La hora de la verdad llega para el primer ministro francés, Michel Barnier. El próximo martes presentará antes los diputados su plan de gobierno, con una moción de censura ya prevista por la izquierda, las advertencias de los macronistas y la vigilancia del partido de Marine Le Pen, el único indispensable en la Asamblea para tumbarle en una votación.
Los franceses van a poder conocer, por fin, las prioridades del nuevo jefe del ejecutivo incluidas en la llamada “Declaración de política general”. Poder adquisitivo, inseguridad e inmigración son los capítulos más esperados, más de tres meses después de las elecciones legislativas y 8 días de vida del nuevo gabinete.
Ha bastado una semana desde la composición del gobierno para dejar claro el calvario que le espera al negociador europeo del Brexit. No solo la izquierda - que le considera ilegítimo y reclama el puesto - ha preparado un recibimiento con moción de censura “avant la page”, algunos de los componentes del bloque de centroderecha que le ha encumbrado, no ha dejado de lanzarle exhortaciones sobre lo que debe y, sobre todo, lo que no debe hacer. Por su parte, la formación de Le Pen, “Reagrupamiento Nacional” (RN), prefiere esperar el discurso programático de Barnier antes de abstenerse o bajar el pulgar en la secuencia de circo romano que se inicia el martes.
Presionado por el presidente Emmanuel Macron y su propio partido (“Los Republicanos”) a la hora de componer su gabinete, Barnier ha debido hacer de profesor de escuela, policía y juez entre los miembros de su equipo de gobierno. Si la primera consigna a sus ministros fue “actuar, hablar poco y hacer equipo”, puede decirse que no ha sido escuchado. Integrado por políticos poco conocidos del público, los titulares de algunos ministerios no han refrenado sus ganas de opinar, deslumbrados por el foco de unos medios de comunicación hambrientos de pistas sobre el futuro.
Cacofonía dentro del gobierno
Así, Barnier se convirtió el director de una orquesta cacofónica, con una batuta que le hubiera gustado romper en la cabeza de algunos. El responsable de Economía, Finanzas e Industria, el macronista Antoine Armand, protagonizó la obertura del desconcierto cuando afirmó en una conocida emisora pública de izquierda que su puerta estaba abierta para todos los partidos políticos menos para el de Marine Le Pen, al que no considera “miembro del arco republicano”.
Barnier, consciente de que su permanencia en el cargo depende del voto de RN, llamó directamente a Le Pen después de abroncar a su ministro que, desde entonces, no abre la boca – literalmente – cuando le asedian los micrófonos. Más tarde, tuvo que enviar un comunicado en el que firmaba su propósito de enmienda.
La metedura de pata de Armand, miembro del partido presidencial “Juntos por la República” (“Ensemble pour la Republique” - EPR), presidido por el exprimer ministro, Gabriel Attal, sorprendió a todos, pues hasta ese momento, incluso RN le considerada como “diputado contacto”, de los pocos que saludan y hablan con los parlamentarios elegidos por once millones de franceses.
Armand, que se declaraba hace meses “ecologista de derechas”, también sorprendió cuando después de elogiar a su predecesor, Bruno Le Maire, campeón de los déficits de Francia, alertó sobre la mala salud de las cuentas del Estado. En todo caso, promete no ser “el ministro de la confiscación fiscal”, entrando así en otro de los capítulos que más teme lo que queda de clase media francesa y, con el mismo pavor, los pequeños y medianos empresarios.
Récord de déficits y deuda: subida de impuestos
Michel Barnier ha sido hasta el momento poco claro con sus planes sobre impuestos. El domingo pasado, en declaraciones a la televisión pública, aseguró que para cerrar los presupuestos de 2025 - dentro de dos semanas - quizá “sean necesarios impuestos y tasas”, pero que no recaerían en el conjunto de los franceses, sino solo “entre los más acomodados y las grandes empresas”.
El nuevo “premier” definió hace pocos días la situación económica de Francia como “muy grave”, lo que los macronistas entendieron también como una ofensa a su gestión, pero que los datos oficiales demuestran como absolutamente cierto: obtiene préstamos a un precio más elevado que Portugal, tiene una deuda de 3,2 billones de euros, es decir, un 112% del PIB y paga cada año 50.000 millones en intereses, pero la cifra podría subir hasta los 83.000 en 2027, según el Tribunal de Cuentas; el año próximo estará obligada a pedir préstamos por 300.000 millones de euros. El déficit público es del 6,2% del PIB; tercera en endeudamiento en la UE, tras Grecia e Italia, pero campeona continental en aplicación de impuestos y cotizaciones sociales: 48% del PIB. Unas cifras de espanto, a la espera de la próxima visita de las agencias de notación internacionales.
En esa tesitura, Barnier no podrá elegir entre subir impuestos o sacar el hacha para frenar el gasto público; hará las dos cosas si se tiene en cuenta, además, el aporte necesario para rescatar a la sanidad y la escuela pública. Los macronistas, la derecha tradicional y el RN ya le han advertido: nada de subir impuestos; para Le Pen es, incluso, un casus belli, hoy mejor “casus censurae”. La izquierda, por supuesto, quiere hacer pagar a “los ricos” y a las grandes empresas. Al final muchos temen que no se van a salvar más que los que ya están exentos de contribuir al fisco, un 51% de la población.
“Los franceses tienen el sentimiento de que el Estado, en crisis después de 50 años por sus finanzas públicas, es también incapaz de controlar las fronteras y que sus ciudadanos se sientan seguros. ¿Y la única respuesta sería aumentar los impuestos?” Quien así se expresa es Dominic Reynié, Director General de Fondapol, un gabinete de estudios (Think Tank) que se define “liberal, progresista y europeo”.
Inseguridad, alarma nacional
Porque, además del poder adquisitivo, lo que más preocupa en estos momentos a los franceses es la inseguridad, que relacionan sin complejos con la masiva e imparable inmigración ilegal como hace, por cierto, la inmensa mayoría de los políticos, incluido Macron.
El presidente, siguiendo una política que aplica desde el inicio de su mandato, también ha conseguido que en el nuevo gobierno las carteras de Interior y de Justicia estén representadas por personalidades ideológicamente antagónicas. Si en el anterior gabinete el responsable de Interior provenía de la derecha sarkozysta y el de Justicia era tan comprensivo con los delincuentes que su nombramiento fue recibido con aplausos en las prisiones, en el recién nombrado gabinete se repite la historia, incluso de forma más evidente.
EL nuevo responsable de la seguridad y de las fuerzas policiales, Bruno Retailleau, es un senador de “los Republicanos” conocido por sus posiciones exigentes con respecto a la inmigración clandestina y la represión de la delincuencia. Frente a él, como defensor de la aplicación de la Justicia, aceptó el cargo el exdiputado socialista, Didier Migaud, que hace tiempo dejó de ser diputado, pero nunca ha renunciado al socialismo, según él mismo dice. Es hoy el único ministro de izquierdas.
Retailleau anunció desde el primer segundo que busca una “política de ruptura” en el apartado de la inmigración, con medidas como la reducción drástica de los flujos, recuperar el delito de estancia clandestina (abolido por el socialista François Hollande) o limitar la ayuda médica a los extranjeros sin papeles, entre otras.
Retailleau y Migaud comenzaron las hostilidades nada más ser nombrados. El ministro de Justicia advirtió a su “rival” que “la Justicia era independiente” y aseguró que “en Francia la Justicia no es laxa”. La conmoción causada en Francia por el asesinato de una joven francesa de 19 años a manos de un marroquí con orden de expulsión - tras haber pasado cinco años en prisión por una violación – propició nuevos intercambios verbales entre los dos colegas.
Asesinato de Philipinne, un fracaso del Estado
La emoción que experimentan la mayoría de los franceses por el asesinato de Philipinne Le Noir de Carlan y los disfuncionamientos que propiciaron la liberación del asesino, Taha Ualidat, ha obligado a Migaud a rebajar sus humos y admitir la posibilidad “de hacer evolucionar el arsenal jurídico” para evitar lo que definió como una “tragedia” y que provoca “un sentimiento de fracaso”. Al mismo tiempo, y para no ceder en todo, Migaud advierte que “no se puede legislar bajo los efectos de la emoción y se negó a comentar el periplo del delincuente Ualidat.
Desde Canadá, donde se encontraba en visita oficial, Macron denunció “un crimen odioso y atroz”, subrayó “la emoción de toda la nación” y exhortó al gobierno a “proteger mejor a los franceses, hacer, hacer y hablar menos”. Una coz verbal a su nuevo primer ministro, que en su toma de posesión ya hizo saber que prefería actuar antes que comunicar, en referencia al macronismo.
Emmanuel Macron ha mantenido desde 2017 una actitud ambigua sobre la inmigración ilegal, cuyas cifras han batido récords durante sus siete años de mandato. Solo el pasado año, y por necesidad política coyuntural, propuso a la derecha una ley que después fue descafeinada por el Consejo Constitucional, azuzado precisamente por el propio inquilino del Elíseo.
Como es habitual, los representantes de la extrema izquierda denuncian “la recuperación política por parte de la extrema derecha”. Para ellos, el asesinato de Philipinne es un feminicidio más porque “ha sido asesinada solo por ser una mujer”.
La ceremonia fúnebre de la última víctima de un extranjero con orden de expulsión desbordó el viernes la capacidad de la catedral San Luis, en Versalles, y mereció una atención espectacular de los medios de comunicación, con todas las televisiones “todonoticias” en directo durante casi dos horas. Era la última evidencia del hartazgo y la ira de una mayoría de franceses frente la inmigración ilegal, la inseguridad y el fracaso de un Estado que consideran incapaz de proteger a sus ciudadanos.
Líneas rojas macronistas a Barnier
Los múltiples asesinatos y agresiones sexuales de las que son culpables individuos que permanecen en Francia ilegalmente - por la incapacidad de la Administración para enviarlos a sus países de origen - es un fracaso del propio Emmanuel Macron, que en 2017 prometió expulsar al 100% de los llamados OQTF, acrónimo para definir a las personas con orden de expulsión (“Obligación de abandonar el territorio francés”). Desde 2020, tras el periodo del Covid, la tasa de ejecución de las OQTF es del 7% al año, según cifras del organismo que se ocupa de censarlos.
Que el Estado no es capaz de proteger a sus ciudadanos se ha demostrado también esta semana en un barrio de la ciudad de Grenoble, donde las autoridades locales han pedido a los habitantes de un edificio entero abandonar sus hogares por la incapacidad de expulsar a los delincuentes que han tomado el control de la mayoría los pisos para desarrollar su tráfico de drogas. Okupas talla XXL, con una tropa compuesta en buena parte de “menas”, armados con Kaláshnikov y cuyos capos, en su mayoría marroquíes, residen en Dubai.
Frente al posible endurecimiento que pretende aplicar para controlar la inmigración y frenar la inseguridad, Michel Barnier no solo tendrá en contra a las formaciones de izquierda integradas en el Nuevo Frente Popular (“La Francia Insumisa”, socialistas, comunistas y ecologistas), si no que contará además con la oposición de ala izquierda del partido macronista, EPR. El propio Gaabriel Attal ha trazado también líneas rojas a su sucesor en el cargo en asuntos como el matrimonio homosexual, la ley de interrupción del embarazo (aborto) o la asistencia médica a la procreación (alquiler de útero), asuntos que Barnier nunca ha mencionado.
La inquina de algunos militantes del partido presidencial con Barnier les lleva a decir que “van a trabajar con la derecha pero no son de derechas”. La nueva ministra de Ecología, Agnes Pannier-Runacher, anuncia que habrá fricciones entre las distintas posiciones ideológicas de los ministros: “va a ser difícil y complicado”, asegura. Un representante del macronismo de izquierda, Sacha Houlié, va más allá en pleno rodaje del nuevo gobierno: “Barnier sólo tiene una cosa en la cabeza y es decir que hemos sido unos amateurs durante siete años y que es la hora del retorno de los profesionales de la política, de la buena y vieja derecha conservadora que sabe gestionar”.
Con aliados poco fiables en el gabinete como los macronistas y el rechazo radical de la izquierda, Michel Barnier, por si fuera poco, está condenado a presentar un plan de gobierno que no desborde el umbral de tolerancia de Marine Le Pen, cuyo partido es clave para la continuidad del gobierno. Por ello, su examen oral del martes será un ejercicio de funambulismo una semana antes de otra prueba de fuego: la presentación de los presupuestos de 2025.
