. "En tanto no se lleve a cabo la oportuna reforma legislativa, la función de la Administración electoral debe ceñirse a su aplicación, procurando que se lleve a cabo con la máxima diligencia y eficacia posibles", indica. En su programa electoral, recogido por Europa Press, el PP no habla de revocar el 'voto rogado', sino que se compromete a "favorecer la participación electoral de los españoles residentes en el exterior (voto CERA) mejorando el procedimiento actual".
Propuesta de UPN revocada por el PP
En otro punto del programa, el PP habla de modificaciones en el ley electoral "destinadas a una adaptación de la norma a la nueva realidad social", y en concreto promete "reducir la duración de la campaña y, con ello, los gastos electorales". Precisamente este asunto se ha debatido varias veces en el Pleno del Congreso en la legislatura ahora terminadam, y lo ha llevado el diputado de Unión del Pueblo Navarro, Carlos Salvador, quien pidió en una proposición de ley que se debatió en octubre de 2012, en vísoeras de las elecciones gallegas y vascas, reducir a una semana las campañas electorales.
No obstante, fue el PP con su mayoría absoluta quien rechazó la iniciativa, pese a que Salvador justificó su propuesta en la necesidad de ahorrar dado que las campañas electorales de siete días supondrían una reducción "relevante" de los gastos electorales.
