La banca es uno de esos sectores, probablemente junto a los de alimentación, educación, sanitario o transporte, que son esenciales para la marcha de cualquier país. Es un actor fundamental para gestionar el flujo del dinero y proporcionar estabilidad financiera en la economía. En otras palabras, sin bancos no habría obra pública o privada, ni emprendedores, ni consumo, ni compra de viviendas.
Esa condición de “indispensable” y de sentido de servicio público de la que hace gala el sector hace que su carga de responsabilidad sea elevada y le obliga a estar en permanente estado de reinvención. De reinvención y de escrutinio público también, ya que cualquier vaivén en la economía tiene un reflejo casi inmediato en el bolsillo de los ciudadanos.
El último de esos movimientos ha venido provocado por las medidas tomadas por el Banco Central Europeo, en forma de aumento de los tipos de interés para contrarrestar la subida galopante de la inflación en la eurozona. Unas subidas generalizadas que han tenido un efecto directo en la hipotecas, lo que, según el Banco de España, podría provocar que un 14% de las familias españolas tengan dificultades para hacer frente a su préstamo hipotecario.
La banca es un actor fundamental para gestionar el flujo del dinero y proporcionar estabilidad financiera en la economía
Esta situación ha llevado al Gobierno y a la banca española a firmar un protocolo de ayuda a las familias hipotecadas que actualiza y amplía el ya existente Código de Buenas Prácticas. A pesar de que estas medidas tendrán un impacto importante en las provisiones y capital de las entidades que se han adherido al acuerdo, las entidades financieras han entendido que el actual contexto económico puede poner en dificultades a determinadas familias y colectivos y era necesario plantear nuevas soluciones y medidas de alivio.
Como se ha puesto de manifiesto en este caso, o hace unos meses ante las demandas de las personas mayores para que la digitalización de los servicios bancarios no les excluyera del acceso a los mismos, la banca siempre tiene la mano tendida y las antenas desplegadas ante las necesidades ciudadanas.
Sin embargo, esta constante voluntad de ayuda y de servicio que caracteriza a la banca no siempre es percibida por todos. De ahí que en el actual contexto se haya aprobado un impuesto a los bancos que amenaza con dañar la capacidad del sector para apoyar el crecimiento económico y la creación de empleos a través de más crédito.
Un sector indispensable
Según datos del Banco de España, el peso de las actividades financieras y de seguros en el PIB en España en 2020 fue del 4,1%. Otro dato que viene a constatar el papel relevante de los bancos como catalizador de la actividad económica y social del país hace referencia a las hipotecas. Según cifras del INI conocidas esta misma semana, el número de hipotecas constituidas sobre viviendas en España sigue creciendo, situándose en 44.119 en septiembre, la mayor cifra en este mes desde 2010.
En definitiva, los bancos aportan seguridad, capacidad de ahorro y financiación a la ciudadanía y al tejido empresarial. Facilitan el acceso a bienes y servicios, propician el comercio, son un aliado fundamental a la hora de gestionar ayudas como las de los Fondos Europeos y estimulan el crecimiento empresarial y el emprendimiento con líneas de crédito, préstamos, seguros y una infinidad de servicios adicionales.
Momentos clave
El sector ha atravesado situaciones delicadas en los últimos años, lo que ha podido perjudicar en cierta forma su imagen pública. La crisis financiera internacional de 2008 dejó tras de sí un proceso de reestructuración del sector financiero que, en el caso de algunas entidades, requirió de fondos públicos para salvaguardar los ahorros de sus depositantes. Aquel episodio ha dejado en el imaginario colectivo la falsa creencia de que “la banca fue rescatada”, algo que no es del todo correcto.
Los bancos aportan seguridad, capacidad de ahorro y financiación a la ciudadanía y al tejido empresarial
De hecho, los bancos participaron activamente en el proceso de saneamiento de las entidades en problemas, en su mayoría cajas de ahorros, aportando a través del Fondo de Garantía de Depósitos 23.164 millones de euros para la constitución del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), recapitalizaciones (CCM, CAM y UNNIM), garantías y pérdidas en la venta de NCG (lo que hoy es ABANCA) y Catalunya Bank. Además, aportaron otros 2.600 millones de euros de capital a la Sareb, el conocido como “banco malo”, al que se transfirieron activos de las entidades con problemas en la crisis anterior.
Entonces, como ahora, la banca estuvo a la altura de las circunstancias en aquellos momentos críticos, trabajando al lado de la administración, reguladores y, sobre todo, de la ciudadanía en la persecución del bien común. Una filosofía que quedó patente durante la pandemia, con el despliegue en tiempo récord de líneas de crédito avaladas por el ICO que ayudaron a miles de empresas y autónomos a continuar con su actividad ante una crisis extraordinaria y de consecuencias impredecibles.
Tras el Covid llegó la Guerra de Ucrania, otro 'cisne negro' que ha contribuido a disparar los precios y generar inestabilidad e incertidumbre en Europa. Nuevamente los bancos han aportado sus capacidades, red logística y apoyo financiero para ayudar en esta crisis humanitaria, como lo están haciendo ante otros retos globales tales como el cambio climático, el desafío demográfico o la diversidad e inclusión.
Una dimensión no financiera de la banca española que invita a pensar en un sector que, al margen de sus lógicos y legítimos intereses comerciales, hace años que comprendió que no puede haber beneficio económico sin beneficio para la sociedad de la que es un pilar fundamental.
